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Declaración Pedralbes La Declaración de Pedralbes, el acuerdo de mínimos para volver a la política y facilitar la investidura de Sánchez

ERC no esconde que facilitaría la investidura del presidente en funciones si el PSOE se compromete a volver a lo que acordaron Torra y Sánchez hace un año, es decir, en reconocer la existencia de un "conflicto político" en Catalunya y en abrir espacios de diálogo para llegar a una salida "democrática". El desarrollo de la declaración saltó por los aires a causa del rechazo del gobierno a la creación de la figura de un relator, tras la furibunda reacción de la derecha y la manifestación de Colón.

 Torra y Sánchez durante un encuentro en La Moncloa. EFE

"Tenemos una oportunidad y estamos convencidos de que el diálogo es la herramienta para todos. Pedralbes es una base ambigua pero necesaria para avanzar". Con estas palabras, pronunciadas anoche en la cena de entrega de los premios de la patronal Foment del Treball, el vicepresidente del Govern y actual hombre fuerte de ERC, Pere Aragonès, reiteró la exigencia de mínimos que ponen los republicanos para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En el mismo acto, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, se limitaba a apostar por "las posturas de diálogo dentro de la ley: éste tiene que ser el punto de partida".

Un punto de partida, por otro lado, totalmente compatible con la literalidad de la declaración de Pedralbes, el comunicado conjunto que emitieron ambos gobiernos tras la reunión entre Sánchez y Quim Torra en el Palau de Pedralbes de Barcelona el 20 de diciembre del año pasado. Y el único intento más o menos real en una década de intentar abordar a través de la política y el diálogo algún tipo de salida al conflicto político catalán.

El texto manifestaba que ambos ejecutivos "coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Catalunya". Reconocía, por lo tanto, la existencia de un problema político y no lo rebajaba a un "problema de convivencia" como ha insistido el PSOE en la reciente campaña electoral y recoge el preacuerdo de gobierno entre los socialistas y Unidas Podemos. A partir de aquí, el comunicado, muy breve, rezaba lo siguiente:

Aragonès: "Tenemos una oportunidad y estamos convencidos de que el diálogo es la herramienta para todos"

"A pesar de que mantienen diferencias notables sobre su origen, naturaleza o sus vías de resolución, comparten, por encima de todo, su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana. Por ello, y con el objetivo de garantizar una solución, deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Catalunya, en el marco de la seguridad jurídica. La vía del diálogo requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía", continuaba un documento que finalizaba con el compromiso de ambos gobiernos a "trabajar para hacerlo posible".

La gran virtud de Pedralbes era su que su ambigüedad permitía a los dos partes sentirse más o menos cómodas sin pensar que habían cedido: por parte del gobierno estatal, se ponía el acento en que la solución tenía que limitarse a la Constitución, como ley máxima que fija el "marco de la seguridad jurídica"; por parte del ejecutivo catalán, se argumentaba que el referéndum -que en todo momento rechazó el PSOE –era una propuesta que contaba– y cuenta- con "un amplio apoyo en la sociedad catalana". Era un consenso de mínimos, a la vez que es lo máximo a lo que se ha llegado.

El gran defecto de Pedralbes era que se quedó en una simple declaración, sin llegar a desarrollarse. La reacción furibunda de la derecha política y mediática dinamitó el diálogo al salir en tromba contra la creación de la figura de un relator que certificara los acuerdos alcanzados en una mesa de partidos que no llegó a nacer.

La mesa de partidos que nunca nació

Pero vayamos al principio. Antes de llegar a Pedralbes, y por lo tanto al 20 de diciembre del año pasado, hay que retroceder casi medio año, hasta el 1 de junio. En esa fecha, el Congreso aprobó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, con los votos – entre otros– de los dos grupos independentistas: ERC y PDeCAT. La llegada a la presidencia del dirigente socialista abrió unos meses de cierta descomprensión con el soberanismo, tras años de relaciones rotas y nulo diálogo durante los gobiernos de Rajoy. Se sucedieron decenas de reuniones entre los ministerios y las conselleries y se reactivaron los órganos bilaterales previstos en el Estatut, congelados desde hacía años, entre otras cuestiones.

El 1 de agosto del 2018, por ejemplo, se reunió la comisión bilateral Generalitat – Estado por primera vez en siete años. Nunca se había convocado durante la era Rajoy. En el encuentro la parte catalana propuso la creación de un "grupo de trabajo", sin capacidad de decisión, en el que participaran representantes institucionales y expertos en Derecho Constitucional para buscar soluciones políticas que hicieran posible el ejercicio del derecho a decidir de los catalanes, algo que siempre ha rechazado la Moncloa, que nunca se ha movido más allá de una nueva reforma del Estatut. Posteriormente llegaron unos meses sin avances significativos, hasta la mencionada cumbre de Pedralbes, previa al consejo de ministros que el gobierno celebró en Barcelona el 21 de diciembre.

