"Hipotecas generales del Estado", "el programa electoral más caro de la historia", "Presupuestos con pies de barro", "obús contra el sistema de pensiones"... Estas son algunas de las referencias que los diferentes portavoces y representantes de PP, Vox y Cs han pronunciado para manifestar su rechazo contra las cuentas públicas de 2023, las últimas de la legislatura, que buscan paliar los efectos derivados de la crisis energética y económica por la guerra en Ucrania.

A lo largo de los últimos días, estas tres formaciones han llenado de mentiras y medias verdades sus argumentos para defender sus respectivos vetos a los Presupuestos, que serán rechazados previsiblemente el próximo jueves en el Congreso. No obstante, para entender sus argumentos, muchos de ellos falaces y fuera de contexto, es importante conocer qué hay detrás de esos datos usados por estas fuerzas para pronosticar malos augurios para la economía española.

Previsiones económicas

Durante sus discursos en el Congreso y en el Senado, el presidente del Gobierno no ha escondido la delicada situación que atraviesa el mercado económico. Aunque reconoció que los próximos meses "no serán fáciles", pidió "no abonar el terreno del pesimismo", un mensaje claramente dedicado a las derechas.

Entre estas formaciones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de "presidir el Gobierno a lomos de mentiras" y criticó que se trata de unos presupuestos con "datos ficticios", obviando que el propio Ejecutivo, en su cuadro macroeconómico para 2023, ha bajado seis décimas la previsión de crecimiento para el próximo año, hasta el 2,1%.

Y es que la situación actual de incertidumbre provocada por la elevada inflación obliga a modificar constantemente estas previsiones. En este contexto, otros organismos también han hecho lo propio y han actualizado sus pronósticos en esta dirección. De esta manera, la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) recortó la previsión para 2023 hasta el 1,5%. El panel de Funcas, en su encuesta realizada entre 19 servicios de análisis, situó a medidos de septiembre el crecimiento del año que viene en el 1,9%, mientras que en su último actualización, dada a conocer el pasado 18 de octubre, la rebajó al 0,7%.

Pero estos fallos de las previsiones no solo son propias de los organismos ni de un determinado gobierno. También el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy erró en estos datos a través de sus proyectos presupuestarios, que coincidieron con los últimos coletazos de la crisis de 2008. En los Presupuestos de 2012, los populares pronosticaron un descenso del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,7%, mientras que la cifra observada fue del 3%. En el Libro Amarillo del año siguiente, 2013, el exmandatario pronosticó un descenso del PIB del 0,5%, y al final fue del 1,4.

Crecimiento económico

"España está en el furgón de cola del PIB de la UE prepandemia", pronunció Feijóo el pasado martes en el Senado. El líder de la oposición no dijo toda la verdad, y sólo quiso ver una parte de los datos.

Frente a lo que dan a entender las palabras del presidente del PP, la economía española está siendo una de las más dinámicas de la eurozona. Fue una de las más golpeadas de Europa por la pandemia (el PIB cayó un 10,8% en 2020) debido a las severas restricciones de movilidad y los cierres obligados de negocios para tratar de contener el virus. Pero también de las que se está recuperando con más fuerza. Tanto la Comisión Europea como más recientemente el FMI cifran el crecimiento del PIB español por encima de sus socios europeos, o incluso de la media de los países más industrializados.

Este mayor crecimiento, no obstante, no es suficiente para volver a recuperar los niveles de riqueza existentes en 2019, precisamente por la dureza con la que la pandemia golpeó a la economía española. El FMI calcula que España no recuperará los niveles de renta per cápita de la prepandemia hasta la primera parte de 2024, y el el Banco de España ha retrasado la recuperación del nivel de PIB previo a la covid también hasta esas fechas. 

Asimismo, dado el actual escenario de crisis, el Banco de España ha retrasado la recuperación del nivel de PIB previo a la pandemia hasta el primer trimestre de 2024, dos trimestres más tarde de lo proyectado por la entidad en junio. Si bien, Eurostat (la principal agencia estadística de la Unión Europea) ha situado a España en su última actualización de octubre por detrás solamente de Suecia en crecimiento económico.

