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Elecciones 10-N El bloqueo político arrastra a la Diputación Permanente a otra campaña electoral y con un Gobierno en funciones

El Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará la próxima semana tres decretos a la Diputación Permanente, uno de ellos para repartir más de 5.500 millones a ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

La presidenta de la Diputación Permanente, Meritxell Batet, conversa con diputados de Ciudadanos / EUROPA PRESS

La Diputación Permanente volverá a reunirse en medio de una precampaña electoral para convalidar o rechazar decretos impulsados por el Gobierno. Después de la polémica que desató en la campaña que precedió a los comicios de abril, el bloqueo político y la necesidad de impulsar aquellas medidas más urgentes vuelve a forzar una reunión en el Congreso en pleno periodo electoral.

La Mesa de la Diputación decidió este lunes que el martes de la próxima semana los diputados del órgano debatirán y votarán tres reales decretos ley del Gobierno con contenido sobre distintas materias. Se trata de una batería de medidas para paliar los efectos de varias catástrofes naturales, como las inundaciones, de los últimos meses, un decreto para afrontar la quiebra de Thomas Cook, y otro para cumplir con las entregas a cuenta a ayuntamientos y Comunidades Autónomas, mediante el desbloqueo de 5.500 millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda.

La Constitución recoge que, en caso de que las Cámaras se hubieran disuelto (como se da en una convocatoria electoral anticipada) o cuando hubiera expirado su mandato, habrá una Diputación Permanente que asumirá algunas de las funciones que desarrollan las Cortes normalmente, como convalidar o rechazar los decretos aprobados en el Consejo de Ministros. En lapsos de tiempo entre periodos de sesiones (los “descansos” de la Cámara entre diciembre y febrero, y entre junio y septiembre), este órgano puede convocar sesiones extraordinarias. Además, tiene las competencias previstas en la Constitución para los estados de alarma, excepción y sitio.

En abril, a 20 días de las elecciones, la Cámara celebró una sesión de la Diputación Permanente en la que se convalidó seis decretos del Ejecutivo: una batería de medidas de contingencia ante una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo; medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el empleo; un decreto de lucha contra la precariedad laboral; un decreto sobre alquileres; medidas sobre la regulación de las empresas de trabajo temporal; y un decreto para la inversión del superávit de autonomías y ayuntamientos.

Todas estas normas emanaron de los denominados "viernes sociales" (reuniones del Consejo de Ministros en periodo electoral para acordar la aprobación de normas de marcado carácter social) y se aprobaron en unas Cortes disueltas por el decreto de convocatoria electoral. PP y Ciudadanos criticaron entonces a los de Pedro Sánchez al entender que las medidas buscaban un "efecto electoralista", mientras que el Gobierno justificó su aprobación en base a la "urgencia" y a la "necesidad" de las reformas.

La polémica traspasó lo declarativo y fue llevado por Pablo Casado ante la Junta Electoral Central, a la que el líder de los conservadores llegó a pedir que suprimiera las ruedas de prensa del Consejo de Ministros en periodo electoral, algo que el órgano rechazó. Con el fracaso de la legislatura, el Ejecutivo vuelve a forzar la convocatoria de una Diputación Permanente para convalidar decretos aprobados durante un ciclo electoral.

Sin embargo, la situación no es exactamente la misma que en abril. Ahora, además de estar "en funciones" el Congreso, también lo está el Gobierno, que cesó de la mayoría de sus principales atribuciones tras el 28-A. En esta coyuntura, la Ley del Gobierno constriñe sobremanera la actuación del Ejecutivo, y relega sus labores a facilitar "el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

5.500 millones para Comunidades y ayuntamientos

En este contexto, el Ejecutivo puede aprobar decretos, siempre que justifique la urgencia y la necesidad de la aplicación de las medidas planteadas. El primer decreto aprobado en Consejo de Ministros es del pasado 20 de septiembre y sus medidas van destinadas a paliar los daños producidos los incendios forestales de Tarragona, Madrid y Toledo del mes de junio, las inundaciones en Navarra y Ourense en julio, los incendios forestales declarados en la isla de Gran Canaria en agosto y los episodios de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectaron a varias comunidades autónomas a finales de agosto y a mediados de septiembre.

Los otros dos decretos fueron aprobados en el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes. El primero tiene como objetivo paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. En el segundo se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para 2019 de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y de las Entidades Locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las Entidades Locales en tributos del Estado, correspondiente a 2017.

Con la aprobación de este real decreto, las Comunidades Autónomas recibirán 4.682 millones de euros procedentes de la actualización de las entregas a cuenta de 2019. Además, el Gobierno también pretende actualizar las entregas a cuenta de las entidades locales, que alcanzan los 821,87 millones de euros. 

"Es la primera vez que un Gobierno en funciones y sin Presupuesto desbloquea las entregas a cuenta. Hacienda considera que este precedente debe orientar la futura reforma del modelo de financiación, ya que estima que los recursos autonómicos no deben ser las víctimas del bloqueo político o de la ausencia de acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado", argumentan desde el Ejecutivo.

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