El juez rechaza retirar cautelarmente el cartel electoral de Vox sobre menores extranjeros

Un juzgado de Madrid ha rechazado retirar de forma cautelar el cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros migrantes al estimar que no se dan las circunstancias necesarias para adoptar la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.

El juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, en funciones de guardia de diligencias, cree que no se da ni peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho para aceptar la medida cautelar que pidió la Fiscalía en el marco de la denuncia que ha presentado contra Vox por un delito de odio.

El ministerio fiscal solicitaba la retirada del polémico cartel para proteger a los menores de ataques "gratuitos y prejuiciosos".

En concreto, la Fiscalía reclamó "en el plazo más breve posible" la retirada del cartel publicitario donde se visualiza la imagen del rostro de una mujer mayor a quien se atribuye la condición de "abuela" y se imputa como coste económico en concepto de pensión la cantidad de 426 euros.

Destacaba así que el cartel muestra a un joven "racializado de piel oscura, con la cabeza tapada con la capucha de la prenda que viste y con la cara igualmente tapada por un amplio pañuelo".

Ello, abunda, los convierte en un colectivo "doblemente vulnerable", tanto por su edad como por el desarraigo que padecen a causa en su origen extranjero.

Lo que exige "una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos".

La solicitud de retirada del cartel no solo afectaba al que se exhibe en la estación de Sol del Metro de Madrid, sino también "a todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocado por el anunciante denunciado".

Tras la desestimación de la medida cautelar solicitada, será el Juzgado de Instrucción número 53, órgano encargado de la causa, el que continúe el procedimiento instado por el ministerio público por la supuesta comisión de un delito de odio.