Público
Público

Elecciones 28A El voto de las 100.000 personas con discapacidad hará a España más democrática que nunca

La reforma en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) ha producido un cambio en muchas personas que se sentían apartadas de la sociedad. 

Asistentes a una conferencia sobre discapacidad. EFE

Paola Aragón Pérez

"Cuando no podía votar me sentía apartado de la sociedad. Me sentía solo, como si no existiera o como si fuera un fantasma". Quien habla es Vicente Ballesteros (48 años), una de las 100.000 personas con discapacidad intelectual que, por fin, podrá ejercer su derecho al voto por primera vez en los próximos comicios. "Llevaba muchos años deseando poder tener el derecho al voto. Yo veía que mucha gente votaba y quería ser uno más", insiste Vicente, que explica que ellos se sienten "personas importantes" que quieren que su voz también se escuche.

Y es que hasta la aprobación por unanimidad de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en el Congreso de los Diputados el pasado 10 de octubre y su posterior publicación en el BOE el día 6 de diciembre de 2018, eran cientos de miles las personas que todavía veían vulnerada su condición de ciudadanos de pleno derecho en este aspecto. A partir de aquel momento, sin embargo, quedaba derogado su artículo 3, que permitía retirar el derecho al voto a todos aquellos que, por sentencia judicial, hubiesen sido incapacitados de tal manera que se considerase que no estaban en condiciones de ejercerlo.

"Nuestro Estado lo define la Constitución como Estado democrático de derecho, pero en 40 años de democracia teníamos a 100.000 electores en un limbo político y electoral", cuenta Jesús Martín, delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para los Derechos Humanos. "Se trataba de una anomalía jurídica, porque España había ratificado el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU", explica. Dicha Convención, en el primero de los apartados de su artículo 29, explicitaba que los Estados deben "asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas". Y especifica que, además, exista "la garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar". "A esa fiesta de la democracia con la que se llenan la boca todos los partidos, nosotros queremos estar invitados también, como parte activa y en condiciones de igualdad", reivindica.

Vicente Ballesteros, uno de los hombres que podrá votar.

Mariano Casado, Presidente de Plena Inclusión –que en febrero realizó un simulacro electoral para personas con discapacidad al que acudieron hasta 300 nuevos electores y que estos meses está celebrando charlas y sesiones formativas por todo el país-, profundiza en que "votar está directamente relacionado con la plenitud del reconocimiento de la condición de ciudadanía, y con ella vienen otras muchas cosas: quien es ciudadano, reivindica, tiene derechos, opina sobre quiénes tienen que dirigir las políticas en los distintos ámbitos territoriales…". "Ahora hay muchas personas que por primera vez van a poder hacer uso de ese derecho que para otros era absolutamente corriente y ordinario", celebra. "Esto se manifiesta luego en otros avances, como que los políticos se molesten en tener encuentros con este colectivo. No con sus representantes, sino con ellos mismos", insiste. "Se está dando un importante movimiento de autorrepresentación de las personas con discapacidad intelectual y, mientras que antes eran otros quienes decidían por ellos, ahora pueden hacer plena defensa de sus intereses", esgrime.

Patricia Cuenca Gómez, investigadora del Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’ de la Universidad Carlos III de Madrid, detalla que "la privación del derecho de sufragio activo, que es un derecho fundamental y que da cuenta de la pertenencia de una persona a la comunidad, tiene un valor simbólico muy importante". "Poder votar significa que tu opinión cuenta, y privar del voto a estas personas significaba convertirlas en ciudadanos de segunda", denuncia. "Los argumentos que tradicionalmente se han usado para privar del derecho al voto a las personas con capacidad intelectual, psicosocial y cognitiva son los mismos que en el pasado se usaron para privar del derecho de sufragio a las mujeres o a las personas racializadas en los Estados Unidos", visibiliza la profesional. "Se dice que son influenciables, que no tienen conocimientos suficientes, que carecen de capacidad racional, y no tienen en cuenta que dichos argumentos son fruto de prejuicios y estereotipos hacia este colectivo, y son argumentos que se proyectarían sobre toda la población en general", argumenta.

Y a aquellos que se resisten a entender esto, Vicente Ballesteros les diría "que se pongan en nuestro lugar, que nos dejen hacer cosas y que nos dejen equivocarnos para poder aprender y corregir los errores". "Les diría que antes de decidir o pensar cosas que nos dejen actuar para que así vean si somos capaces de hacerlo o no, así ellos podrán sacar conclusiones más reales de las personas con discapacidad", confiesa el futuro elector, ya de pleno derecho.

