"Esta revolución es imparable y nosotras vamos a seguir haciendo nuestro trabajo desde las instituciones", ha asegurado la coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera. Con este mensaje quiere transmitir el apoyo del partido morado a la huelga feminista del 8-M. Para ello también han querido anunciar una de las medidas programáticas para las elecciones generales: asegurar la paridad en todas las instituciones públicas y organismos independientes que reciben subvenciones públicas en un máximo de cuatro años. Si no se cumple, dejarían de recibir financiación pública.

"La paridad no tiene que ser una recomendación. Tiene que ser una obligación para todas las instituciones públicas, recogiendo el sentir feminista y que las mujeres estemos presentes en los órganos de decisión, de discusión y de toma de decisión", ha insistido Vera. Para conseguir esto proponen la modificación de la Ley 3/2007 que contempla recomendaciones para que las instituciones públicas sean paritarias. Esto afectaría a todo tipo de instituciones y organismos públicos como Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Supremo, pero también a los organismos independientes pero que reciben subvenciones públicas como la RAE.

Esta medida será parte del programa electoral para las elecciones generales del 28 de abril, pero han decidido anunciarla ya esta semana ante la movilización del 8-M que apoyan desde Podemos. De hecho, las mujeres del partido morado harán huelga de trabajo, de consumo y de cuidados. 

El partido considera que las recomendaciones han demostrado que no son efectivas y que la paridad debe ser una obligación por ley en un plazo máximo de 4 años en todos los organismos públicos e instituciones financiadas por dinero público. "Es un bochorno que en 2019 veamos cómo instituciones como la RAE, que se supone que deber recoger el sentir del lenguaje que usa la sociedad, tenga solamente 8 puestos femeninos de un total de 46 en sus sillones de decisión. Entendemos que esto tiene que cambiar”, ha detallado Vera.

Estos datos se repiten en organismos como el del CGPJ. La entrega de despachos a nuevos integrantes de la carrera judicial volvió a visibilizar que la mayoría son mujeres; este año el porcentaje rondó el 64%. Y los datos totales de 2018 muestran que las mujeres son un 53%. Sin embargo, no hay una relación proporcional con las mujeres que acceden a las instancias más altas de la Justicia española. En el Supremo ellas sólo ocupan 11 puestos, frente a los 64 que ostentan sus compañeros hombres (el 14,6% del total). Ni siquiera hay una presidenta de sala ni ninguna mujer entre los 13 miembros del Tribunal Supremo.