El Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, inaugurado en 2008, tras el cierre del antiguo hospital en el barrio homónimo de Madrid, fue concebido dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias del gobierno regional de Esperanza Aguirre como un centro público de gestión privada, como ocurrió con otros seis hospitales madrileños. La UTE formada por Dragados, S.A, Bovis Lend Lease, S.A. y Sufi, S.A. resultó en 2005 adjudicataria para la construcción y explotación del hospital por 30 años. En la actualidad es un fondo canadiense el que acumula la mayor parte de las acciones de la concesionaria, Hospital de Majadahonda S.A.

El canón de dinero público que recibe la concesionaria por el mantenimiento de la obra pública y la prestación de los servicios residenciales y complementarios no sanitarios del hospital depende del número de camas existentes, entre otros factores. Poco antes de la inauguración del hospital, se eliminaron 135 camas, al convertir otro tanto de habitaciones dobles en habitaciones individuales.

Sin embargo, el contrato con la concesionaria no se modificó para adecuar el presupuesto público al número de camas reales, por lo que el perjuicio para las arcas públicas madrileñas fue en torno a los diez millones de euros, según cree la Fiscalía Anticorrupción que presentó en diciembre de 2020 una querella por ese asunto contra Elena de Mingo, directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, entre abril de 2008 y julio de 2011. 

Elena de Mingo está imputada por este agujero de diez millones de euros en el Juzgado de Instrucción 53 de Madrid. Ahora Anticorrupción solicita a la jueza la imputación también de Esperanza Aguirre, presidenta regional entre 2003 y 2012, y del exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, por presuntos delitos de prevaricación y malversación por la modificación del contrato con la concesionaria Hospital de Majadahonda S.A. "prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas". 

Como "sustento habilitante justificativo" de dicho acuerdo se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de la Dirección General de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, pero dicha resolución nunca existió, según indica la Fiscalía que lo ha comprobado a través "de los oportunos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid". 

Ademas de eludir el procedimiento administrativo oportuno, la reducción del número de camas en el Hospital Puerta de Hierro obvió otra cuestión fundamental para el interés público: modificar el número de camas que constaba en el contrato para que las arcas públicas madrileñas no asumieran ningún sobrecoste injustificado. "Se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos", indica Anticorrupción. 

Esperanza Aguirre y Juan José Güemes están imputados en la Audiencia Nacional dentro de una pieza separada de la macrocausa 'Púnica'. En concreto, la línea de investigación que indaga en la financiación irregular del PP. El juez instructor, Manuel García-Castellón, investiga los contratos con las adjudicatarias de siete hospitales públicos madrileños, incluido el Puerta de Hierro Majadahonda por considerar que pueden ayudar a desentrañar la maraña en torno a la caja b del PP de Madrid. 

La Comunidad de Madrid ha reducido 3.000 camas hospitalarias respecto a hace una década, según una investigación de Público. Un descenso que supone un 18% en los últimos diez años. Según datos obtenidos a través del Portal de Transparencia y cotejados con las últimas memorias del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), las camas actuales [en febrero de este año] son exactamente 2.789 menos que en 2011, cuando había 15.459. Y son tan solo 105 camas más que hace dos años, en 2018, cuando había 12.565 operativas. 

Desmantelamiento de la sanidad pública

El desmantelamiento de la sanidad pública en Madrid ha sido una constante desde que Esperanza Aguirre asumiera el gobierno de la Comunidad de Madrid, en 2003. Su Plan de Infraestructuras Sanitarias, efectuado en dos etapas, entre 2004 y 2011, redundó progresiva y negativamente en la calidad sanitaria, como se desprende del Informe de Fiscalización del Gasto Sanitario y Farmacéutico de la Comunidad de Madrid (2011-2015) realizado por la Cámara de Cuentas regional, en el que se hace referencia a los sobrecostes de los 'siete hospitales Modelo Hipoteca' que puso en marcha Esperanza Aguirre.

Respecto a estos centros, entre el que figura el Hospital Puerta de Hierro, Más Madrid denunció hace un año y medio ante el Tribunal de Cuentas y ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia la gestión de la sanidad madrileña del PP tras elaborar dos informes que apuntan a que se podrían haber cometido delitos de fraude, malversación y competencia desleal. En concreto, señalan irregularidades en el convenio firmado con la Fundación Jiménez Díaz y en el modelo de concesión de los hospitales de gestión privada creados en la etapa de Aguirre.

Entre las conclusiones de los estudios de Más Madrid, se menciona el "crecimiento exponencial de la deuda y una disminución de los recursos efectivos", explicando que los nuevos centros se desarrollaron a partir de eliminar recursos de otras infraestructuras públicas ya existentes, lo que se ha traducido en un mero trasvase de fondos públicos a través de un modelo pensado en la obtención de beneficios privados contrarios al interés público". Ya en 2018 Podemos denunció que los sobrecostes para las arcas madrileñas por los hospitales de gestión privada ascendían a 3.000 millones de euros.