Así, tras muchos años de lucha, concentraciones y denuncia social, por primera vez en las elecciones de este 2019, se establece un punto de inflexión. Porque, aunque la reforma de la LOREG la impulsara el grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, que posteriormente la llevó hasta el Congreso, Jesús Martín insiste en que se trata de una demanda genuina del movimiento social CERMI y que "ningún gobierno de ningún color ni ninguna fuerza política la ha encabezado". "La sociedad civil, el movimiento feminista, el de la discapacidad y otros movimientos sociales tenemos una labor muy importante en el cambio y mejora social; en este caso, ha sido un movimiento cívico el que ha propiciado el cambio", explica, "hace tiempo habíamos llamado a las puertas del Congreso, pero ningún grupo político se hizo eco del tema".

Aun así, como señala Vicente Ballesteros, "tenemos mucha fuerza para conseguir lo que nos habían quitado y ahora nos tienen más en cuenta, aunque falta mucho trabajo por hacer". Jesús Martín lo detalla afirmando que "esa barrera de derecho ahora superada, pero seguimos encontrando otras muchas barreras al ejercicio del mismo, físicas, de comunicación, cognitivas... queremos que las campañas electorales sean accesibles, por ejemplo, porque eso te empodera como elector".

Defensa de la autonomía personal

Cuenca Gómez explica que en España el sistema de incapacitación –a la que generalmente recurren las familias de las personas con discapacidad como medida de protección patrimonial y personal de los afectados- también es contrario a la Convención, ya que "falta un sistema de apoyo y reconocimiento a las capacidades de cada uno para que pueda ejercer".

Tradicionalmente han existido dos grados de incapacitación

Así, tradicionalmente han existido dos grados de incapacitación; parcial o total. Esta última supone aplicar dicha incapacitación en todos los ámbitos y el nombramiento de un tutor a su cargo, aunque la retirada del derecho de sufragio debía sentenciarse aparte, de manera explícita y justificada tras hacer un análisis personal de la situación de aquel a quien se incapacitaba. "Existía una tendencia a aplicar la incapacitación total, probablemente debido a una visión trasnochada, médica y paternalista que supone que, si hay que proteger a una persona, cuanto más se la proteja, mejor. Sin tener en cuenta que esto puede limitar su autonomía de manera injustificada", esgrime Cuenca Gómez. También señala que "se acababan haciendo valoraciones estereotipadas, estableciendo casi como una cláusula de estilo que, junto a la incapacitación total, automáticamente se retiraba el derecho de sufragio, sin que se justificase, sin una evaluación específica adecuada".

Existían casos, incluso, en los que para evaluar las capacidades de la persona se le hacía un examen de conocimientos políticos. "Hacían preguntas que probablemente otros miles de ciudadanos no habrían sabido contestar, ¿les habrían privado entonces también de su derecho al voto?", se pregunta Mariano Casado. "El condicionamiento del voto le puede ocurrir a cualquiera: conozco a gente sin ninguna discapacidad a la que sus padres le dan el sobre cerrado con la papeleta dentro. Cada uno sabe si alguien le influye en su casa a la hora de decidir a quién votar". "El punto está en que, con estas pruebas, se les exigía un nivel de conocimientos que no se le exigen a nadie, porque a las personas sin discapacidad no se las examina", coincide Cuenca Gómez. "Existe toda clase de gente que ejerce su derecho al voto de una forma desinformada, irreflexiva, irresponsable, que no conocen los programas, o personas que van a votar o no dependiendo de si hace buen día", ironiza la investigadora. Por el contrario, como señala Casado, muchas personas con discapacidad están "muy informadas, comprometidas y pendientes siguen la actualidad política y social, de manera que nos sorprenderíamos".

El voto bajo sospecha

De hecho, otro conflicto surgido en los últimos tiempos ha sido la aprobación de una instrucción, supuestamente dirigida a garantizar el derecho al voto del colectivo, por parte de la Junta Electoral General que establece un mecanismo a través del cual, en las mesas electorales, tanto vocales como apoderados de los partidos políticos, podrán apuntar el DNI de las personas con discapacidad que crean que no están votando en condiciones de libertad y consciencia, aunque no les impedirían introducir el voto en la urna. "Con esto ponen el voto de las personas con discapacidad bajo sospecha: ya no solo de estas 100.000 que lo han recuperado ahora, sino de todas", denuncia Cuenca Gómez. Además, en un principio, la instrucción aludía explícitamente a "las personas con discapacidad" y aunque ahora se ha reformulado refiriéndose a "todas las personas" gracias a la presión del movimiento asociativo y de la academia, la investigadora explica que "sigue estando en una instrucción dirigida al colectivo, por lo que remite a ellas, genera confusión y es innecesaria". Y para más inri, la especialista advierte que esto "puede llegar a instrumentalizar a las personas con discapacidad, porque los interventores, desde los propios partidos políticos, podrían apuntarlos y utilizarlo para impugnar el resultado de una mesa si les perjudica". Mariano Casado coincide en que "la rectificación no satisface a nadie", y desde Plena Inclusión ya han hablado con los partidos políticos "para que den instrucciones a sus apoderados e interventores de que esa documentación no sea pedida".