Además, la solidez de la economía española va a permitirle previsiblemente esquivar la recesión. Es probable un frenazo considerable del PIB, pero los expertos del FMI colocan a España entre las economías que lograrán evitar la recesión (al menos dos trimestres consecutivos con tasas de crecimiento negativas). Para el organismo internacional, las secuelas de la crisis de la covid-19 y su coincidencia en el tiempo con la nueva crisis energética y la inestabilidad generada por la guerra en Ucrania provocará que "una tercera parte de la economía mundial esté en serio riesgo de registrar una recesión técnica", tal como ha pronosticado recientemente su director de Investigación, Pierre-Olivier Gourinchas. 

Impuestos e incremento de la recaudación por la inflación

Para el PP y su líder, así como para Cs y Vox, España es un "auténtico infierno fiscal", una afirmación que si se compara con la eurozona dista de la realidad, pues la diferencia en presión fiscal con respecto a la media de los países del euro es solo de 4,3 puntos porcentuales (se encuentra en el 37,5% del PIB, mientras que la media es del 41,8% del PIB), lo que además se traduce en alrededor de 55.000 millones de euros menos en recaudación al año.

Asimismo, más allá de hablar de una bajada de impuestos generalizada, una premisa que encubre un fuerte componente ideológico sobre quién asume la carga de una situación de emergencia económica, y de deflactar el IRPF (una medida que Feijóo no llegó a aplicar en sus 13 años al frente de la Xunta), las derechas y la ultraderecha han criticado que las cuentas públicas perjudican a las clases medias y bajas apelando además al falso mantra de que "el Gobierno se forra con los impuestos" (el dinero que se recauda va para el Estado, es decir, para cubrir sus servicios públicos y las transferencias a las comunidades autónomas).

La recaudación superará los 344.627 millones de euros en términos de
contabilidad nacional, lo que supone un 7,6% más respecto a 2022, pero en esta cifra están contempladas las medidas de minoración de ingresos en 2023 como la reducción de los rendimientos del trabajo en el IRPF para los sueldos inferiores a 21.000 euros (beneficiará al 50% de trabajadores), la subida del mínimo exento hasta los 15.000 euros, el incremento del tipo impositivo sobre las rentas de capital superiores a 200.000 euros, o la rebaja del IVA del 10 al 4% en los productos de higiene femenina.

Asimismo, esta mayor recaudación se debe al impacto de las nuevas medidas fiscales, como la aplicación del tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades, y la introducción de medidas no tributarias, esto es, el nuevo gravamen temporal en los sectores energético y financiero. A ello se le suma el impuesto temporal a las grandes fortunas y a los grandes accionistas que el Gobierno prevé poner en marcha los dos próximos años, lo que supondrá 3.100 millones de euros más. Por cierto, este nuevo gravamen que la derecha ha utilizado para banalizar también ha sido defendido por el FMI y la Comisión Europea (además aboga por poner una tasa a las energéticas).

Entre los reproches más sonados durante la comparecencia en el Congreso de la presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, y que las derechas han usado para desarmar el proyecto presupuestario, es que cree que las previsiones de ingresos para 2022 "no son realistas". No obstante, debido al "contexto de elevada incertidumbre", el Gobierno envió a la Comisión Europea el Plan Presupuestario de 2023 que, por primera vez, contempla dos posibles escenarios de ingresos y gastos. De tal forma, el segundo escenario contempla una recaudación mayor con respecto al primero (citado dos párrafos más arriba) en unos 10.500 millones para prorrogar y aplicar nuevas medidas contra la crisis.

Incremento del gasto

Feijóo, entre otros líderes conservadores y liberales, ha aventurado el "apocalipsis" por el incremento en el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado de un 1,1%. Si bien, esta cifra récord, que asciende a 198.221 millones de euros, incluye 25.156 millones procedentes de los fondos europeos. Asimismo, el límite de gasto no financiero de 2023 también contempla una transferencia de 19.888 millones a la Seguridad Social, un 8,1% más que en 2022, en consonancia con el compromiso adquirido por el Pacto de Toledo y la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Por otro lado, no deja de llamar la atención las críticas del líder de la oposición al incremento del gasto, pasando por alto que su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, ha aprobado el techo de gasto más elevado de su historia, con 12.599 millones para 2023, un 8,2% más.

Subida de las pensiones

El proyecto presupuestario recoge la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, un imperativo legal establecido en la norma de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada a finales de 2022, que recoge a su vez las principales conclusiones formuladas por el Pacto de Toledo, suscrito en octubre de 2020 por, entre otros, PP y Cs.