 "El objetivo es consensuar una propuesta política democrática para resolver el conflicto sobre el futuro de Catalunya", según el documento de Moncloa

El siguiente paso debería ser desarrollar el contenido de la declaración de Pedralbes. Y, de hecho, se llegó a celebrar una segunda reunión de alto nivel el 25 de enero –esta vez sin los presidentes, y con las ministras Carmen Calvo y Meritxell Batet, y los conselleres Peere Aragonès y Elsa Artadi como participantes–. El encuentro tenía que servir para dar pasos en la implementación del diálogo comprometido en Pedralbes, pero se avanzó poco. Según recoge un documento que todavía puede encontrarse en el web de la Moncloa, el diálogo debía desarrollarse en un doble foro, una mesa de partidos y el espacio de diálogo institucional, que tendría como objetivo "consensuar una propuesta política democrática para resolver el conflicto sobre el futuro de Catalunya".

En la mesa de partidos, según subraya el documento, cada participante plantearía sus propuestas de resolución y proyecto político, "con total libertad". Estaría integrada por dos representantes, con capacidad de decisión en los dos ámbitos territoriales (estatal y catalán), "de cada uno de los grupos políticos con representación en Catalunya" y al frente de ella se propondría "de común acuerdo" una persona que sería "quien facilite la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y fije el orden del día". Esta figura, el famoso relator, también se encargaría de ayudar "a crear las condiciones idóneas para el diálogo", además de "dar fe de los acuerdos alcanzados" y determinar "el seguimiento de su aplicación". Pero nunca hubo relator ni se constituyó la mesa de partidos.

A principios de febrero de este año, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, confirmó que el ejecutivo de Sánchez aceptaba la creación del relator, pero que en ningún caso sería una figura internacional –como quería la Generalitat–, si no alguien catalán. En ese momento, se desató la tormenta de la derecha contra el gobierno, que tuvo la manifestación del PP, Cs y Vox en Colón del 10 de febrero como principal expresión. Automáticamente, el gobierno de Sánchez renunció al relator, el gesto que dinamitó los puentes de diálogo con el gobierno catalán y que liquidó, como mínimos hasta ahora, la apuesta por buscar una respuesta política al conflicto.

El diálogo vuelve a escena

A partir de aquí, la historia se acelera: el Congreso tumbó los presupuestos generales, con el voto contrario también de ERC y PDeCAT. Acto seguido, Sánchez convocó elecciones generales para el 28 de abril y se impuso en ellas. No fructificaron las escasas conversaciones para formar un gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, que contaba con el apoyo explícito de ERC. Sánchez, alentado por su gurú Iván Redondo, convocó una repetición electoral para el 10 de noviembre.

El 14 de octubre, el Tribunal Supremo emitió la sentencia del juicio del Procés, con condenas por sedición a entre 9 y 13 años de prisión para los principales condenados. Catalunya estalló, con miles y miles de personas en las calles durante muchas jornadas seguidas, rechazando la sentencia y cuestionándolo cuasi todo. El PSOE volvió ganar en las urnas, pero perdió apoyo, tras una campaña con un discurso muy a la derecha sobre Catalunya. Como Unidas Podemos. Y, también, como ERC.

Las próximas semanas sabremos si Pedralbes vuelve a ser el punto de partida de algún tipo de solución

Y aquí empiezan los cambios. Esta vez, el preacuerdo entre socialistas y podemitas se cierra en pocas horas. ERC se niega a repetir el "cheque en blanco" posterior al 28 de abril y exige, como mínimo, volver a Pedralbes, un punto que comparten algunos dirigentes del socialismo catalán, como la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de l’Hospitalet, Núria Marín. Y, este mismo martes, el conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, anuncia que Torra convocará en diciembre la mesa de partidos catalanes.

El organismo, surgido en noviembre del año pasado a propuesta del PSC, ha tenido hasta ahora poco recorrido, y en la última convocatoria sólo participaron JxCat, ERC, socialistas y comuns, mientras que se ausentaron la CUP, Ciudadanos y PP. Esta vez, los anticapitalistas han avanzado que estudian acudir a ella.

En cualquier caso, algo se mueve. Y desde el gobierno en funciones se vuelven a emitir voces que hablan de diálogo. Las próximas semanas sabremos si Pedralbes vuelve a ser el punto de partida de algún tipo de solución, lo que conllevaría una segura campaña en contra de la derecha política y mediática, o ni tan siquiera se llega a ello. Lo que significaría que, una vez más, se declina la vía política para abordar el principal conflicto político que vive el Estado español desde hace al menos una década.