La Vicepresidencia de Derechos Sociales (dirigida por Pablo Iglesias) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (dirigido por José Luis Ábalos) han alcanzado un acuerdo para ampliar la prohibición de los desahucios mientras se prolongue el estado de alarma decretado para luchar contra la pandemia del coronavirus. Así lo han confirmado este miércoles fuentes de la Vicepresidencia segunda y del Ministerio de Transportes, que desde la pasada semana negocian esta medida.

El acuerdo hace efectiva la ampliación de los desahucios al separar las condiciones de vulnerabilidad necesarias para evitar el lanzamiento de las consecuencias directas de la covid-19. Esto quiere decir que ninguna persona en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional podrá ser desahuciada, aunque su situación no haya sido provocada directamente por la pandemia.

Para garantizar que no se producen desahucios sin alternativa habitacional, el decreto establecerá que no se podrá ejecutar un lanzamiento si antes la Administración no ha encontrado una solución para que las familias vulnerables que van a ser desahuciadas sean realojadas en una vivienda digna.

Serán las comunidades autónomas las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional que, en virtud del acuerdo, será siempre una vivienda digna (no se considerarán alternativas habitacionales, por ejemplo, los albergues). Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo.

La concesión de la condición de vulnerabilidad que impide el desahucio también recaerá en las comunidades, ya que serán los servicios sociales de los territorios los que declaren vulnerable a una persona a través de un informe vinculante que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad.

El acuerdo también incluye a las familias en precario en viviendas de grandes tenedores (propietarios de más de una decena de viviendas). En este caso, las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.

Los cortes de suministros, en el aire

A principios de noviembre, tras alcanzar un acuerdo de Presupuestos, la Vicepresidencia de Derechos Sociales, dirigida por Pablo Iglesias, planteó en el seno del Gobierno la necesidad de prohibir todos los desahucios en plena segunda ola del coronavirus. "En pleno estado de alarma, que implica un toque de queda, y los sucesivos confinamientos parciales que se están decretando por parte de las comunidades autónomas, no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios", defendieron entonces desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

A pesar de plantear esta propuesta, las negociaciones no se iniciaron hasta la semana pasada, después de que Unidas Podemos, junto a ERC y EH Bildu, registraran una enmienda a los Presupuestos que recogía la prohibición de los desahucios hasta diciembre de 2022. El secretario general de Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, han sido los encargados de negociar la ampliación de la prohibición de los desahucios.

Tras lograr este acuerdo (que no ha cubierto todos los supuestos que exigían desde un principio en Unidas Podemos), queda por cerrar un pacto en materia de cortes de suministros mientras se prolongue el estado de alarma. 

El Ejecutivo aprobó en marzo la suspensión de los desahucios para los hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta seis meses después de expirar la declaración del primer estado de alarma, así como una medida para garantizar el abastecimiento de los suministros básicos, prohibiendo los cortes de agua y luz (primero en el caso de las familias más vulnerables y después extendiendo la cobertura al conjunto de los hogares) mientras siguiera vigente el estado de alarma.

A finales de septiembre, se decidió ampliar la prohibición de los desahucios tras una negociación entre el PSOE y Unidas Podemos (en los mismos términos que en el decreto de marzo) hasta el 31 de enero; también se hizo lo propio en julio con la prohibición del corte de suministros, pero en este caso, hasta el 30 de septiembre, sin que tuviera lugar una nueva ampliación hasta enero; por lo que, desde esa fecha, la medida de los cortes de suministros no tiene vigencia.

La reivindicación de los de Iglesias es recuperar estos cortes durante, por lo menos, la duración del estado de alarma decretado por el Ejecutivo para contener la segunda ola de contagios. Sin embargo, y a pesar de que desde Transportes aseguran estar abiertos a impulsar medidas en este sentido, todavía no se han producido avances en esta materia, aunque siguen negociando. Fuentes del Ministerio dirigido por Ábalos explican que la vía para impulsar la prohibición de los desahucios y el plazo para aprobarlo se decidirá cuando haya un acuerdo en el asunto de los cortes de suministros, ya que la idea es que las dos medidas se impulsen bajo la misma fórmula legal.