La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado abrir una causa contra la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs Castanyer, por cuatro delitos de corrupción al favorecer supuestamente a un amigo suyo con contratos públicos cuando dirigía el Instituto de las Letras Catalanas (ILC) y que acaba de ser condenado por narcotráfico.

La diputada Borràs será investigada por fraccionar servicios en 18 contratos por valor de 259.283 euros en favor de Isaías Herrero Florensa, entonces colaborador cuando presidía la citada institución.

"Con Borràs como jefa, yo facturo con la cooperativa y facturo unos trapis [diminutivo de trapicheos] por allí", sostiene Isaías Herrero en una conversación que fue grabada por los Mossos d'Esquadra en noviembre de 2017. Herrero acaba de ser condenado por la Audiencia de Barcelona  a cinco años y tres meses de cárcel por falsificación de moneda, tráfico de estupefacientes y defraudación de fluido eléctrico.

El Supremo abre esta causa por amañar estos contratos con los que habrían cometido los supuestos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental, tal y como sostiene la Fiscalía.

En un auto dictado este martes, el Supremo entiende que en "una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional", los hechos descritos en la exposición razonada podrían ser delictivos y extiende su competencia al empresario Herrero "por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada".

El instructor de la causa será el magistrado Eduardo de Porres, conforme al turno prestablecido en la Sala de lo Penal del Supremo. Es el más moderno en la carrera judicial de las recientes incorporaciones a dicha Sala.

El juez abrirá ahora una primera investigación con los hechos aportados por la Fiscalía y en base a la exposición razonada que elevó al alto tribunal el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona.

Previsiblemente el juez citará a la diputada como imputada, una vez el Congreso de los Diputados acceda a su suplicatorio.

La causa fue elevada al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona debido a que Borràs adquirió la condición de diputada en las pasadas elecciones y está aforada en el alto tribunal.

La Audiencia de Barcelona acaba de condenar al amigo y colaborador de la diputada a cinco años y tres meses de cárcel por falsificación de moneda, tráfico de estupefacientes y defraudación de fluido eléctrico.

Abuntantes pruebas

La exposición razonada del juzgado de Barcelona aporta abundantes pruebas documentales del supuesto amaño de contratos que se habrían producido durante los años 2013 a 2017, en que la aforada fue directora de la ILC en favor de Isaías Herrero Florensa, "que mantenía una relación personal de amistad con la
persona aforada", sostiene el auto del Supremo.

En concreto, se fraccionaron contratos para el mantenimiento del portal de Internet del ILC de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros". De esta manera se evitaba el procedimiento administrativo y acudir a la adjudicación directa en favor de su amigo, bien "directamente o a nombre de otras entidades tras las que se ocultaba". ​

Herrero aportaba al procedimiento administrativo tres presupuestos, "de los cuáles dos, como mínimo, eran falsos o simulados", sostiene la exposición razonada del juzgado. También, presentaba ofertas de empresas de terceros para que éstas fueran las adjudicatarias, cuando en verdad era Herrero el que prestaba los servicios.

Además, se habrían realizado de forma conjunta la "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público" y que los importes señalados en las facturas giradas no obedecían "al pago real y efectivo de los trabajos o servicios" por Herrero.

El juzgado ha remitido al Supremo varios correos electrónicos donde ambos pergeñan contratos. Incluso en uno, la ahora diputada le indica que "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".