Un año después de que la Audiencia Provincial de Málaga ordenase reabrir la investigación judicial, que había sido cerrada en un santiamén, sin practicar apenas prueba alguna, sobre la muerte del ciudadano argelino Mohammed Bouderbala en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) improvisado de Archidona durante el invierno de 2017 no se han practicado todas las diligencias ordenadas por los magistrados y además se ha extraviado una petición de la Fiscalía que perseguía aumentar el tiempo de investigación, tasado en seis meses en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

“El examen de lo actuado revela que no se han practicado las diligencias ordenadas por la Audiencia Provincial en el auto de 26 de junio y cuya práctica dispuso el auto de 18 de septiembre por el juzgado de instrucción”, se lee en un escrito de la Fiscalía de Málaga enviado el pasado 22 de julio al juzgado de Archidona encargado de investigar el caso.

La Audiencia había ordenado el pasado mes de julio. que se tomase declaración al médico que atendió a Bouderbala, al director accidental del CIE, un Inspector Jefe de la Policía Nacional, y a los dos agentes que lo levaron a la celda, la número 41 del módulo 3, en la que se le halló muerto. Los jueces quieren saber si existía un riesgo real de suicidio y si este se incrementó al mantener a Bouderbala aislado y sin comer durante varias horas.

Un año después, según el escrito del fiscal revela que “no se ha recibido declaración en calidad de testigo” de uno de los policías ni tampoco “se ha oído en declaración al médico del centro que asistió [a Bouderbala]” porque en su lugar se tomó declaración al médico que lo vio una vez que ya estaba muerto. “Ha manifestado que no reconoció en vida [a Mohammed Bouderbala], sino que intervino el día de los hechos cuando [este] fue hallado en la habitación en posición decúbito lateral y con signos aparentes de fallecimiento”.

La Fiscalía añade que “procede dar cumplimiento a las diligencias ordenadas y acordadas en tiempo y forma”, algo a lo que ha accedido el juez de instrucción, quien ha convocado al agente en el juzgado en septiembre y ha solicitado a la clínica que atendió a Bouderbala que identifique a los médicos que lo asistieron antes de su muerte para que también sean oídos como testigos.

La familia de Bouderbala, diversas ONG y los partidos políticos como IU y Podemos habían recurrido el archivo primigenio de la causa al entender que se había cerrado sin que se hubiese investigado lo suficiente.

Extravío

La Fiscalía, finalmente, añade que una vez practicadas estas pruebas, a la vista del resultado de las mismas, se podrá valorar si procede o no el archivo del caso, “sin que haya lugar -como se ha acordado por providencia de 3 de julio de 2019- a la práctica de otras diligencias que no han sido ordenadas [ya], al no haber sido declarada la complejidad de la causa”, lo que hubiera prorrogado el tiempo de investigación del caso.

La Fiscalía afirma también que no consta unido al procedimiento “por causas desconocidas motivadoras de extravío” el informe en el que solicitaban precisamente una prórroga para ampliar el tiempo destinado a las pesquisas. “[El informe] aparece registrado en la aplicación informática de la Fiscalía”, remacha el escrito al que se adjunta una copia de la petición de ampliación de la causa.

Durante el invierno de 2017, el ministerio del Interior, que entonces dirigía Juan Ignacio Zoido, decidió improvisar en lo que iba a ser el penal de Archidona un CIE improvisado, ante la llegada de más de 500 argelinos llegados en patera a las costas murcianas y andaluzas. La cárcel de Archidona fue habilitada e Interior comenzó desde ese momento los procedimientos de expulsión.

Los inmigrantes protagonizaron varias protestas por las malas condiciones del centro, constatadas por el Defensor del Pueblo, quien detectó "numerosas carencias" en la cárcel y puso en duda su idoneidad para ser utilizada como CIE. También. se produjeron varias quejas por la “agresividad policial”. En una de las celdas apareció ahorcado Mohammed Bouderbala.