El decreto de escolarización aprobado el lunes en consejo de Gobierno se ha publicado hoy en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) y entra en vigor este jueves. A partir de esa fecha, el Ejecutivo, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, que preside Juanma Moreno, podrá ampliar prácticamente a discreción –con el único límite de la demanda que exista– con fondos públicos el negocio de la educación privada y concertada, que en Andalucía es mayoritariamente católica.

El decreto, que se ha elaborado sin consenso alguno con los profesores y trabajadores de los centros educativos de Andalucía y ha sido rechazado por ello por los sindicatos, modifica de manera sustancial los criterios de organización de la oferta educativa que regían hasta ahora en la Comunidad.

Uno de los artículos clave de la norma es el 4. Así, si en él antes –como ha comprobado Público comparando ambos textos, el decreto anterior y el nuevo– la administración educativa garantizaba "la existencia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población", ahora PP y Ciudadanos solo garantizan la existencia de "plazas suficientes".

Desaparece la palabra "públicas", con todo lo que ello implica: entre otras cosas, que en nuevos núcleos de población se podría dejar a las órdenes religiosas la creación de nuevos centros educativos y también en aquello en donde hoy no los hay. El presidente de la Junta, de hecho, dijo este miércoles al respecto, en el Parlamento: "Nos lo solicitan [los gestores de centros privados] que haya centros concertados". 

Además, el nuevo decreto habilita a la Consejería de Educación, hoy en manos de Ciudadanos, a la hora de programar la oferta educativa, a tomar "en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social". Hasta este decreto, en Andalucía, el concepto demanda social no estaba incluido entre los criterios de ordenación de la oferta educativa.

El decreto de PP y Ciudadanos, que ha saludado Vox, define demanda social de este modo: "La prioridad de elección de centro educativo que una familia desee para la escolarización de sus hijos e hijas partiendo de la planificación que realice la Administración educativa".

Ello implica que Educación podrá trasladar los fondos necesarios para ubicar a todas las familias que lo pidan en centros concertados. Esto es lo que PP y Ciudadanos llaman libertad de elección de centros.

Y esto es lo que los sindicatos temen que sirva para implantar, con el paso del tiempo, un modelo dual que incremente la brecha social y económica entre familias y la educación deje de estar al servicio de la equidad e inclusión social. Y, que, con ello, se quiebre el principio de la igualdad de oportunidades que tantos beneficios ha proporcionado al incipiente Estado de Bienestar Social en España y en Andalucía.

Con el decreto anterior en la mano, una cosa así no era posible. Con el nuevo decreto, lo es. A la vista de los datos disponibles, lo que el Gobierno de PP y Ciudadanos llama libertad educativa no se puede considerar un problema general en Andalucía. Hoy, según los datos oficiales, al 93% de las familias se le otorga el primer centro que eligen y al 97% se le adjudica uno del listado que presentan en los colegios y estos envían a las delegaciones de Educación.

Así, son el 3% de las familias quienes tienen, décima arriba, décima abajo, cada año problemas a la hora de escolarizar a sus hijos. Estos problemas, además, no necesariamente tienen que ver con la elección de colegios católicos. Por ejemplo, en el centro de Sevilla, el problema es el contrario. No hay apenas colegios públicos.

Libertad total solo para centros concertados

El artículo 9 recoge la previsión de que en los municipios, entidades o núcleos poblacionales en los que haya centros docentes públicos y privados concertados, "las áreas de influencia para cada enseñanza se configurarán de forma que las personas solicitantes tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo".

Es decir, que en el 18% de los municipios de Andalucía, los más poblados, donde se concentra el 75% de la ciudadanía, existe desde este jueves libertad total de elección –en función de las plazas que quiera disponer para ello el Gobierno andaluz– en lo que afecta a los centros concertados. No así para los públicos, para los que seguirán rigiendo criterios de proximidad más estrictos.

En Andalucía, la educación es hoy eminentemente pública, y –hasta la llegada de PP y Ciudadanos al Gobierno– el gasto educativo en la concertada llevaba años estancado en el entorno del 10% del total, incluida la Universidad.

Ante el anuncio de una huelga educativa el próximo 4 de marzo por parte de los sindicatos en contra del decreto, el Gobierno andaluz aseguró en un comunicado que "es un firme defensor de la educación pública, y también de la libertad de las familias a elegir el proyecto educativo que mejor consideran para sus hijos".

Educación agregó que "el decreto de escolarización no supone ninguna revolución, sólo viene a establecer determinados ajustes en el procedimiento de admisión, a mejorar garantías, a reforzar el equilibrio, la estabilidad, el orden y la transparencia a la hora de adjudicar vacantes, y a ampliar el número de familias que puedan elegir el tipo de centro".