La enmienda contra la ocupación de viviendas registrada por el PSOE en el marco de la Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia ha sido criticada por sus socios de Gobierno y por los colectivos del derecho a la vivienda por "asumir la agenda de la derecha", ya que contribuye a airear la falsa alarma sobre los llamados "okupas".

Este mantra, que recorre los programas de televisión, especialmente en los periodos vacaciones (al que le siguen anuncios publicitarios sobre compañías de seguridad), y lo replican algunos partidos políticos, pese a que es fácil de desmontar con datos, se cuela en el imaginario colectivo dada la confusión entre los términos que se emplean para hablar del fenómeno de la ocupación, esto es, usurpación y allanamiento.

Frente a esta falsa de percepción, los últimos datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado en su memoria revelan que en 2021 se incoaron 9.739 procedimientos judiciales por usurpación de viviendas, un delito leve que consiste en entrar de forma ilegal, sin consentimiento de los propietarios, en un inmueble que no constituye la morada de nadie. Normalmente, estas viviendas pertenecen a bancos o grandes propietarios y es la ocupación más predominante.

Pero este delito suele mezclarse con el de allanamiento, que es el referido a la entrada en el domicilio habitual de un propietario (también alcanza las segundas residencias). En este caso, se trata de un delito grave que acarrea penas de prisión (desde seis meses a dos años, hasta cuatro años si hay violencia o intimidación). Asimismo, la memoria de la Fiscalía solo contabilizó 83 delitos de allanamiento en 2021.

¿Qué dice la propuesta del PSOE?

La propuesta de los socialistas que ha creado tanto revuelo en los últimos días propone un cambio legislativo con la intención de ejecutar el desalojo "en el plazo máximo de 48 horas desde la petición del propietario" tanto para los procesos de allanamiento como de usurpación. Por otro lado, el PSOE plantea que los jurados populares dejen de encargase de los casos de allanamiento de morada.

En este sentido, varias fuentes judiciales consultadas por este medio destacan que la normativa vigente es lo suficiente "garantista" para proceder a la desokupación con éxito. Esto es, en el delito de allanamiento de morada ya está previsto el desalojo en un plazo de 48 horas. "Es como hacer una ley para decir que los seres humanos tienen que respirar", resume una de estas fuentes.

En lo referido al delito de usurpación, que se suele dar en casos de viviendas o locales vacíos y abandonados pertenecientes a grandes tenedores, el procedimiento puede tardar más tiempo en resolverse, ya que se trata de un delito leve. Por ello, los expertos en la materia coinciden en que la novedad de la enmienda del PSOE es que concreta la resolución en 48 horas. 

"Ratifica que se puedan tomar medidas cautelares aunque sea un delito leve", apostilla otra fuente. No obstante, dichas fuentes subrayan que, en muchas ocasiones, los bancos no llegan ni a denunciar la ocupación, además de que la medida cautelar o definitiva de desalojo también está contemplada en el ámbito civil.

Poner el foco en el problema de la vivienda

Ante este hecho, tanto Unidas Podemos como otras formaciones progresistas y el colectivo por el derecho a la vivienda han pedido al PSOE que ponga el foco en el "verdadero" problema, esto es, en los desahucios ante las subidas abusivas del alquiler y de las hipotecas variables. Por ende, llaman a impulsar la negociación de la ley de vivienda, enquistada por las diferencias entre los socios de la coalición.

"El problema de la ocupación es un problema inventado, es agenda de la derecha y creo, como decía ayer Rafa Mayoral, que cuando compramos la agenda de la derecha, gana la derecha", señaló la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Y es que después de la defensa de la medida por parte del portavoz socialista, Patxi López, quien aseguró que es "para dar a los jueces instrumentos que les permitan agilizar las cuestiones de los allanamientos" (a pesar de que ya está contemplado), el diputado morado Rafa Mayoral recriminó a sus socios que no gobernaban con el PP. Asimismo, tal como recoge Europa Press, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, criticó al PSOE por asumir planteamientos de la derecha, lo que conduce a que se produzcan resultados electorales como el de Italia.

En estos términos se ha pronunciado el diputado de EH Bildu Oskar Matute: "Me parece un profundo error meter esa enmienda porque da alas al falso relato. Hay una legislación que es garantista para la propiedad privada. El poder de las grandes corporaciones (ahí no hablamos de moradas) consigue que se gobierne a su favor", remacha en unas declaraciones a este medio.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Paco Salazar, compara las cifras de delitos de usurpación en 2021 (ofrecidas anteriormente) con las de los desahucios en el mismo año (41.359, un 30% más que en 2020) y sintetiza: "Ahí es donde hay que actuar, ya que la medida sobre las usurpaciones afecta a la banca", zanja.