La emergencia habitacional y las dificultades para acceder a la vivienda se han convertido en una realidad habitual en Catalunya. A pesar de los avances del movimiento por la vivienda para regular más el mercado, la precariedad laboral y las trabas de la Ley de Extranjería siguen obstaculizando el acceso a un hogar digno. En Catalunya, en 2021 hubo 9.400 desahucios, la mayoría por impago de alquiler (72%), pero también de hipoteca (19%), así como por ocupaciones de viviendas vacías, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hablamos con tres familias que han sufrido un desahucio o están bajo su amenaza.

Fabio vivía desde 2019 con su familia en un piso de alquiler en el barrio barcelonés del Poble-Sec. Con la pandemia, tanto él como su pareja, Anna, que es ucraniana, perdieron su trabajo. "Empezamos una crisis absoluta. Pasé a facturar cero, y fue imposible seguir pagando", explica en una llamada con Público. Él, argentino también de origen ucraniano, es artesano y se dedicaba a la venta ambulante en mercados medievales. Anna trabajaba en un hostal y primero entró en ERTE, pero finalmente la echaron.

El pasado febrero, pese a la moratoria vigente de los desahucios, 14 furgonetas de la Brigada Móvil (Brimo) -la unidad antidisturbios de los Mossos d'Esquadra- se presentaron en su calle y con una "violencia inaudita" acabaron desahuciándolos. Ahora viven en una pensión, en condiciones "bastante difíciles", dice Fabio, porque son cuatro en una sola habitación. "Malvivimos", lamenta. Se sienten "desplazados", sin sus cosas, que han tenido que repartir en pisos de amigos para guardarlas. "Es muy difícil vivir así", añade.

En 2020, cuando dejaron de poder afrontar el alquiler, la familia pidió ayudas. Una era para pagar la deuda a la propietaria, pero no la aceptó. No entienden por qué. Tampoco aceptó suscribir un alquiler social. Como no es gran tenedora -según la ley catalana 24/2015, actualmente lo son los propietarios con más de 10 pisos- no estaba obligada a ello, pero con cinco pisos, hubiera podido acceder a ello. "Nos quería en la calle", denuncia Fabio.

Ahora están buscando acceder a algún piso de protección oficial para "rehacer la vida". Pero después de una reunión con el Ayuntamiento, junto con dos familias del Poble-Sec también desahuciadas, lo ven lejano. "Habrá que esperar entre dos y tres años para que nos toque un piso de la mesa de emergencia", dice Fabio. Además, se suma la angustia de no poder buscar trabajo desde la pensión, donde no tienen apenas espacio para nada más allá de dormir. "Es como prácticamente vivir en la calle". Les ofrecen media pensión, pero el resto deben procurárselo por su cuenta. "Para mí es algo inédito. Nunca me imaginé que nos desahuciarían", afirma Fabio.

"Soluciones las hay, el tema es si la Administración quiere buscarlas o no. Hay que ponerse las pilas. Nuestro único apoyo son las organizaciones vecinales, el sindicato de vivienda y la solidaridad. No dejaremos de luchar por una vivienda digna", concluye.

De ocupar a la calle

Jaira vivía en el bloque Gayarre, en el barrio de Sants. En febrero de 2019 fue ocupado por el movimiento de la vivienda para garantizar un techo a las cuatro familias vulnerables que vivían en ella, incluyendo la de Jaira. Pero al cabo de menos de dos años, en diciembre de 2020, fueron desahuciadas después de meses de incertidumbre y angustia, con varios intentos de lanzamiento, incluyendo uno ilegal por parte de la empresa Desokupa. "Fue muy estresante porque eran procedimientos con fecha abierta. Era angustioso, no sabíamos cuándo vendrían", explica Jaira por teléfono a Público. Finalmente, más de 10 furgonetas de la Brimo se presentaron. "Psicológicamente a todos nos afectó bastante", añade.

Jaira nunca había ocupado y cuando llegó a Barcelona desde Perú, su país, no sabía prácticamente ni qué implicaba. Al llegar alquiló una habitación junto con su pareja de entonces, de quien se separó al cabo de un tiempo. Vivían los cuatro -con sus dos hijos- en una habitación. "El trato era malo, mis hijos estaban prácticamente encerrados en la habitación porque la propietaria no quería que estuvieran en las zonas comunes".

Vivieron un tiempo así pero entre la situación y las dificultades para afrontar el alquiler empezaron a buscar opciones. Ella, que se había marchado de Perú por amenazas de extorsión, pidió asilo, pero aunque tenía NIE, no podía trabajar legalmente. "Hacerlo en negro es muy inestable. A veces teníamos dinero solo por dar de comer a los niños, para nosotros no". Por todo ello, y después de hablar con un amigo que estaba implicado en el movimiento por la vivienda, se informó y decidió ocupar. "Yo quería dar una casa digna a mis hijos, un entorno normal. Decidí correr el riesgo de ocupar por necesidad".

El bloque Gayarre pertenecía a la empresa Bardon Services Bcn SL, que aseguró que no era gran tenedor porque tenía menos de 15 pisos y, por tanto, no estaba obligado a ofrecer alquiler social. Desde entonces, la ley ha cambiado y se considera gran propietario a todo aquel que tenga más de 10. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento como los grupos de vivienda alertan de que algunos propietarios fragmentan sus propiedades en diferentes sociedades para escapar al cumplimiento de la ley.

En plena pandemia y sin turismo en la ciudad, el Ayuntamiento realojó a Jaira y a sus dos hijos menores en un apartotel, donde todavía viven. Tiene cocina y una habitación para cada miembro de la familia, y asegura que están bien y en principio podrán estar ahí de forma indefinida. Sin embargo, le preocupa que si la avisan de la mesa de emergencia, donde está apuntada, no podrá acceder al piso porque actualmente no tiene papeles, ya que le denegaron el asilo. Está buscando trabajo y si obtiene un contrato podría regularizar su situación. Pero mientras tanto convive con la incertidumbre, también porque con la recuperación del turismo teme que de un día para otro les avisen de que deben irse de su hogar provisional.

Estafas ante la desesperación

Asia es de Marruecos y cuando llegó, hace tres años, sufrió una estafa. Sin papeles, sin conocer el idioma y sin saber a dónde ir, un conocido le dijo que podía vivir en un piso si pagaba varios miles de euros al contado. Lo que no sabía es que era un piso vacío propiedad del Banco Santander. De esta forma, pasó, aunque sin saberlo, a ocupar. A los pocos meses empezaron a llegar los avisos de desahucio y ya ha vivido unos cuantos intentos, que han conseguido detener, pero el próximo mes tienen previsto otro.

Junto con el Grupo de Vivienda de Sants, Asia está negociando con Santander para que les ofrezcan un alquiler social. No ha denunciado la estafa que sufrió porque al no tener papeles teme ir a la policía. De momento todavía vive en el piso, junto a sus tres hijos y su marido, que trabaja recogiendo chatarra. No tienen papeles y eso les impide acceder al mercado laboral, pero está mirando si la guardería donde va su hija le puede ofrecer un contrato para regularizar los papeles. De momento, sin acceso a ayudas de servicios sociales, el único apoyo que reciben es del grupo de vivienda del barrio.