Este miércoles es un día clave para la democracia de nuestro país. Está en juego la renovación del Tribunal Constitucional, paralizada por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. En concreto, hay cuatro magistrados del Constitucional con el mandato caducado desde hace casi seis meses: los que nombró el Gobierno de Mariano Rajoy, [el presidente Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez]; el vicepresidente, el progresista Juan Antonio Xiol y el magistrado conservador Santiago Martínez-Vares.

Exactamente, la derecha maniobrando para poder frenar ilegítimamente al Congreso y al Gobierno. Y es que los puestos pendientes de renovación podrían cambiar la relación de fuerzas dentro del Constitucional: por primera vez tras una década podría tener una mayoría progresista.

De las cuatro renovaciones pendientes, dos corresponden al Gobierno, [que ya ha designado al exministro Juan Carlos Campo y a la catedrática Laura Díez], y otras dos al Consejo General del Poder Judicial, [que ha postergado sistemáticamente la elección de sus candidatos para bloquear la renovación del órgano]. El resultado es que la sustitución de dos vocales conservadores nombrados bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, por dos progresistas acabaría con la mayoría conservadora del Tribunal.

El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de interpretar en última instancia la Constitución española: estudia los recursos de inconstitucionalidad contra leyes; los recursos de amparo por violación de derechos y libertades; y los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

En este momento, el Constitucional tiene recursos pendientes contra leyes como las del aborto, la de eutanasia o la Ley Celaá de educación. También tiene pendiente decidir sobre la posible devolución del escaño al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.

No ha sido hasta este miércoles, [forzados por los posibles cambios en el sistema de nombramientos], que se ha exigido un pleno de urgencia para votar a sus dos candidatos: César Tolosa y Pablo Lucas Murillo. Con la propuesta de Lucas, la derecha busca bloquear la propuesta de los progresistas: el magistrado José Manuel Bandrés. Finalmente, tal y como ha anunciado este jueves, el presidente del Poder Judicial, Rafael Mozo, ha convocado el pleno pedido por el sector conservador para votar sus propuestas el próximo martes.

El objetivo del Consejo General del Poder Judicial es tratar de sortear la reforma legislativa impulsada desde el Gobierno para impedir que la derecha siga bloqueando los nombramientos. El Congreso de los Diputados vota este miércoles la reforma legal impulsada por el Gobierno que, entre otras cosas, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar la mayoría necesaria para designar a magistrados del Constitucional.

Esta reforma ha sido recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, que en el momento en el que grabamos este programa está reunido de urgencia poco antes de que el Congreso inicie las votaciones de la propuesta. El pleno extraordinario se produce además a petición de su presidente, el magistrado Pedro González-Trevijano, cuyo mandato, está caducado.

Los populares solicitan en su recurso la suspensión cautelarísima de los acuerdos alcanzados en el Congreso. El texto asegura que la propuesta incurre en un "fraude de ley parlamentaria", fruto de la "deriva progresiva y progresiva" de los grupos proponentes "hacia la degradación de nuestro sistema democrático". 

Antes de tomar una decisión, el Tribunal Constitucional tendrá que estudiar también las recusaciones de Trevijano y Narváez solicitadas por Unidas Podemos. Por su parte, el PSOE ha remitido un escrito al Constitucional para que rechace la maniobra del PP para atrincherarse en el tribunal.