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la educación en Andalucía El PSOE insta a Moreno a retirar el "decretazo" educativo mientras PP y Cs dicen que da más derechos a las familias

"Hablan de libertad cuando quieren hablar de negocio. Quieren imponer el código ideológico de la derecha española", afirma el socialista Jiménez Barrios. "[Nos quieren hacer] rehenes de su ideología", manifiesta, por el contrario, el consejero Imbroda.

Un crucifijo en un aula. EFE
Un crucifijo en un aula. EFE

raúl bocanegra

Manuel Jiménez Barrios, Chiqui, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, hoy diputado del PSOE, reclamó este jueves al Gobierno que retire el decreto de escolarización que permite al Ejecutivo que preside Juanma Moreno (PP) reforzar, si así lo desea, la enseñanza concertada, que en la Comunidad es mayoritariamente católica.

Jiménez Barrios, en un audio enviado por el PSOE de Andalucía a los medios, lo tachó de "decretazo" con el que PP y Ciudadanos quieren "imponer el código ideológico de la derecha española" y agregó, como una razón para que se produzca una rectificación del Gobierno que "ha indignado a toda la comunidad educativa".

"Ha puesto en pie de guerra a la educación en Andalucía y ha generado un problema donde no lo había", agregó el exvicepresidente. Los sindicatos, de hecho, han convocado una huelga en la enseñanza para el próximo 4 de marzo contra el decreto. "Los socialistas vamos a salir a la calle y a estar frontalmente contra ese decreto", dijo Jiménez Barrios.

Por su parte, el consejero de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), se pasó toda la mañana en el Parlamento aguantando el chaparrón al que le sometió la oposición y defendió la medida en numerosas ocasiones.

Imbroda, según un comunicado enviado por su departamento, manifestó que el decreto es más "moderno, avanzado y transparente" que el anterior y que otorga "más derechos a las familias".

El consejero manifestó que la nueva norma es el "decreto de las familias" porque "parte del postulado básico de dar a los padres y madres la libertad para elegir el centro escolar de sus hijos". Además, "incorpora el concepto de demanda social".

Este, el de la demanda social vinculada a la libertad de elección de colegio concertado como pilar a la hora de organizar los centros docentes en Andalucía, es precisamente uno de los puntos calientes de la discusión ideológica y de fundamentos del sistema educativo que este decreto ha planteado.

"Hablan de libertad cuando quieren hablar de negocio", dijo Jiménez Barrios. "Quieren inocular a la sociedad su ideología de derecha acérrima", agregó. "[Nos quieren hacer] rehenes de su ideología", manifestó, por el contrario, Imbroda. "Este gobierno va a continuar garantizando la libertad", apostilló durante una intervención parlamentaria.

Falta de consenso

El exvicepresidente criticó que tanto el presidente Moreno como Imbroda, hayan hablado de "consenso", algo que es evidente que no existe a la vista del rechazo sindical. Jiménez Barrios arremetió también contra Imbroda: "Después de casi 14 meses, todavía sigue en el proceso de aprendizaje de lo que significa la educación pública en Andalucía". "Aquí hay reflexión, hay análisis. Sí a la educación pública, no a la mentira", dijo Imbroda en el parlamento.

El consejero, además de defender los aspectos más polémicos del decreto, explicó que la norma progresa en la administración electrónica y en la protección de datos y añadió que incluye también medidas encaminadas a avanzar en la transparencia del proceso.

Entre ellas, citó el mantenimiento de las listas de espera hasta el inicio efectivo de las clases, en septiembre para que nadie pueda acceder a una plaza por el procedimiento de escolarización extraordinario antes que quienes en el procedimiento ordinario estuvieran en lista de espera en función del baremo.

Imbroda también afirmó que el decreto es más avanzado que el anterior porque se ajustan los baremos para dar más puntuación a quien más lo necesita, por cuestiones de renta y por sus circunstancias familiares.

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