El Gobierno sabe que se le avecina una batalla jurídica con la Comunidad de Madrid, y este mismo jueves quiso dar el primer aviso dando a conocer un informe elaborado por la Abogacía del Estado del que concluye que el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptado en la reunión del pasado miércoles "es de obligado cumplimiento".

Según el informe, la norma aplicable en las votaciones del Consejo Interterritorial es el artículo 151 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales, y donde se concluye que "los acuerdos obligarán a todas las comunidades autónomas, aunque voten en contra,  si el Estado ejerce competencias de  coordinación, como es el caso", sostiene el Ejecutivo.

La batalla jurídica esta servida, porque ese mismo artículo dice previamente los contrario: que estas recomiendaciones serán de obligado cumplimiento si la comunidad autónoma vota a favor de ellas, lo que no es el caso.

El Gobierno se aferra al segundo párrafo del artículo y resalta que Sanidad ejerce competencias de coordinación. Pero ahora deberá demostrar ante los tribunales si actúa como coordinador. De no conseguirlo, la Comunidad de Madrid podría ganarle el pulso porque no estaría obligada a cumplir este acuerdo, según fuentes jurídicas.

Para la Abogacía del Estado, esta ley deroga "toda aquella que resulte incompatible con ella" , como así lo establece en su disposición final. De ahí que resalte que se incluye "la regulación establecida en el artículo 73 de la Ley 16/2003 de cohesión, que sólo prevé la adoptación de acuerdos por consenso".

Pero un auto del Tribunal Supremo dado a conocer este jueves cita expresamente el artículo 73 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud  que considera vigente en este debate y que establece que los acuerdos del Consejo se plasmarán "a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso".

Derechos fundamentales

El auto del Supremo resuelve que estos litigios corresponden a la Audiencia Nacional debido a que en el Consejo Interterritorial participa un miembro del Gobierno y las comunidades autónomas con competencias en Sanidad.

Precisamente el informe de la Abogacía del Estado al que se aferra el Gobierno data de agosto pasado e incluye un análisis de distintos escenarios jurídicos, según ha podido saber Público. Se elaboró con motivo de este recurso interpuesto ante Supremo por la Asociación de Consumidores ACUS por haberse suspendido derechos fundamentales ante "un estado de alarma excepcional que se maneja desde la más absoluta arbitrariedad y desinformación".

El Gobierno se aferra a este informe de la Abogacía del Estado para asegurar que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tendrá otro remedio que aplicar el acuerdo alcanzado en la reunión, y hasta la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, insistió en que "tiene la obligación" de ejecutarlo.

Pedro Sanchez ya conocía el informe cuando hizo unas breves declaraciones en Bruselas, donde asiste a la Cumbre Europea, para señalar ante una pregunta sobre la actitud de la presidenta madrileña que hay que alejarse del debate partidista, "porque tenemos que enfrentarnos juntos a este enemigo común, basándonos en la ciencia y en las recomendaciones de nuestros técnicos y excelentes profesionales sanitarios que tenemos en España", afirmó.

De esta forma, Sánchez quiso bajar el grado de indignación que hay en algunos miembros del Gobierno, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, por la actitud de Ayuso. Fue le ministro de Transportes y secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, quien lo explicitó de forma más clara, y en referencia a la actuación de la presidenta madrileña, afirmó: "Lo que está en juego la salud de las personas, es un problema grave de irresponsabilidad y lo que esconde son prejuicios ideológicos y una gran incapacidad para la gestión".

Por su parte, los ministros de Unidas Podemos apoyan las posiciones expresadas por Illa. Si ya hace casi dos semanas el propio líder de UP, Pablo Iglesias, dejaba ver que la ayuda del Gobierno no suponía que aprobaran las políticas de Ayuso, distintos portavoces han criticado explícitamente la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Entre los miembros del Ejecutivo, quien más claro se ha pronunciado ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que acusó este jueves a la presidenta de Madrid de haber copiado el manual de actuación de Donald Trump ante la pandemia: "Ha tenido los instrumentos y el dinero", decía, y no ha querido actuar por "decisión política", para desgastar al Gobierno.

De hecho, algunos dirigentes de Unidas Podemos criticaron la decisión de Sánchez de "blanquear" la actuación de Ayuso cuando compareció junto a ella públicamente -rodeados de banderas de España y de Madrid-. No confiaban en Ayuso, no esperaban una gestión responsable por su parte, pero tampoco piden abiertamente una actuación más contundente.​