Los cinco vocales de la Asociación de Fiscales (AF) en el Consejo Fiscal creen que la fiscal general, Dolores Delgado, no ha dado en el pleno de este miércoles las suficientes explicaciones sobre la presunta represalia sufrida por el fiscal Ignacio Stampa, apartado del 'caso Villarejo' y que se quedó sin plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción, el 27 de octubre de 2020.

La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, ha solicitado una serie de documentación sobre el caso, que le ha sido denegada por estar considerada "materia reservada".  "Se nos ha denegado dicha información, alegando que se trata de materia reservada. Consideramos que la materia no se puede considerar reservada, por ser necesario su conocimiento para el ejercicio de las funciones propias del Consejo Fiscal y porque el propio interesado- único al que puede afectar- ha solicitado su exhibición", consta en un comunicado de AF. 

La documentación requerida "por ser esencial" y denegada versa sobre si el bufete del exjuez Baltasar Garzón, pareja de Dolores Delgado, se ha encargado de la defensa de algún imputado en la causa 'Tándem' o 'caso Villarejo', al que estaba asignado Stampa en comisión de servicios desde 2017 y del que tuvo que salir al ser denunciado por Vox por presunta revelación de secretos a los abogados de Podemos, personados en el caso. 

El bufete de Garzón, Ilocad, representa al ex jefe adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino; y al comisario Enrique García Castaño, ambos imputados en 'Tándem'. El último además, amigo del exjuez Garzón.

También ha pedido esta asociación los expedientes disciplinarios incoados al fiscal Stampa por parte de la Fiscalía General del Estado, tanto archivados como aún en tramitación. Hay que recordar que sobre Stampa pesa un expediente a raíz de interponer una reclamación patrimonial de 245.203 euros en el Ministerio de Justicia por "irregularidades" en el proceso de selección de ocho plazas vacantes en Anticorrupción. El fiscal, destinado ahora a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, considera que Delgado debió abstenerse en el proceso de selección para Anticorrupción por tener "interés personal", al estar el bufete de su pareja personado en 'Tándem'.

Stampa no logró una plaza fija en Anticorrupción al no recibir ni un voto a su favor por estar investigado por la denuncia de Vox. Sin embargo, para la fecha del pleno en el que se adjudicaron las plazas, se había propuesto por parte de la Fiscalía de Madrid el archivo de las diligencias por no hallar indicios de delito. Pero esta información se hurtó al Consejo Fiscal, como demuestra la documentación a la que ha podido acceder este diario.  

Estos fiscales han pedido a Delgado además los nombres de los fiscales y abogados que participan en el caso 'Villarejo' y toda la información relativa a las diligencias de investigación que se siguieron contra el fiscal Ignacio Stampa, de las que este diario ha informado y que reflejan presiones en forma de sugerencias del jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García, considerado hombre de confianza de Delgado, hacia el entonces fiscal jefe de Madrid para alargar las diligencias contra Stampa. 

La asociación de Fiscales considera que Delgado "debió abstenerse" en esas  diligencias de investigación incoadas contra Stampa "por ser parte afectada". Ha asegurado que a su juicio la fiscal "no puede" adoptar decisión, "ni intervenir en los debates por impedirlo el artículo 15.2 del Reglamento de régimen interior de Consejo Fiscal", porque consideran que "concurre causa de abstención".

La asociación indica que se ha visto "obligada" a reproducir públicamente la petición hecha a Delgado por escrito. "Entendemos que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas", han indicado los vocales de AF y han exigido "una respuesta expresa, razonada y no restrictiva" al considerar que se trata de una "petición imprescindible para el ejercicio de nuestras funciones".

La versión de la FGE

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha emitido otro comunicado dando cuenta de lo acontecido en el pleno de este miércoles. La primera conclusión que se expone es que la fiscal general estaba obligada a realizar propuestas de nombramiento para Anticorrupción; en este caso, ninguna a favor de Stampa. "La Fiscal Jefa de la Inspección Fiscal ha informado que no existe cobertura legal para que un/a Fiscal General del Estado se abstenga de realizar propuestas de nombramiento discrecional".

