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Desahucio exprés El Constitucional admite estudiar el recurso de Podemos contra la ley que agiliza los desahucios de viviendas

Estudiarán si la reforma en la Ley de Enjuiciamiento vulnera el derecho a la vivienda y la inviolabilidad del domicilio.

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Imagen de un desalojo de okupas en Barcelona.- EFE

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra la Ley l la ley impulsada por el PDeCAT para agilizar los desahucios de viviendas ocupadas, que se aprobó en las Cortes antes del verano.

Se trata de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas, una norma que a juicio de Podemos vulnera derechos recogidos en la Constitución, como el derecho la vivienda, la inviolabilidad del domicilio y el principio de tutela judicial efectiva.

El Tribunal da traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que en un plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos recurrió la reforma a mediados del pasado mes de septiembre alegando que su aplicación permite la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables, algo contrario a los tratados internacionales en relación con la vivienda, y señalan que ejecutar el desahucio en tan solo cinco días impide la posibilidad de alegar si los ocupantes no pueden demostrar su derecho sobre esa vivienda en ese plazo.

La norma, abunda Unidos Podemos, tampoco cuenta con medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad y, aunque la ley excluye a gestores privados de vivienda social, bancos y fondos buitre, consideran que en la práctica la ley podría ser utilizada de forma fraudulenta por parte de fondos buitre.

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