Un Consejo de Ministros que debía durar poco más de tres horas acabó prolongándose durante siete, con tensión interna y externa; en la reunión afloraron algunas discrepancias entre el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el área económica del Gobierno en torno a las medidas sociales a adoptar, pero también sobre los sectores en los que habría que priorizarlas.

Y, por si fuera poco, fuera del Palacio de la Moncloa, algunas de las medidas del estado de alarma, conocidas antes de su declaración formal, fueron acogidas por los presidentes autonómicos del País Vasco y Catalunya como un "155 encubierto".

Este sábado, Pedro Sánchez compareció pasadas las 21.00, siete horas después de lo previsto, para concretar las medidas que lleva aparejada la declaración del estado de alarma, aprobada a última hora de la tarde en el tercer Consejo de Ministros en sólo una semana [Aquí, todas las medidas].

Sin embargo, antes siquiera de que pudiera detallarlas, Quim Torra e Íñigo Urkullu, presidentes de la Generalitat de Catalunya y lehendakari, respectivamente, consensuaron el que se ha convertido en el nuevo frente de la rebelión contra Sánchez.

El anuncio de que el Ejecutivo tenía previsto tomar las riendas de un "mando único" para luchar contra la expansión del coronavirus ha sido rechazado por ambos presidentes autonómicos, que lo leen como una invasión de sus competencias, y como una suerte de reedición del artículo 155 de la Constitución, la némesis de los partidos nacionalistas, tras su aplicación en Catalunya por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Además, el decreto también contempla que todos los servicios sanitarios quedarán bajo las órdenes del Ministerio de Sanidad, aunque estas competencias están transferidas a todas las comunidades.

En la misma línea, no han acogido de buen grado que Sánchez retrasara su videoconferencia con los presidentes autonómicos, finalmente prevista para las 10.30 horas de este domingo, tras el maratoniano y difícil Consejo de Ministros del sábado.

A su vez, el frente de Torra y Urkullu colinda con el abierto por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, que el viernes llegó a acusar al Ejecutivo de mantenerla a oscuras sobre sus planes para batallar contra esta epidemia.

Las medidas sociales que echa en falta Unidas Podemos

Por si fuera poco, y con el número dos del PP, Teodoro García Egea -y posteriormente su líder, Pablo Casado-, criticando la presencia del vicepresidente segundo en el Consejo de Ministros -llegó a afirmar que se ha saltado la cuarentena, aunque Sánchez explicó que había dado negativo en la prueba del coronavirus-, el PSOE y Unidas Podemos dejaron ver diferencias en cuanto a las medidas de protección social que quieren aplicar para afrontar esta crisis.

Y, mientras Egea les acusaba de retrasar la aprobación del estado de alarma por la "bronca" entre Sánchez y Pablo Iglesias, los representantes de Unidas Podemos trataban de rebajar la tensión. Explicaban que, más allá de las discrepancias que puedan existir sobre las medidas a priorizar, se ha ido debatiendo artículo por artículo del sensible -y casi histórico- decreto.

En esencia, los representantes de Unidas Podemos en el Ejecutivo, encabezados por el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, han reclamado medidas más drásticas para proteger a los trabajadores y a las familias.

Algunos ministros del PSOE han apoyado algunas de sus posiciones, como es el caso del titular de Transportes, José Luis Ábalos. Al otro lado de la mesa se situaban Carmen Calvo, Nadia Calviño y María Jesús Montero (vicepresidenta primera, vicepresidenta económica y ministra de Hacienda, respectivamente. 

Iglesias, a su vez -y como después harían ministros como el titular de Consumo, Alberto Garzón-, se sirvió de su perfil en Twitter para prometer que seguirán batallando por "nuevas medidas sociales, para apoyar a las familias y a la gente trabajadora". "Ninguna persona debe quedar desprotegida como ocurrió en 2008", apuntaba.

Evitaba hablar de estas diferencias con algunos ministros del PSOE, pero las dejaba ver entre líneas, cuando incidía en que seguirán defendiendo la aplicación de otras medidas.

Las diferencias sobre cómo resarcir a los trabajadores afectados por el virus no son nuevas. Sin ir más lejos, el jueves el Ministerio de Trabajo preveía actuar en relación a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs) en el segundo Consejo de Ministros de la semana, y finalmente no fue así.

El debate continuará, porque la previsión es que el nuevo paquete de medidas económicas y sociales vaya al Consejo de Ministros del próximo martes. Será el cuarto en sólo ocho días, quizás un récord. Hay un compromiso de todo el Gobierno en que ya no se retrasará más.

Sánchez debía de ser conocedor de que se le habían abierto varios frentes porque en reiteradas ocasiones durante su intervención apeló a la unidad de todos, destacando que ante una crisis de estas características no había colores, ni ideologías, ni fronteras.