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Desahucios Iglesias quiere que la prohibición de los desahucios se apruebe la próxima semana y avanza nuevas negociaciones en mayo

"Vamos a intentar que esté listo para el próximo Consejo de Ministros y, si no se puede, para el siguiente", asegura el vicepresidente segundo del Gobierno. Iglesias avanza que tras la aprobación de los Presupuestos no habrá cambios en el Gobierno.

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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en una imagen de archivo en el Congreso. Chema Moya / EFE

alexis romero / manuel sánchez

El objetivo del Gobierno de coalición es que la ampliación de la prohibición de los desahucios, acordada ya entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, sea efectiva antes de las fiestas navideñas. El vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha dado un paso más y ha avanzado cuál es el plazo por el que trabajarán para la aprobación de esta medida.

"Vamos a intentar que esté listo para el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, y si no se puede, para el siguiente", ha asegurado Iglesias durante una entrevista en La Hora de la 1. Este miércoles las partes negociadoras anunciaron que se había llegado a un acuerdo para ampliar la prohibición de los desahucios mientras se prolongue el estado de alarma a través de dos reformas previstas.

La primera consiste en desligar la condición de vulnerabilidad, necesaria para evitar un desahucio, de las consecuencias directas de la pandemia del coronavirus. Una familia vulnerable y sin alternativa habitacional no podrá ser desahuciada, aunque su situación no haya sido causada de forma directa por la covid-19.

La segunda reforma tiene que ver con el proceso administrativo y los requisitos necesarios para evitar que se produzca un lanzamiento. Con esta nueva medida, la administración no podrá desalojar a una familia vulnerable si antes no ha encontrado una alternativa habitacional que, obligatoriamente, sea vivienda digna (no se podrá realojar a las familias en albergues o polideportivos). 

Además, los servicios sociales de las comunidades autónomas serán los encargados de declarar vulnerable a una persona a través de un informe vinculante que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad. El acuerdo todavía no está del todo cerrado, ya que faltan cuestiones como la prohibición de los cortes de suministros básicos.

El vicepresidente segundo ha avanzado, además, que su intención es la de volver a negociar en mayo, cuando el estado de alarma decaiga, con el objetivo de extender la prohibición de los desahucios más allá del plazo previsto en el acuerdo. "En mayo habrá que volver a discutir porque no se puede dejar a estas familias en la calle aunque no haya estado de alarma. El artículo 47 de la Constitución dice que la vivienda es un derecho", ha defendido.

Trabajo estudia la jornada laboral de 32 horas

Preguntado sobre posibles movimientos en el seno del Ejecutivo, una vez se aprueben los Presupuestos (previstos para finales de diciembre), Iglesias ha avanzado que "no va a haber cambios en el Gobierno", pero que "sí habrá discusión". "Los programas de legislatura no quedan en papel mojado", ha añadido, refiriéndose a que aún quedan cuestiones pendientes del programa de coalición que suscribió en diciembre de 2019 junto a Pedro Sánchez.

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el vicepresidente de Derechos Sociales ha defendido que "no hay acuerdo", después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asegurase el martes que se había logrado un pacto con el PP y que solo quedaba "hacerlo público", unas declaraciones que fueron desmentidas por los de Pablo Casado. "Teodoro García Egea dijo que no iban a llegar a ningún acuerdo porque estamos nosotros en las negociaciones. No hay ningún acuerdo, y nosotros estamos agotando la paciencia. Si el PP no quiere llevar a cabo ese acuerdo, habrá que buscar fórmulas".

También ha sido preguntado Iglesias sobre la propuesta de Más País, defendida durante la tramitación de los Presupuestos en el Congreso, de reducir la jornada laboral a 32 horas y 4 días a la semana. El vicepresidente ha asegurado que le parece "interesante" y ha avanzado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya estaría estudiando la propuesta: "Creo que se va a trabajar para reducir la jornada laboral en el marco del diálogo social", ha concluido. 

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