La cuerda, una vez más, se tensa. El arranque de la nueva legislatura en Euskadi ha traído ya el primer choque entre PNV y EH Bildu, las dos familias centrales del nacionalismo vasco. El tema de la discordia es de sobra conocido por propios y extraños: la anunciada y postergada reforma del estatuto de autonomía de 1979. A las puertas del 41 aniversario de su aprobación, el debate se plantea incierto.

En esta ocasión, el distanciamiento ha quedado expuesto no por lo que el lehendakari Iñigo Urkullu haya dicho o escrito, sino precisamente por todo lo contrario. El pasado miércoles, el Ejecutivo autonómico –integrado por PNV y PSE– dio a conocer su programa de gobierno de cara a esta nueva legislatura, en la que ambas fuerzas políticas suman mayoría absoluta en la Cámara.

En las 129 páginas del documento no hay ninguna mención concreta a la aprobación del nuevo estatus para Euskadi, un debate que marcó parte de la anterior legislatura. De hecho, hubo una ponencia parlamentaria que trabajó en este asunto y en la que, inicialmente, PNV y EH Bildu alcanzaron un acuerdo que contemplaba el derecho a decidir. "En los últimos 40 años jamás ha habido un acuerdo de estas características entre las dos grandes familias abertzales del país", resumía el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en el verano de 2018.

Luego se conformó un grupo de expertos –designados por los partidos– que trabajó en torno a un texto articulado. Las cosas, entonces, cambiaron. De allí salió un primer acuerdo apoyado por PNV, PSE y Elkarrekin Podemos que rebajó lo inicialmente aprobado por las formaciones de Andoni Ortuzar y Arnaldo Otegi. La pelota volvió nuevamente al tejado del Parlamento. Allí continúa.

En su programa para esta legislatura, el Ejecutivo autonómico habla de "más y mejor autogobierno", así como del "cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika". Este último concepto alude a las transferencias aún pendientes, un asunto que empieza a destrabarse: el Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado un calendario de traspasos de 30 competencias a Euskadi que, tras un retraso motivado por la pandemia, se retomará en marzo próximo y se alargará previsiblemente hasta mayo de 2022.

"El autogobierno, su defensa y la reclamación de las competencias pendientes constituyen pilares fundamentales para afrontar la actualización del pacto estatutario, sobre la base de los trabajos realizados por la ponencia parlamentaria de autogobierno en la pasada legislatura", señala el documento.

La no inclusión de mención alguna al impulso del nuevo estatus generó una nueva fricción con EH Bildu. Su portavoz, Maddalen Iriarte, reprochó esta semana al lehendakari "su renuncia a la consecución de nuevo estatus político para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa". "No entendemos esa renuncia a uno de los pilares que tanto el PNV como Urkullu han defendido durante años, como también defendieron la consulta habilitante, otra reivindicación que han abandonado", criticó la parlamentaria soberanista.

"Está claro que el PNV ha retrocedido y ahora se conforma con que se cumpla el Estatuto de Gernika, pero hoy en día es un sinsentido pensar que esa ley que ya tiene 40 años sirve para dar respuesta a los retos que hoy tiene este país", lamentó Iriarte.

El lehendakari le respondió un par de horas después desde las redes sociales: "La reforma del Estatuto es una cuestión que hasta ahora la venían gestionando los partidos con representación parlamentaria", subrayó el mandatario nacionalista, quien remarcó además que "si ahora a EH Bildu le parece mal el sistema que los propios grupos parlamentarios decidieron y –renunciando al trabajo desarrollado en las legislaturas anteriores– quiere que sea el Gobierno Vasco quien proponga la Reforma, que lo afirme y solicite con claridad", apuntó Urkullu.

Fuentes del PNV indicaron a Público que en su programa electoral "quedaba bien claro que la consecución de un nuevo estatus para Euskadi" era, precisamente, uno de sus "principales objetivos de la legislatura". "En absoluto hemos renunciado a eso. Quien sí parece haberlo hecho es Bildu, que antes de que hayamos podido retomar este asunto ya está poniendo palos en la rueda", señalaron desde Sabin Etxea, sede principal de la formación nacionalista. "Decir que Urkullu y el PNV renuncian a un nuevo estatus es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía vasca", remarcaron.

Responsabilidades

En ese contexto, Asier Blas, director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco (UPV), sostiene que "lo habitual es que una reforma estatutaria la impulse el equipo de gobierno". "No ha habido ninguna reforma de ese tipo en el Estado español donde no haya tenido liderazgo el gobierno" de la respectiva autonomía, subrayó.

Iñigo Urrutia, el jurista designado por EH Bildu para formar parte de la comisión que buscó alcanzar un texto articulado de cara al nuevo estatuto, tampoco comparte la decisión del Ejecutivo de Urkullu de evitar incluir este tema en su hoja de ruta. "Me parece chocante que en un texto de esa importancia no se vea un poco de liderazgo por parte del Gobierno", resumió a Público.