Uno de estos puntos vuelve a vincular esta revalorización al IPC después de que Rajoy cambiara la ley en 2012 para no tener que hacerlo. Esta actualización se sitúa en el 8,5%, lo que ha motivado la reacción del PP, al catalogarlo como un "problema de sostenibilidad a medio plazo". Pero en esta carrera Ciudadanos ha sido el que más crítico se ha mostrado, pidiendo incluso al Pacto de Toledo replantearse esta subida a pesar de que evitará la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas.

Según las previsiones del Banco de España, esta acción elevará el gasto público en 15.000 millones. Si bien, este gasto "no es especialmente preocupante" para los expertos del Fondo Monetario Internacional, al verlo en la línea de otros países de su entorno.

Incremento de la deuda

Feijóo acusó a Sánchez, cuyo mandado ha sido duramente golpeado por la peor pandemia en más de un siglo y ahora por los efectos de la guerra en Ucrania, de un "crecimiento irresponsable de la deuda pública". Desde que este llegara a la Moncloa en 2018 hasta ahora, esta cifra se ha incrementado un 18% hasta situarse en 1,47 billones.

Por tanto, la deuda ha aumentado, pero no más que con Mariano Rajoy en la Moncloa. Y es que desde el primer mandato del gallego, en 2011, hasta el segundo y último, en junio de 2018, la deuda pasó de los 743 millones (69,9% del PIB) a 1,2 billones (100,4% del PIB), un incremento del 63% que vino acompañado de fuertes recortes sociales.

Por el contrario, en el desglose del crecimiento de la deuda durante el actual Gobierno de coalición hay que tener en cuenta que, entre 2020 y 2022, se van a destinar 85.000 millones de euros para combatir la covid 19 y sus consecuencias económicas y sociales entre los ERTE (27.800 millones de euros); la rebaja de las cotizaciones a autónomos (7.500 millones de euros); las ayudas directas a los autónomos y a las empresas para pagar deudas, suministros o costes fijos durante los confinamientos (10.000 millones de euros); la compra de vacunas (3.400 millones de euros) y la transferencia a las autonomías (30.000 millones de euros).

Asimismo, el Estado ha incorporado 35.000 millones de euros al déficit público tras asumir el control de la Sareb, el llamado banco malo que creó Mariano Rajoy para el rescate público de las entidades financieras y que, según su ministro de Economía, Luis de Guindos, "no costaría ni un euro al contribuyente". 

Precisamente, es la misma cifra de dinero que el actual Ejecutivo ha desplegado ya para poder responder a las consecuencias económicas y sociales de la contienda bélica en suelo europeo. Por otro lado, el futuro candidato del PP a la Moncloa, que presumió de gestión ante Sánchez, triplicó la deuda durante sus mandatos. 

Coste de la deuda

A pesar de que la derecha habla de "herencia envenenada" y de "pufo" para referirse a la deuda pública, el coste medio de la deuda del Estado en circulación, aunque ha aumentado, sigue manteniéndose en niveles históricamente bajos (a finales de agosto se situó en el 1,61%, por debajo del 1,64% al que cerró el año anterior).

Asimismo, la subida de los tipos de interés deja al Tesoro Público en una situación cómoda, ya que la mitad del déficit está aplazado a más de cinco años.

Inflación

En cuanto a la inflación, la número dos de Feijóo y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, criticó que el Gobierno es "incapaz de revertirla". Nada más lejos de la realidad, pues ha bajado un punto y medio en septiembre (del 10,5% al 9% en tasa armonizada) por algunas de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, como la llamada excepción ibérica (la limitación del gas en la producción de electricidad). 

No deja de ser elevada, pero España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea (21 de los 27 países tienen una inflación superior a España) y de la eurozona. "Estamos conteniendo el alza de los precios 3,5 puntos gracias al despliegue de todas las medidas desde antes de la guerra. Hoy no tendríamos 9 puntos de inflación, sino que tendríamos un 12 o un 13", replicó el presidente del Gobierno a Feijóo.

Auditoría de las cuentas públicas

En el marco de este catastrofismo de las cuentas públicas, Feijóo siguió la estela de sus antecesores en el cargo y señaló: "Yo no me creo las cuentas públicas de este Gobierno y, cuando llegue al Gobierno, lo que voy a hacer es una auditoría para ver exactamente cuál es el estado de las cuentas", obviando que para ello ya existe la Intervención General del Estado, además de que el Ejecutivo tiene la obligación de presentar los presupuestos y las previsiones a Bruselas, que a su vez deben ser escrutadas por la Airef.