La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado recurso contra la fianza reclamada por el Tribunal de Cuentas en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos de la Generalitat de Catalunya para las 'embajadas catalanas' y el Diplocat.

En un escrito de 11 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado del líder independentista ha asegurado que "es de todo punto irrazonable requerir el pago de 2.085.507,80 euros a una persona en tan exiguo plazo".

La defensa ha reclamado que se amplíe el tiempo otorgado para el pago de la sanción y que "se aclare cómo se llega a dicha cantidad porque de las liquidaciones practicadas si hay algo que no queda claro es cómo se estructuran las cantidades y cómo se establece su derivación a mi representado".

Según el acta de liquidación provisional notificada la semana pasada, al que ha tenido acceso Europa Press, se les reclama a 34 ex cargos del Govern cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos de trabajo.

Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos, todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total.

Procedimiento "institucional"

En el escrito, la defensa del líder independentista ha insistido en que la actuación del Tribunal de Cuentas "equivale, de facto, a la derogación de las competencias en materia de acción exterior de la Generalitat de Catalunya", por lo que ha tachado el procedimiento de "inconstitucional".

Ha criticado que la instructora del órgano fiscalizador asegurara que "únicamente se han valorado los gastos que exceden a las materias propias de la acción exterior" de Catalunya, porque --a su juicio-- ello "no encaja con la realidad de la liquidación llevada a cabo".

Según la defensa, la fianza reclamada por la delegada instructora "a simple vista refleja una criminalización de cuantas actividades se han llevado a cabo por los distintos gobiernos de la Generalitat asumiendo un objetivo independentista en todas ellas".

En el escrito ha reprochado también que la instructora respondiera a las alegaciones presentadas a lo largo de la liquidación con "remisiones genéricas a las respuestas dadas al conjunto de las personas señaladas como responsables".

"Nada se dice sobre las vulneraciones de derechos fundamentales más allá de una mera remisión al procedimiento recogido en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y que, como venimos sosteniendo, no puede constituir un marco legal superior a la protección constitucional de estos derechos", ha subrayado.

Plazo para demandas

Las defensas tenían hasta este jueves para presentar recurso contra la fianza impuesta por el órgano fiscalizador. Según recoge la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, una vez que se hayan abonado las cauciones y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat-- y las demás acusaciones para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal --por el mismo plazo-- para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante, a la que por turno le correspondió este asunto.