Una salida digna, pactada, ofrecer un puente de plata al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y mientras, ir lanzando mensajes de abandono por parte de altos mandos de las fuerzas armadas. Ésa parece ser la estrategia del autoproclamado presidente, Juan Guaidó, quién vaticinaba este sábado en un tuit: "El pronunciamiento del General de Aviación, Francisco Yánez, y la negativa de la PNB a reprimir al pueblo en Lara, muestran que cada vez más funcionarios policiales y militares están del lado de la Constitución y respaldan nuestra lucha. ¡Se sumarán más Venezuela, muchos más!".

Detrás de esa arenga de Guaidó, hay una estrategia de negociación que pasa por ofrecer a la cúpula militar que dirige Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) –el verdadero poder del país– unas buenas condiciones de salida del país si rompen con el Gobierno de Nicolás Maduro, lo que traería, asimismo, una grave fractura en el Ejército. En este tablero, España y Estados Unidos tienen su propio canal abierto a través del abogado de la PDVSA, el exjuez Baltasar Garzón, según han confirmado fuentes de la inteligencia española. Sin embargo, Público se ha puesto en contacto con el exjuez que niega estar intermediando y asegura que la PdVSA le llegó como cliente a través de un despacho de EEUU.

España ya ha hecho algunos movimientos respecto a los exdirectivos de la petrolera venezolana, acusados en nuestro país de blanqueo de capitales y, en Andorra, de defraudar 2.000 millones de euros a la compañía pública. En este sentido, la semana pasada, España confirmó la entrega a Estados Unidos del viceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2017, junto a otro grupo de exchavistas. La Fiscalía Anticorrupción había recurrido esta decisión y Villalobos había comenzado a cooperar, hasta el extremo de denunciar cómo la cúpula policial española sólo le requería información sobre Podemos y sus dirigentes. La confesión de Villalobos ya la desveló Público en octubre de 2016.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/PRENSA MIRAFLORES

De defender a los exchavistas, a trabajar para la petrolera estatal

Baltasar Garzón accedió a la sociedad estatal venezolana a mediados de 2017, aunque ya en 2012, su nombre había aparecido en grabaciones de la Operación Clotilde, donde se investigaba un posible blanqueo de capitales en el Banco Madrid, propiedad en ese momento de la Banca Privada de Andorra (BPA). En esas conversaciones, uno de los empleados andorranos asegura a un cliente venezolano residente en EEUU –con una fortuna forjada al calor del petróleo- que han "contratado a Garzón para atacar". El multimillonario era el conocido empresario venezolano Diego Salazar, primo hermano del exdirector de la PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, que fue embajador de Venezuela ante la ONU.

En su momento, Garzón negó haber sido contratado por la Banca Privada de Andorra (BPA) para ser el abogado de Salazar. Lo hizo durante la presentación de su último libro en Madrid, en 2016, al día siguiente de que el diario ABC desvelara la información. Asimismo, el exmagistrado dejó clara ya entonces su postura sobre la situación del país caribeño: "Hay un grave problema de derechos humanos" en Venezuela que se ve "en el día a día de las noticias".  

Por eso sorprendió entre investigadores de las diferentes causas que implican a los exchavistas que, presuntamente, están blanqueando 2.000 millones en España y Andorra, que Garzón aceptara como cliente a la petrolera del Estado que preside Nicolás Maduro para interponer una querella contra los exdirectivos Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera. Venezuela acusa a éstos de amañar contratos y defraudar a PDVSA, al menos, 500 millones de euros que fueron invertidos en España, concretamente, en fincas y pisos de lujo.

La querella contra la familia Rincón y otros millonarios venezolanos llevó a la detención de su hijo en España, en junio de 2018, por las inversiones que estaba realizando en nuestro país, aunque su padre llevaba ya procesado en EEUU desde 2015. Rincón Fernández admitió ante la Justicia estadounidense el pago de sobornos a la PDVSA para asegurar que se le diera prioridad a sus compañías, según informó en un comunicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.