Los sindicatos, familias y estudiantes que creen en la escuela pública como motor de igualdad, pluralidad, interculturalidad, progreso e integración, han organizado para este miércoles una huelga educativa a la que están convocados más de 100.000 docentes y trabajadores y trabajadoras de los colegios de Andalucía.

El motivo es la publicación y entrada en vigor, por parte del Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, de un decreto de escolarización que ha sido tachado por las centrales sindicales de "decretazo" porque, según afirman, ha llegado sin consenso alguno –"el consejero Javier Imbroda se ha saltado a la torera los criterios del consejo escolar de Andalucía"– y supone un "ataque en toda regla" a la escuela pública, "la única que garantiza la igualdad de oportunidades".

"Esto repercute en el profesorado. Si se cierran unidades, maestros y profesores serán desplazados", aseguran las centrales.

Es la primera vez desde 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante la LOMCE, en cuya  derogación trabaja el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que las fuerzas sindicales, familias y estudiantes se unen en Andalucía frente a una norma, como en esta ocasión, según dijeron en rueda de prensa este martes representantes de los sindicatos ANPE, CSIF, CCOO, UGT y Ustea, además de la Federación de Ampas y el Frente de Estudiantes.

Este es el primer reto social de calado al que se enfrenta debido a sus propias decisiones el nuevo Gobierno de Andalucía, formado por una coalición de PP y Ciudadanos. De momento, la respuesta del Ejecutivo es ni un paso atrás. "Las organizaciones seguimos manteniendo reuniones con el consejero. Su actitud es mantener contra viento y marea este decreto. Y de ahí este pulso que vamos a mantener en la calle", consideró Antonio Brea, del sindicato Anpe.

El consejero de la presidencia, Elías Bendodo, y el vicepresidente, Juan Marín, ejercieron de parapeto del presidente Moreno una vez más y, aunque afirmaron que la huelga era "legítima" y que la "respetaban", consideraron que no existían razones para la misma. Bendodo la tachó de "ideológica".

El Gobierno "lo que ha hecho simple y llanamente es permitir a los padres que elijan, que cualquier padre de Andalucía pueda elegir entre llevar a su hijo a un colegio público, concertado o privado, lo que le dé la gana", dijo Bendodo.

El punto 71 del acuerdo de Gobierno que tienen firmado PP y Ciudadanos recoge lo siguiente: "Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o la educación concertada".

Los sindicatos, las familias y los estudiantes convocantes negaron en rueda de prensa que la huelga tuviera un significado político, más allá del de defender la escuela pública, y dibujaron un panorama en el que "este decreto no es algo aislado": "Se da en un contexto de ataques a la pública desde hace 10 ó 15 años".

"Aquí hay representadas sensibilidades de todo tipo. Han conseguido tener a todo el mundo unido en contra de este decreto. No pueden decir que esto es una reacción política para defenderse de su decretazo. Han conseguido el consenso en la respuesta del decreto que han impuesto deliberadamente", dijo Beatriz Raposo, de Ustea.

También negaron que existiera un problema general en Andalucía con la libre elección de colegios. "Ya hay libertad de elección en los centros. El 93% recibe el colegio que pide. Por tanto, se está respetando la libre elección de las familias".

Las razones de la huelga

Manuela Tagua, del sindicato CSIF, explicó los cuatro motivos principales por los que todos los convocantes han decidido ir a la huelga. Por un lado, está la falta de consenso. "Han llegado con borradores y han desoído las aportaciones de los sindicatos. Se ha obviado al consejo escolar de Andalucía", dijo.

Por otro lado, está la pérdida de unidades en la escuela pública –un fenómeno no achacaba solo al Gobierno de PP y Ciudadanos, ya sucedía con el PSOE en la Junta–. "Desciende el índice de natalidad y se pierden unidades. Hasta 2.000 en los últimos años. Esta disminución del índice debe aprovecharse para bajar las ratios en las aulas y no para cerrar unidades. La educación pública se defiende mejorando las escuelas", dijo Tagua.

Además, está el artículo 9.4 del decreto, que el consejo escolar aprobó eliminar del decreto y que a pesar de la recomendación, el Gobierno aprobó y que dice así: "En los municipios o ámbitos territoriales en los que haya centros docentes públicos y privados concertados, las áreas de influencias para cada enseñanza se configurarán de forma que las familias tenga la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo".

Por último, Tagua se refirió a los artículos 2.9 y 2.10 del decreto, que se refieren al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y cuya redacción, argumentó, va a producir una segregación de ese alumnado. "Esto está creando guetos", resumió. "El alumnado irá a aquellos centros donde están los recursos. Esto no es la libertad de elección para el alumnado más vulnerable", abundó Rocío Begines de la Federación de padres y madres de Sevilla.

Alumnado en la pública

El 73,6% del alumnado estaba matriculado en la escuela pública en Andalucía al final del curso pasado, según los datos oficiales disponibles en la web del ministerio de Educación.  

La cifra está solo por debajo de la de Canarias (75,8%), Castilla La Mancha (80,9%) y Extremadura (80,2%). La media española es del 67,1%. La tendencia de los últimos años en Andalucía, con los gobiernos del PSOE, ha sido ligeramente descendente: en 2010, el porcentaje estaba en el 75%. Las Comunidades en las que es menor el porcentaje de estudiantes matriculados en centros públicos son el País Vasco –el 50,7%– y Madrid –el 53,2%–.

"Cuando empezó a correr este borrador, mirábamos a comunidades, como la de Madrid. Fue el inicio de la unificación de zonas. Eso es lo que tememos. Por eso es tan importante que llenemos las calles. Hay una clara hoja de ruta, donde prima lo privado por encima de lo público. Está pasando con este decreto y con esta toma de decisiones. Existe este peligro", aseguraron los sindicatos en rueda de prensa.

El objetivo de la huelga y de las movilizaciones es que se retire el decreto. Así lo resumió Tagua, de CSIF: "Ellos solos lo han elaborado y ellos solos lo han aprobado. No podemos aceptar un decreto que es un claro ataque a la escuela pública".