El Gobierno andaluz incluyó “por error”, según indicó a Público la Consejería de Salud, en el proyecto de Ley de Presupuestos, en el informe económico y financiero, la transformación del sistema público de sanidad en un “ente empresarial” o “agencia pública empresarial”. Fuentes oficiales de Salud aseguraron que no se va a hacer tal cosa y que, si el presupuesto prosigue su tramitación y supera el debate de totalidad en el Parlamento de Andalucía el próximo 12 de junio, lo que hoy está en cuestión, se acabará por corregir. Sin embargo, el informe económico económico y financiero no se puede modificar, porque las enmiendas solo afectan al articulado de la ley, según afirmaron a Público fuentes parlamentarias.

El proyecto recoge lo siguiente, en el epígrafe titulado "actuaciones del presupuesto para 2019": “Se trabajará intensamente en la desburocratización y en una profunda reestructuración del SSPA (Sistema Sanitario Público de Andalucía) con el fin de crear un único ente público empresarial […] o agencia pública empresarial […]. De esta forma, se obtendrán las ventajas de la gestión de recursos financieros que tienen este tipo de entidades, frente al actual SAS (Servicio Andaluz de Salud) como organismo autónomo administrativo”.

Esta redacción inquietó a las fuerzas de izquierda -PSOE y Adelante Andalucía, fuerza que plantea una gestión 100% pública de la sanidad- y causó estupefacción en las centrales sindicales, porque aplicar una medida de este tipo implicaría, de llevarse a cabo, que los funcionarios pasarían a ser personal laboral y abriría intensas posibilidades de privatización del sistema.

Las fuentes oficiales de Salud insistieron a Público que se trataba de “un error” y que no era esa la idea de gestión con la que se trabaja en la Consejería. Sí dijeron que se busca la mayor eficacia y eficiencia posible en el gasto público.

En ninguna de las mesas de negociación que los sindicatos mantienen abiertas con el Ejecutivo, se les ha planteado nada similar. Sí se les ha trasladado, indicaron las fuentes sindicales consultadas por Público, la necesidad de reintegrar al SAS los hospitales que hoy se gestionan mediante la fórmula de empresas públicas. Sin embargo, UGT, a la vista del documento, va a pedir que el Gobierno les explique cuáles son sus verdaderas intenciones.

En esta línea, el proyecto de presupuestos también incluye la integración en el SAS de “los actuales hospitales que presentan forma jurídica de empresas públicas, con el objetivo de mejorar la coordinación sanitaria”. En Andalucía hay 47 hospitales públicos, de los que una minoría, cinco se gestionan como empresas públicas. El resto está dirigido de manera directa por el SAS. Hay en total trece empresas públicas y fundaciones adscritas a la Consejería, según la información disponible en la web de Salud.

Capital privado

El diputado del PSOE, Jesús Maria Ruiz, quien le preguntó al consejero de Salud, Jesús Aguirre, en el Parlamento a principios de esta semana al respecto y no recibió respuesta del mismo, según indicó a Público, escribió en la red social Twitter, junto a una copia del proyecto de ley: “Lo que esconde el presupuesto de la derecha andaluza. Abre la puerta a la entrada de capital privado en la gestión de la sanidad andaluza, transformando el SAS en un ente empresarial. Primer paso de la dieta Cospedal”.

El gerente del SAS, nombrado por el presidente Juanma Moreno (PP), es Miguel Moreno Verdugo, el ejecutor de los recortes sanitarios en Castilla La Mancha en la época de María Dolores de Cospedal como presidenta. Durante esa etapa, según el servicio de salud de Castilla La Mancha, ejecutó un “ajuste continuado y progresivo” que redujo la plantilla en cuatro años, entre 2011 y 2015, de unos 26.500 trabajadores a 23.000 profesionales. No fueron más porque el PP perdió el Gobierno, según un informe del servicio de salud de Castilla La Mancha. El PSOE de Emiliano García Page lo acusó en varias ocasiones de intentar privatizar la sanidad.

Una de las primeras medidas del Gobierno andaluz fue lanzar un Plan de Choque para rebajar las listas de espera, que prevé un gasto de 25 millones de euros. De ellos, 15 millones irán a hospitales privados. "En todas las provincias las listas de espera están externalizadas a hospitales privados y no pasa nada”, justificó entonces el consejero Aguirre, en una entrevista con la agencia Efe.