Este viernes concluye el plazo de presentación de enmiendas a la reforma parcial de la Ley del Poder Judicial sobre la racionalización del sector público que ha aprovechado el Gobierno para colar las modificaciones legales necesarias para garantizar el aforamiento de los reyes Juan Carlos y Sofía una vez que sea proclamado Felipe VI.

La idea es sencilla: aprovechar la ley orgánica en trámite para resolver en pocas semanas el privilegio de aforamiento de Juan Carlos I una vez que sea efectiva su abdicación. Esto obligaría a que fuera juzgado por el Tribunal Supremo en caso de querella penal o demanda civil.

El plan ha sido utilizar la cuarta reforma parcial que realiza el Gobierno del PP de la Ley del Poder Judicial. Está centrada en el régimen laboral y de permisos de jueces, fiscales y funcionarios y es conocida como Ley orgánica complementaria de la Ley de Racionalización del sector público. La Cámara Baja aprovecha esta reforma para incluir un breve texto que modifica tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para así aforar al rey y su esposa. La extensa Ley del Poder Judicial es la norma que regula la administración de justicia en España y en donde se contemplan los aforamientos, un privilegio destinado a proteger a las autoridades en el ejercicio de su cargo.

Una vez presentadas las enmiendas, el texto pasará por ponencia, Comisión de Justicia y Pleno del Congreso, donde se requiere mayoría absoluta dado su rango orgánico. Después se remitiría al Senado y, si no es retocada, podría salir adelante de forma inmediata para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En España hay más de 10.000 aforados, entre diputados, senadores, ministros y jueces y fiscales. Estos últimos son los más numerosos y están aforados en razón del ejercicio de su trabajo tanto en los Tribunales Superiores de Justicia como por el Supremo, en este último caso sólo para quienes ejercen en la Audiencia Nacional y en el alto tribunal.