De fondo aparecen las discrepancias entre los dos socios del Ejecutivo autonómico en torno a al derecho a decidir, una cuestión que los aleja indefectiblemente pero que, a pesar de todo, no ha sido óbice para que lleguen nuevamente a un acuerdo. "De ahí viene precisamente que el Gobierno descargue la responsabilidad en el Parlamento", sostiene Blas, quien destaca que existe "una estrategia que busca tratar de cohesionar al Gobierno Vasco y no involucrarle en las discusiones que puedan producirse en la Cámara".

"El análisis que hace el PNV es que ahora no toca iniciar un procedimiento de reforma seria del autogobierno, sino completar el estatuto de 1979, pero en ese 'no toca' llevamos desde 2014", destaca Mario Zubiaga, profesor de Ciencias Políticas en la UPV. En tal sentido, considera que "no se puede estar retrasando esta cuestión sine die", por lo que pronostica que "en algún momento de esta legislatura, tal vez cuando se cierre el tema de las transferencias, ya no se podrá bloquear ni meter en el congelador".

Por su parte, las fuentes del PNV consultadas por este periódico remarcaron que "hay posibilidades de avanzar en esta legislatura", al tiempo que subrayaron que "para eso hace falta vocación de diálogo y de acuerdo entre diferentes", algo que los nacionalistas reivindican haber hecho "durante todos estos años". "Quien no tiene muchas ganas de dialogar ni acordar es EH Bildu. También en este asunto han vuelto a quedarse en el rincón con el PP, porque o transiges con el 100% de lo que plantean o no hay nada que hacer", apuntaron.

La línea clara del PSE

Mientras tanto, El PSE ya ha dejado claro que ni ahora ni después habrá margen para formulaciones que comprendan el derecho a decidir. La secretaria general de la formación socialista y flamante vicelehendakari, Idoia Mendia, ha dicho en los últimos días que su partido mantendrá un firme compromiso "con la actualización y modernización del autogobierno, para renovar el acuerdo entre diferentes, y adaptarlo a la nueva realidad social".

Del mismo modo, Mendia marcó una línea clara al respecto. "Todo ello, siempre con el máximo consenso y en el marco de la legalidad, para que el acuerdo siga sirviendo a la vertebración de la convivencia democrática en Euskadi y en la cohesión y la justicia social, objetivos que han estado presentes siempre en la lucha de los socialistas, incluso en los momentos más duros de la resistencia ante el terrorismo y los intentos de quiebra de la democracia", apuntó.

"Un Estatuto inclusivo"

Por su parte, Elkarrekin Podemos-IU terciará en este debate con su defensa de "un proyecto de país propio y plural". "Creemos que es posible un nuevo Estatuto para Euskadi avanzado en lo social, que nos reconozca a Euskadi como nación, que sea inclusivo en lo identitario y que sea legal", resume Miren Gorrotxategi, portavoz de la coalición de izquierdas en el Parlamento Vasco.

En base a esos criterios, Elkarrekin Podemos-IU aparece como la formación ajena al equipo de gobierno con la que el PNV podría buscar acuerdos en materia estatutaria. No en vano, su posición política de reconocimiento del derecho a decidir sin ligarlo a lógicas propias del nacionalismo vasco supuso un nuevo ingrediente en el escenario político de Euskadi. "No tenemos complejos ni prejuicios a la hora de decir no a identitarismos excluyentes o maximalismos, y tampoco tenemos complejos ni prejuicios para decir sí cuando el acuerdo permite un acuerdo amplio, plural y transversal como fue el de los derechos de ciudadanía", explica Gorrotxategi.

"Entre cuatro paredes"

PP y Vox piensan exactamente lo contrario. La formación ahora liderada por Carlos Iturgaiz, que además actúa en coalición con Ciudadanos en el Parlamento Vasco, no tiene ninguna intención de abrir un proceso de nuevo estatus para Euskadi, al tiempo que a nivel discursivo agita fantasmas sobre supuestos planes rupturistas por parte del PNV.

Este viernes, el nuevo coordinador general del PP vasco, Mikel Lezama, habló de la "complicidad entre PNV y Bildu" a la hora de buscar un nuevo estatuto que "certifique la división entre vascos de primera, los nacionalistas, y de segunda, quienes no lo somos; que rompa nuestra convivencia con España, Europa, y nos encierre entre cuatro paredes aislándonos del progreso y crecimiento".

En este asunto Vox –que ahora cuenta con una parlamentaria en Euskadi– coincide con el PP, aunque la formación de ultraderecha va más allá: en su discurso figura borrar, literalmente, todas las autonomías.