Las denuncias de Iglesias y Marlaska por las cartas con balas, en el mismo juzgado que la de Vox, que niega las amenazas

Los tres juzgados donde recayeron, el pasado mes de abril, las denuncias por las dos cartas amenazantes con balas incluidas que recibió Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, y la destinada, también con munición dentro, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se quedan en uno. Ahora, casi tres meses después, será el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, donde recayó la primera denuncia de Iglesias, el que finalmente aglutine las denuncias, tras pedirle la inhibición al Juzgado de Instrucción 52, que se ocupaba de la denuncia de Grande-Marlaska; y al Juzgado de Instrucción 27 que entendía de la segunda carta con amenazas que recibió Iglesias. 

Pero este juzgado también se queda con otra denuncia de muy distinta índole. Según ha sabido Público de fuentes jurídicas, el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid, donde recayó la denuncia de Vox, como acusación popular, por las amenazas recibidas por Iglesias, Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, se ha inhibido, el pasado 16 de junio, a favor del Juzgado de Instrucción 3.

De esta forma, será este juzgado, cuya titular es la jueza Isabel Durántez, quien se ocupe de la investigación de las graves amenazas a cargos públicos y políticos que empañó la campaña electoral madrileña, con la especial circunstancia de que como acusación popular tendrá al partido de ultraderecha, poniendo en duda la veracidad de las misivas. 

La denuncia de la directora de la Guardia Civil se tramitó en un juzgado de Colmenar Viejo (Madrid), por estar allí domiciliada María Gámez; además, de la investigación en este caso se ocupa la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, mientras que de las denuncias de Grande-Marlaska e Iglesias lo hace la Policía Nacional. 

Desde el primer momento Vox puso en duda la existencia de las cartas con amenazas. De hecho, la cuestión se convirtió en el eje principal de la campaña del 4-M para la presidencia de la Comunidad de Madrid. La negativa de Rocío Monasterio, candidata del partido de ultraderecha, de solidarizarse con Pablo Iglesias y condenar las amenazas de muerte que había recibido tensó al máximo la campaña. 

De momento, la investigación no pinta muy bien, después de que un informe de la Comisaría General de Policía Científica, que ya tiene el juzgado, plasme las dificultades para identificar a los autores de las amenazas, como ha desvelado Público. El juzgado puede acordar que se practiquen nuevas pruebas o que la causa se archive, si no hay a quién poder atribuirle los delitos de amenazas.