Isabel Díaz Ayuso está siendo la cabeza visible de la derecha política en la pandemia del coronavirus. La presidenta madrileña era prácticamente una desconocida para el gran público hace poco más de dos años, cuando ejercía de portavoz del PP en la Asamblea de Madrid tras más de 15 años en política, vinculada principalmente a labores de comunicación y redes sociales dentro del Partido Popular. La dirigente conservadora se ha convertido en la imagen de la oposición contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al oponerse, casi sistemáticamente, a cualquier medida planteada por el Gobierno central en aras de frenar el virus. Medidas que sí ratificaban otras autonomías del PP. 

El PP gobierna en cinco de las 17 comunidades autónomas, en dos de ellas de la mano de Ciudadanos (Andalucía y Castilla y Léon), en otras dos en solitario, Galicia y Madrid, y en la última, Murcia, de la mano de tres diputados tránsfugas de Ciudadanos y Vox, a los que el presidente Fernando López Miras introdujo en el Gobierno con el fin de desactivar una moción de censura en su contra. Todas ellas han tenido que gestionar en esta crisis pandémica, pero mientras que la mayoría de los gobiernos regionales  han aplicado criterios comunes, la región madrileña se ha situado al margen. 

El último ejemplo ha sido a propósito de las vacunas. El Ejecutivo de Ayuso negoció en el mes de febrero la compra de la vacuna Sputnik V, fabricada en Rusia, al margen de los protocolos de la Unión Europa, del Gobierno central y del que era su socio de Gobierno entonces, Ciudadanos. Una operación que estaba abocada al fracaso desde los inicios, puesto que el suero ruso todavía no ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Y, cuando esta autorización se produzca, es la Comisión Europea (CE) la encargada de forjar los acuerdos, como así se decidió en junio de 2020, cuando se presentó la Estrategia Europea de Vacunas.

Toque de queda

En el mes de enero todos los barones autonómicos del PP, a excepción de Ayuso, pidieron al Gobierno poder adelantar la hora del toque de queda. El castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el andaluz Juanma Moreno, el murciano Fernando López Miras y el gallego Alberto Nuñez Feijóo propusieron adelantar a las 20 horas el toque de queda para restringir la libertad de movimientos en las regiones que presiden, tras el inicio de la tercera ola.

"Para arruinar aún más a la hostelería conmigo que no cuenten", alegó, por su parte, la presidenta madrileña. "Ya que no hay una estrategia como país ante la pandemia, ya que nos hemos echado a las espaldas la gestión de la misma, lo que pido es el respeto para que cada comunidad aplique las medidas que considere oportunas", fueron sus palabras. Su posición puso en apuros a un Pablo Casado que evitó posicionarse para no incomodar a ninguno de sus barones. 

Cierres perimetrales

La Comunidad de Madrid ha sido la nota discordante en los Consejos Interterritoriales del Sistema Nacional de Salud (CISNS). El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha opuesto a los cierres perimetrales desde hace meses, alegando que éstos "no funcionan", cada vez que se acercaba un festivo. Una medida que el resto de autonomías y el ministerio sí han aplicado en aras de frenar la expansión del virus. 

Aunque finalmente el Ejecutivo de Ayuso acababa aceptando, no se conformaba con un cierre al uso, sino que lo quería a la carta, por días, y no durante una semana, como marcaba el decreto del estado de alarma. Una petición que el Ejecutivo rechazaba pero que, finalmente, acabó aceptando. 

Cartilla covid-19

En el mes de julio la presidenta madrileña anunció la creación de una 'cartilla covid-19' para que las personas que tuvieran anticuerpos o una PCR negativa pudieran realizar una vida normal. Una medida que los expertos no avalaron, alegando que no era posible ni funcional por la falta de evidencia científica, generaba desigualdades y discriminaciones y cuya legalidad era dudosa.

Tras el revuelo generado, la iniciativa quedó paralizada, pese a que la presidenta anunció que se llevaría a cabo un "proyecto experimental" en septiembre y así lo defendió durante varias semanas. Desde la consejería de sanidad informaron meses más tarde que esta cartilla se utilizaría de manera voluntaria y únicamente con efectos informativos y no serviría para acceder a espacios cerrados como gimnasios, cines y museos, como anunció Ayuso.

Ampliar los conciertos educativos

La Comunidad de Madrid fue la única que anunció que ampliaría los conciertos educativos a diez años con el fin de "contrarestrar" la Ley Celáa. Esta decisión se contrapuso al resto de autonomías presididas por el Partido Popular, que no tienen previsto incluir modificación alguna en ese sentido, tal y como informó Público por fuentes de las consejerías de educación de las cuatro comunidades autónomas.

Los conciertos son el instrumento jurídico para que los centros de gestión privada, como los concertados, se financien con fondos públicos. En Galicia y Murcia la vigencia de los conciertos educativos es de seis años. En Andalucía y Castilla y León de cuatro, a excepción de la educación primaria, que en la región presidida por Juanma Moreno Bonilla es de seis años