Al menos uno de los cuatro investigadores privados detenidos la semana pasada en Madrid y Málaga por inspectores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha reconocido voluntariamente ante los agentes, y en presencia de su abogado, haber participado en dispositivos de seguimiento y grabación de vídeos "al juez Urquía y a un tal Mateo", acompañando a una de las detectives también detenida la semana pasada.

El interrogatorio a este investigador tuvo lugar el pasado 19 de febrero, el mismo día de su detención, en las dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga.

Esta operación policial se circunscribe en las pesquisas de la 'pieza Pintor', dentro de la causa abierta por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. En este caso, la investigación sigue la pista al entramado de colaboradores entre quienes estarían los detenidos, supuestamente subcontratados por el comisario Villarejo para cumplir encargos de terceros, entre estos los empresarios Juan y Fernando Muñoz Támara –marido y cuñado, respectivamente, de Ana Rosa Quintana–, que buscaban supuestamente reunir material útil con el que extorsionar, al parecer, al exjuez Francisco Javier Urquía y a una segunda persona.

El marido de Ana Rosa y su relación con Villarejo

El exmarido de la presentadora, Juan Muñoz, y su hermano habrían contratado al comisario Villarejo para que les solucionara un problema judicial que tenían con un colaborador, cuyo abogado era el exjuez Urquía. El comisario jubilado –actualmente en prisión– habría pensado cumplir el encargo extorsionando al letrado con una grabación realizada en 2006. Pero al parecer los hermanos Muñoz solicitaron hacer un nuevo vídeo en 2017, que podría haber sido conseguido finalmente por algunos de los detectives y colaboradores detenidos la semana pasada en Málaga y Madrid.

De los cuatro detenidos el único que no es detective privado es J. M. L. L., nacido en Valencia en 1971 y residente en Málaga, quien se presenta como escolta y vigilante de seguridad. Tras su detención la semana pasada, accedió a declarar ante los agentes renunciando a su derecho de no hacerlo y a aguardar a su comparecencia ante el juez instructor, como suele ser habitual.

En el interrogatorio diversas fuentes aseguran que el detenido fue muy colaborador. Nada más comenzar el interrogatorio reconoció ante los agentes haber cumplido una pena de seis meses de prisión en 2017 por impago de un mes de manutención.

La primera pregunta fue si conocía a Rafael Redondo (socio de Villarejo) y al propio José Manuel Villarejo, a lo que respondió que al primero no, pero al segundo sí, "porque era amigo de su exjefe, Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid", para el que dijo haber trabajado "en el servicio de contravigilancia a través de la empresa Prosegur".

Siguieron y grabaron al exjuez Urquía

Los policías insistieron en saber si había trabajado alguna vez para Villarejo, y si bien afirmó "no tener constancia de ello", sí reconoció no obstante haber colaborado con una detective llamada N. –detenida el mismo día que él en Madrid– que sí conocía al comisario jubilado, y a la que solía acompañar en sus servicios "a modo de aprendizaje".

El ex 'escolta' de Blesa declaró también ante los inspectores que "un conocido suyo [de la detective N.] llamado Gervasio, militar, de Granada y posible miembro del CNI, que ha estado en destinado en la embajada de Colombia, fue el que presentó a N. a Villarejo para hacer trabajos para el CNI”. Y entre dichos "trabajos" estaba el de hacer "vigilancias al exjuez Urquía y a un tal Mateo".

En su declaración, el exvigilante de Prosegur reconoció haber participado en dispositivos de seguimiento y grabación al exjuez en la vía pública, pero negó haber realizado grabación alguna en el interior de un bar de Marbella como el especificado por los agentes en sus preguntas al detenido.

En todo momento el "aprendiz" de detective negó, a preguntas de la Policía, haber recibido ningún tipo de contraprestación económica por sus servicios. "Iba por acompañar y aprender, pero nunca recibió pago por estas tareas", y aseguró a los agentes que según le manifestó la detective N. "los trabajos se hacían para el CNI" y "el Sr. Villarejo únicamente era el intermediario".