Además, señala el comunicado que "en este caso concreto, pese a las informaciones difundidas, no concurría causa objetiva alguna que afectase a la imparcialidad de la Fiscal General del Estado". 

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha señalado que de la investigación realizada en la causa 'Tándem' no se deriva contenido penal alguno en relación con la fiscal general "ni nadie relacionado con ella", obviando los encuentros amistosos de Delgado con el propio comisario Villarejo, el principal acusado en el caso. 

Luzón ha intentado dar un balón de oxígeno a Dolores Delgado al afirmar en el Consejo Fiscal que, lejos de sufrir perjuicio alguno, la tramitación de la causa Tándem continuó de "manera eficaz" tras la designación de los fiscales anticorrupción que sustituyeron a Ignacio Stampa. La FGE recuerda que en la actualidad, tres piezas separadas de este procedimiento (piezas Iron, Land
y Pintor) están siendo objeto de enjuiciamiento ante la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, "en las cuales el Ministerio Fiscal solicita más de 100 años
de prisión contra el ex comisario D. José Manuel Villarejo Pérez". 

Según informa la Fiscalía, el acta del pleno celebrado el 27 de octubre de 2020 recoge que ninguno de los vocales del Consejo Fiscal "preguntó o hizo mención alguna" a las diligencias de investigación tramitadas contra el fiscal Stampa, pero en cambio, sin ser preguntado, el entonces fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena Pastor, informó a los vocales del archivo de otra denuncia que se había interpuesto contra Stampa ante la Inspección Fiscal, relacionada con la misma causa 'Tándem'.

Sobre las diligencias por el presunto delito de revelación de secretos, ni la fiscal general ni el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la FGE, Álvaro García, informaron aquel día de que se había propuesto su archivo apenas cuatro días antes.

Asegura la FGE que varios vocales hicieron constar en sus informes orales previos a la votación su intención de "proponer perfiles serios, discretos, rigurosos y alejados de la polémica". 

Conforme se desprende del acta, continúa el comunicado, una vez efectuada la votación en el seno del Consejo, el fiscal Stampa no obtuvo ninguno de los ochenta votos emitidos para las ocho plazas a las que concurrió. Teniendo en cuenta que los vocales creían que el fiscal seguía imputado no le dieron su aval. "Su compañero en la llevanza de la causa 'Tándem', Miguel Serrano Solís, también peticionario de las mismas ocho plazas, obtuvo cinco votos, siendo propuesto para su nombramiento por la Fiscal General del Estado", consta en el comunicado de la FGE. 

En las diligencias a las que ha podido acceder Público y que ahora han sido declaradas "materia reservada", según la AF, consta la declaración del fiscal Miguel Serrano negando la acusación de revelación de secretos a los abogados de Podemos y dudando de que Stampa mantuviera una relación "especial" con una abogada del partido morado, tal y como recogía la denuncia de Vox.

En el pleno de este miércoles ha comparecido también el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, considerado mano derecha de Dolores Delgado, quien ha tildado de "falsas" las informaciones sobre las diligencias de investigación sobre Stampa, explicando que él detectó "posibles defectos" de los que adolecía la tramitación de las citadas diligencias de investigación por el fiscal instructor de las mismas, Carlos Ruiz de Alegría. Este fiscal fue apartado de la investigación, de la que se hizo cargo su superior, el entonces fiscal jefe de Madrid, Jesús Caballero Klink, cuando se negó a seguir practicando diligencias, convencido de que el asunto debía archivarse por no haber indicio alguno de delito. 

Pese a las dos propuestas de archivo de Ruiz de Alegría, que Cabellero Klink envió a Álvaro García para su conocimiento, este sugirió más diligencias, incluso la repetición de los interrogatorios a los abogados de Podemos y al letrado despedido del partido, José Manuel Calvente, que insistía, sin pruebas, en que Stampa mantenía una relación "inapropiada" con una abogada de Podemos.