El llamado cohecho impropio, ese delito que el Código Penal viene a definir como un soborno a medias cometido por un cargo público que recibe regalos sin dar nada a cambio, se castiga con multa de hasta 72.000 euros. Pero el PP no ha cesado de repetir estos días que al presidente valenciano, Francisco Camps, sólo le tocaría pagar 2.500 euros en el peor de los casos.

A partir de ahí, Mariano Rajoy concluyó el miércoles que el president ya 'lleva cuatro meses pagando una pena mucho mayor' que la que le reportaría ser declarado culpable: la 'pena de banquillo'. Con esa queja los conservadores lanzan un dardo camuflado contra los jueces culpables de que Camps pero no sólo él se vea en su actual situación: imputado por soborno aun en su versión más suave, con un pie en la sala de juicios y aferrado simultáneamente a dos afirmaciones contradictorias sobre sus trajes.

Cuando estalló el escándalo, el PP dirigió su munición contra Garzón

En el comienzo, cuando la operación Gürtel estalló el 6 de febrero, el PP disparó toda su munición contra el juez Baltasar Garzón. Pero el caso ha pasado por las manos de otros 16 jueces. Y, hasta el momento, todos han avalado y rubricado que los indicios de delito son más que suficientes para investigar. La imputación de Bárcenas es el corolario.

Garzón se inhibió el 5 de marzo a favor de los tribunales superiores de Madrid y Comunidad Valenciana al aparecer en la causa indicios de que distintos aforados de esas dos comunidades podrían estar implicados. El primero en responder fue el Tribunal Superior de Madrid (TSJM), que el 31 de marzo aceptó la competencia. Dirigida por el presidente del tribunal, Francisco Javier Vieira, la Sala Civil y Penal del Tribunal dio vía libre a la investigación y nombró instructor a uno de sus miembros, el juez Antonio Pedreira. Los cuatro miembros de la Sala (Vieira, Flors, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro) apoyaron el auto. Lejos de refutar las tesis de Garzón, Pedreira las confirmó e impuso elevadas fianzas a cuatro cargos del PP.

Diecisiete es la suma de los magistrados de la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Madrid, del de la Comunidad Valenciana, del Supremo y de un juzgado de lo Social que en algún momento han tenido que decidir sobre el caso. La decisión del Supremo de admitir la instrucción y eventual enjuiciamiento del tesorero del PP y el diputado Jesús Merino hizo dar un salto cualitativo al caso.

En el partido creen que les beneficia la división de la causa en varios tribunales

Quien sostiene la existencia de indicios delictivos contra el dirigente estatal del PP no es ya Garzón, el 'juez socialista' definición favorita de Esperanza Aguirre a quien los conservadores acusaron de emprender una 'cacería' política tras irse montería con el hoy ex ministro Mariano Fernández Bermejo. Muy al contrario, quienes apuntan ahora a Bárcenas son Juan Saavedra, presidente de la Sala Penal del Supremo y miembro de la asociación Francisco de Vitoria, de talante centrista, y los otros cuatro magistrados que conforman la Sala de Admisión de Causas Especiales. Entre esos cuatro figura Miguel Colmenero, que fue presidente de la Asociación de Fiscales antes de pasar como juez al Supremo y a quien se considera adscrito al sector conservador.

Y quien en el Supremo instruye las diligencias derivadas por el TSJM, Francisco Monterde, tampoco pertenece al denominado sector progresista. Afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Monterde ocupó en 1996 una plaza de vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. El lunes pasado, el magistrado comunicó la incoación de diligencias previas, es decir, su apertura. Cuando reciba la documentación que debe remitirle el TSJM desvelará si cita a declarar como imputados a Bárcenas y Merino. Resulta imposible anticipar cómo acabará su instrucción pero, de momento, ya ha citado a declarar en calidad de 'imputados provisionales' fórmula inexistente en el ordenamiento español a Bárcenas y Merino.

A De la Rúa, su amistad con Camps no le ha llevado a pensar en inhibirse

El cómputo de los 17 jueces que han adoptado alguna decisión en referencia al caso Gürtel incluye a la magistrada madrileña de lo social Pilar Varas, que declaró improcedente el despido del sastre José Tomás García, responsable de las tiendas Milano y Forever Young de donde salieron los trajes de Camps y los otros tres cargos del PP imputados en Valencia. Durante meses, y rebautizando a Tomás como 'el falso sastre', los conservadores trataron de desacreditar le y dieron por bueno que había ordenado falsificar facturas. Esa acusación, que sirvió de base para su despido, resultó falsa, y así lo remacha el dictamen de la juez Varas.

¿Se falsificaban facturas en la empresa? Sí, responde la juez. Pero no fue Tomás quien ordenó hacerlo, dice la sentencia. Se trataba de una práctica 'habitual y conocida por la asesoría contable' de la firma. Algunas de esas facturas falsas se emitieron a nombre de Orange Market. Otro empleado, que reconoció haber ordenado el falseamiento, admitió que el camuflaje se hacía a petición de 'clientes importantes'. Clientes que, por ejemplo, querían mantener en secreto el encargo de trajes para altos cargos de la Generalitat.

Para Camps, que telefoneó ocho veces al sastre mientras este declaraba ante la Policía, la sentencia de la juez Varas agrava el estado de cosas. Con esa sentencia, dictada el 13 de julio, llueve sobre mojado para el presidente valenciano, quien una semana antes, el día 6, había recibido el mazazo del auto del juez José Flors.

El magistrado consideraba que 'muy probablemente' Camps y los otros tres implicados habían recibido los trajes. Ese auto se erige en preámbulo de la apertura de juicio oral con juzgado salvo que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior dé la razón a Camps y opte por archivar el caso.

El archivo es una posibilidad cierta. De hecho, para el PP fue un éxito conseguir que, bajo la dirección de su presidente, Juan Luis de la Rúa, el Tribunal Superior valenciano pusiera desde el inicio límites a su propia investigación. Previamente, los conservadores ya habían cosechado un primer éxito: lograr que la causa se dividiera, lo que complica las pesquisas sobre una trama que se regía por las mismas pautas allí donde actuase.

Desde que el 21 de abril aceptó la competencia de indagar lo ocurrido en Valencia en un auto cuyo ponente fue el propio De la Rúa, la máxima del TSJCV ha sido trajes, trajes, trajes. Y lo demás, al cajón. Como ya informó Público, en el PP admiten que el partido está presionando para conseguir que De la Rúa, cuya amistad con Camps no le ha llevado en ningún momento a plantearse la inhibición, imponga el sobreseimiento.

A la Sala que debe ver el recurso de Camps también pertenece Juan Montero, que, en febrero, desechó en una semana y sin practicar pruebas las acusaciones que pesaban contra el ex alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, por haber presuntamente permitido la malversación de seis millones de euros en Mercalicante. El tercer juez que decidirá sobre recurso es José Francisco Ceres.

El auto de admisión dictado el 21 de abril llevaba firma de los tres jueces citados De la Rúa, Montero, Ceres y de los otros dos miembros de la Sala: Juan Climent y José Flors, el juez que el viernes decidió seguir adelante con la causa sin esperar a que se resuelvan los recursos de Francisco Camps y sus compañeros de militancia y presunta actividad delictiva.