Dos particulares han presentado ante la Fiscalía Provincial de Castellón una denuncia contra el exalcalde de la capital, Alberto Fabra, actual presidente de la Generalitat valenciana, por el delito de prevaricación urbanística, debido a que habría autorizado el derribo de hasta 14 edificios protegidos de la ciudad a sabiendas de que era una ilegalidad.

Según las denunciantes, María Pilar Gómez Bellés --propietaria ella misma de una de esas casas históricos frente al puerto deportivo de la ciudad--, y su hija María Pilar Puñet Gómez, las licencias de demolición se concedieron en la época del 'boom' inmobiliario y a personas o constructoras 'afines'.

Entre las operaciones sospechosas citan el derribo de un edificio histórico en el solar donde a continuación se levantó la vivienda del propio Fabra y donde tiene su estudio de arquitectura su esposa, Cristina Fortanet. Así como la concesión de una licencia de derribo para un edificio del predecesor de Fabra en la alcaldía de Castellón, José Luis Gimeno, también del PP.

Para que no falte de nada, la denuncia destaca que una de las constructoras que resultó beneficiada por las licencias avaladas por Fabra es Aldesa, investigada en el 'caso de los papeles de Bárcenas' por sus donaciones anónimas al PP y la percepción de contratos públicos.

La denuncia ocupa 76 folios y lleva adjuntos 43 documentos. El delito que se reprocha a Fabra es el de prevaricación urbanística del artículo 320 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que haya informado favorablemente, resuelto o votado 'proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes'. La pena es de seis meses a dos años de cárcel, y de siete a diez años de inhabilitación para cargo público.

El escrito relata cómo a principios de los años 2000, la familia de las denunciantes pidió licencia para el derribo de 'casa Bellés', calificada como 'sustituible' en el Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico del plan de ordenación urbana de Castellón, debido a causas de fuerza mayor, al haber surgido severas patologías estructurales en el edifício.

El Ayuntamiento, siendo entonces concejal de Urbanismo Fabra, denegó por silencio administrativo la licencia al señalar que debía presentarse antes el proyecto del edificio que sustituiría al demolido. Sin embargo, según la denuncia, poco antes no había puesto pegas al derribo de 'casa Folch' solicitado por la constructora Salva Soler, pese a que ambos tenían la misma calificación de 'sustituible'.

La familia Bellés acudió a los tribunales de lo contencioso-administrativo, que le negaron la razón y establecieron que la calificación de 'sustituible' del edificio supone un nivel de protección ambiental, ya que define un ambiente valioso por su belleza, tipismo o carácter tradicional, por lo que su demolición sólo se puede autorizar cuando se asegure 'la renovación conjunta de entornos visuales completos' o bien derribos interiores o restauraciones de fachada.

La denuncia, que se extiende además a la jefa del Negociado de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, María Teresa Benito Gil, destaca que tras la citada sentencia, que fue dictada por un juzgado de lo contencioso y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el Ayuntamiento presidido por Alberto Fabra permitió el derribo de 14 edificios catalogados como 'sustituibles' a sabiendas de que se estaba saltando la ley. En dos de las operaciones denunciadas, Benito Gil tramitó el expediente y Fabra votó a favor en el Pleno municipal como alcalde.

En 2003, incluyeron una modificación en el PGOU señalando que esa calificación no implicaba ninguna protección, pero ello no se compadece, destacan las denunciantes, con lo que establecido en sentencia judicial firme, que es de obligado cumplimiento.

Para las dos denunciantes, Fabra y Benito contravinieron 'consciente y arbitrariamente las normas urbanísticas aplicables a los mismos en su condición de inmuebles catalogados', y lo hicieron 'con plena voluntad de producir un resultado materialmente injusto en un claro ejercicio de desviación de poder –más bien, abuso de poder- en el que los fines de interés general que salvaguarda la catalogación son sacrificados ante intereses particulares y espúreos'.

Agregan que la normativa antiderribos de este tipo de edifícios se aplicó con rigor a los 'no afines', como era su familia, y se obvió en el caso de 'afines', que se vieron beneficiados con lucrativas promocios inmobiliarias, 'pasando por encima de todos los intereses públicos que con tal catalogación tratan de salvaguardarse y cuyo cuidado se confía a la Administración'. En'esta dispensa arbitraria y desviada se concreta el comportamiento prevaricador', afirma la denuncia.

Entre esos posibles 'afines' beneficiados, la denuncia cita a Salva Soler Edificaciones, la constructora Aldesa, a la sociedad Titanide, y al exalcalde de Castellón José Luis Gimeno Ferrer (propietario junto a su hermano Norberto de uno de los edificios 'sustituibles' derribados). Y agrega que Fabra tiene su vivienda y su mujer, su despacho de arquitectura, en una casa levantada sobre el solar que quedó tras la demolición de una de los edificios 'sustituibles'.