Acabar con la infrafinanciación endémica, condonar la deuda histórica, denunciar el expolio fiscal y exigir un nuevo sistema de financiación en el camino de un verdadero autogobierno. Una vez más, los movimientos sociales del País Valenciano han asumido las reivindicaciones contra la crítica situación financiera que arrastran las Administraciones valencianas y han reclamado las llaves de la caja.

Y lo han hecho, esta vez, ante el edificio de Hacienda, en plena plaza del Ayuntamiento de Valencia, con una nueva contienda electoral en el horizonte. No en vano, la Crida pel Finançament —que agrupa varias entidades y personas— ha instado a los partidos políticos, el Consell de la Generalitat y el nuevo gobierno español que salga de las urnas a abrir, de manera inmediata, un proceso de negociación serio para poder acabar con el actual sistema de financiación, que penaliza especialmente las arcas valencianas, y caminar hacia la soberanía económica y fiscal.

La ausencia de los partidos políticos ha sido, de hecho, uno de los principales titulares que marca la movilización. Ningún partido político que integra el Gobierno del Botànic ha secundado la movilización a pesar de que todos ellos, con diferentes matices, llevan en su agenda la reivindicación. Los organizadores han denunciado el silencio como respuesta y la pasividad "excesiva" con que los gobernantes valencianos y la colectividad han afrontado el asunto desde la masiva manifestación de noviembre de 2017.

"Nos da la sensación de que están alargando plazos hasta que ya no se pueda más. Y este es un problema de grandes dimensiones que requiere una respuesta transversal", sostiene Antoni Infante, coportavoz de la Crida pel Finançament y coordinador de la Plataforma pel Dret a Decidir. También sobre la acción de las instituciones, Infante cree que en València se está dejando que la agenda la marque el Gobierno español. Y señala que, con todo, los partidos valencianos no tienen bien conceptualizado el problema de fondo: "Los dos gobiernos botánicos y algún gobierno anterior del PP han entendido el problema desde un punto de vista técnico pero es un problema fundamentalmente político, de toma de decisiones ante las características de un Estado extractivo".

La eternización del problema

A estas alturas, el País Valenciano sigue siendo el único territorio que, teniendo una renta per cápita por debajo de la media estatal, acaba aportando al conjunto más de lo que recibe. El "problema valenciano", sin embargo, no ha encontrado ninguna mesa en Madrid desde que en 2015 el Botànic tomara como emblema la reivindicación de una nueva financiación. Con Ximo Puig al frente de la Generalitat, ni el gobierno de Mariano Rajoy ni el de su compañero de partido Pedro Sánchez han planteado ni siquiera una hoja de ruta para acometer la reforma del sistema de financiación que los partidos del Botànic demandan. Se calcula que, cada año, esta infrafinanciación representa aproximadamente 1.400 millones de euros menos para atender los servicios básicos transferidos.

Mientras tanto, la deuda se dispara y se convierte en un lastre de dimensiones desproporcionadas. La infrafinanciación ha condenado al pueblo valenciano a una deuda inasumible y en constante aumento, tal y como denuncian los convocantes, que ya se sitúa por encima de los 47.000 millones de euros y que obliga a destinar más del 25% de los presupuestos anuales a su amortización. El País Valenciano es la autonomía más endeudada de España: cada valenciano debe 9.577 euros y la Conselleria de Hacienda, ante la falta de liquidez, continúa acudiendo a préstamos a corto plazo para poder afrontar el pago a proveedores. Los partidos del Botànic consideran gran parte de esta deuda ilegítima debido a un sistema de financiación no proporcional y reclaman su asunción por parte del Estado.

La Crida pel Finançament hace hincapié en las repercusiones que esto tiene sobre las condiciones de vida de la ciudadanía. "Sin infraestructuras adecuadas para poder modular nuestra economía, sin sistema financiero propio y pidiendo nuestro dinero a Madrid (a devolver con intereses en forma del perverso FLA) no podemos cubrir las necesidades de nuestro territorio y de las personas que en él vivimos", recalcan. No en vano, los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Encuesta sobre Condiciones de Vida, muestran que un 30,2% de los valencianos se situó en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018. Una cifra que coloca el País Valenciano cinco puntos por encima de la media estatal, fijada en el 26,1%.

La emergencia social y la falta de recursos denunciados por las entidades no son ningún espejismo. Apenas la semana pasada, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, comparecía en Les Corts para explicar los "ajustes presupuestarios" cuantificados en 344 millones de euros aplicados por el Consell como consecuencia de la infrafinanciación. En el argumentario de Soler, figuraba también la caída de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que finalmente no pudieron salir adelante.

Las inversiones, precisamente, también centran una parte muy importante de la discusión. Preguntado por esta cuestión, Infante recuerda que, además de la presión fiscal, las inversiones en territorio valenciano apenas superan el 6% del total, teniendo en cuenta que los cinco millones de valencianos representan el 11% de la población del Estado. Y que el agravio es que lo que acaba llegando siempre es menos que lo presupuestado. Una dinámica que Infante deja claro que no es coyuntural remitiendo al estudio "Capital público en España. Evolución y distribución territorial (1900-2012)". Desarrollado conjuntamente por la Fundación BBVA y el Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), esta comparativa demuestra que desde 1900 hasta el año 2012 las inversiones del Estado español en territorio valenciano han sido un 19% inferiores a la media estatal.

Por un nuevo modelo económico

La demanda de una hacienda propia por parte de las entidades que presionan no sólo va en la dirección de poder gestionar gastos e ingresos desde el País Valenciano. El modelo económico también se sitúa bajo la lupa. "A estas alturas, este es una máquina de empobrecer la ciudadanía. Depende en exceso de la construcción y el turismo, dos sectores con unos salarios muy bajos. Si ya tenemos unos salarios por debajo de la media del Estado y ponemos el foco en una economía de poco valor añadido, la dinámica es infernal", reconoce Infante.

En este sentido, los avances políticos en la anterior legislatura no han profundizado en una verdadera transformación. El coordinador de la Plataforma pel Dret a Decidir admite que, sin recursos, es imposible llevar adelante las líneas maestras de un cambio de óptica que se ha dibujado tan sólo de manera literaria. Valgan como ejemplo el Documento de Bases y Elementos Orientadores para la Transformación del Modelo Económico de la Comunidad Valenciana, aprobado en Elche en abril de 2016, y el Plan de acción para la transformación del Modelo Económico Valenciano 2027, presentado en el Baix Maestrat en julio de 2018.

La Crida pel Finançament alerta del riesgo de quiebra de la Generalitat y, por ello, aboga por la urgencia de abordar el problema con vistas a un "futuro de bienestar, justicia social y libertad para la sociedad valenciana". La plataforma insiste en reactivar la reivindicación, presionar para que los partidos se posicionen y ser contundentes ante la actitud esquiva de Madrid.