La XII Legislatura podría haber estado marcada por una importante producción legislativa por parte de las formaciones más progresistas. Los grupos parlamentarios de izquierdas habían logrado hacerse con la mayoría de los órganos de gobierno del Congreso de los Diputados, lo que, sumado a una amplia mayoría en el Pleno, presentaba unas condiciones más que ventajosas para que estos partidos pudieran ponerse de acuerdo para, al menos, legislar sobre las cuestiones más urgentes que suscitaban consenso.

El precoz adelanto electoral ha terminado con cualquier posibilidad de que la XII Legislatura fuera fructífera en este sentido. La lentitud a la hora de constituir los órganos de trabajo y la dependencia de una investidura que finalmente nunca se produjo no han dejado margen a que la Cámara inicie sus trabajos. Sin embargo, los grupos han registrado durante este tiempo numerosas proposiciones de ley (más de 50) que podían haber salido adelante en un periodo marcado desde 2015 por una sequía legislativa sin precedentes.

Los grupos más progresistas suman en el Pleno del Congreso una amplia mayoría (185 escaños entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu y Compromís), que supera holgadamente la mayoría absoluta necesaria para impulsar normas de calado. Pero no solo tienen de cara la composición de la Cámara, sino que habían logrado hacerse con los denominados órganos de gobierno del Congreso, cruciales para agilizar los trámites legislativos.

Durante la sesión constitutiva de las Cortes, el PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para hacerse con cinco de los nueve puestos de la Mesa del Congreso, entre ellos la Presidencia y la Vicepresidencia Primera, que ocupan Meritxell Batet (PSOE) y Gloria Elizo (Podemos) respectivamente. La izquierda no tenía mayoría en la Mesa del Congreso de los Diputados desde noviembre de 1989, cuando en el órgano, presidido entonces por el socialista Félix Pons, PSOE e Izquierda Unida aportaban seis de sus nueve miembros. En ninguna de las otras presidencias socialistas (Pons, de nuevo en 1993; Manuel Marín en el 2004; José Bono en el 2008; y Patxi López en el 2016), la izquierda tuvo mayoría en la Mesa.

Durante la anterior legislatura, la XI, este órgano fue determinante, ya que todos los grupos de la Cámara acusaron a PP y Ciudadanos (que tenían mayoría en la Mesa) de bloquear la actividad legislativa. Los socialistas cifraron entonces en más de 50 las iniciativas bloqueadas por parte del órgano y el conflicto fue tan relevante que superó los muros del Congreso a través de un recurso de amparo presentado por el Grupo Socialista ante Tribunal Constitucional.

Pero la izquierda no solo aventajaba a los grupos más conservadores en el órgano de gobierno de la Cámara, sino que también tenia mayoría en aquellos órganos donde se produce el grueso del trabajo legislativo: las comisiones parlamentarias. Los grupos acordaron en julio que las comisiones estarían formadas por 43 miembros cada una; PSOE, Unidas Podemos y ERC tienen 22 diputados, mientras que el resto de grupos tiene 21.

Además, los partidos de izquierdas también se hicieron con el control de la mayoría de Mesas de estos órganos, presidiendo 22 de las 34 comisiones conformadas en un principio. El PSOE se quedó con 17 (entre ellas la Constitucional, Justicia, Igualdad o Pacto de Toledo), Unidas Podemos con cuatro (Presupuestos, Trabajo, Transición Ecológica y Ciencia) y ERC con una (Industria).

Más de 50 leyes lastradas por la investidura fallida

Los grupos progresistas disponen también de una clara mayoría en la Diputación Permanente, el órgano encargado de asumir algunas de las funciones legislativas del Pleno cuando el Congreso se encuentra fuera del periodo de sesiones o cuando las Cortes están disueltas. De los 68 diputados que la componen, 35 son del PSOE (24), Unidas Podemos (8) y ERC (3), es decir, la mayoría absoluta.

Desde que se constituyeran las Cortes en mayo, los grupos han registrado más de 50 iniciativas (sin contar con las presentadas por los diputados, las que son fruto de las iniciativas legislativas populares o las que vienen de los Parlamentos autonómicos). Hace unas semanas, el Pleno de la Cámara admitió a trámite la ley del Grupo Socialista para despenalizar la eutanasia con el rechazo del PP y de Vox.

Entre otras iniciativas, los grupos habían registrado la reforma de la ley mordaza, la creación de un recargo de solidaridad a la Banca, la supresión de la prisión permanente revisable, una proposición para garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, o la derogación del plazo máximo previsto de instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se debatió en el último Pleno de la legislatura, el pasado martes. Todas las iniciativas decaen con la repetición electoral.