Una de las medidas estrellas del Gobierno para el fin de la legislatura es el decreto ley que incluye el aumento del permiso de paternidad a 16 semanas. Sin embargo, los principales socios del Ejecutivo durante esta legislatura no garantizan su apoyo. Unidos Podemos decidirá el voto cuando lean el texto y confirmen que cumple con lo que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en Moncloa.

Fuentes del grupo confederal aseguran a Público que desconocen el texto que presentará el Ejecutivo, desconfían de la implantación de la reforma y temen que sólo se esté utilizando como una medida de campaña electoral. También apuntan que en el aumento del permiso deben cumplir con el calendario que pactaron: 2019, 8 semanas; 2020, 12 semanas; y 2021, 16 semanas. Unos plazos que el decreto, según lo que ha avanzado el Ejecutivo a los medios de comunicación, sí se cumplen.

El impacto presupuestario de esta medida se eleva a 300 millones de euros y esta es la parte que más me preocupa al grupo confederal. El Gobierno todavía no ha aclarado cómo se financiará y el apoyo depende, en buena parte, del plan económico. "Hay que ver cómo se puede financiar esto sin partida presupuestaria", insisten desde el grupo. 

De hecho, este es uno de los puntos que más preocupa también a los agentes sociales. El Confidencial avanzó este lunes que el Gobierno y los sindicatos se reunieron durante horas sin llegar a un acuerdo. Si el Ejecutivo contara con el respaldo de los sindicatos, sería aún más complicado para Unidos Podemos rechazar esta medida.

Además, de la financiación, el grupo confederal quiere asegurar que la equiparación se establezca "en términos de igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%". 

Aún más críticos son con lo relativo a los tiempos de los permisos. La idea del Gobierno es que desde 2021 ambos progenitores tengan una licencia de seis semanas ininterrumpidas para ambos al principio y otras diez semanas para cada uno a distribuir hasta los doce meses desde el nacimiento o adopción. Frente a esto, el grupo confederal insiste en que la única forma de garantizar el reparto de cuidados es permitiendo que se puedan coger los permisos a lo largo del año, repartiendo así los meses dedicados a los cuidados. Este es el modelo que se establece en la Proposición de Ley que presentó Unidos Podemos en el Congreso.

Por todo esto, el grupo aún duda sobre su apoyo a la reforma. Lo mismo ocurre con el resto de decretos que lleguen a la Diputación Permanente. La portavoz parlamentaria y número dos de Podemos, Irene Montero, ha advertido al Gobierno este martes desde el Congreso: "Sólo apoyaremos los que mejoren la vida de la gente y que no sean una pantomina o parte de la campaña electoral".

El riesgo que corren al rechazar esta medida es que los partidos vuelvan a echarle la culpa de bloquear este avance, como ocurrió con las recomendaciones del Pacto de Toledo. De hecho, hay quienes temen entre el grupo confederal que esta sea la intención del Gobierno al haber abandonado las mayorías de negociaciones: que Unidos Podemos rechace medidas sociales y lo utilicen en su contra durante la campaña electoral. Aún así, el grupo confederal rechaza a entrar en este juego: "Tenemos otras reglas al resto de partidos", afirmaba este martes una parlamentaria.