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La entrada de Podemos al Gobierno deja una oposición de izquierdas territorializada y vigilante con la agenda social

Las formaciones más progresistas del Congreso (en su mayoría partidos minoritarios, independentistas y regionalistas) exigen que el Ejecutivo de coalición se centre en la protección de los derechos sociales y en la derogación de normas como la 'ley mordaza' o la reforma laboral. Suman en total 24 diputados.

Gabriel Rufián (ERC) y Mertxe Aizpurua (Bildu) durante una rueda de prensa en el Congreso / EFE

El nuevo escenario político que deja la investidura de Pedro Sánchez ha reorganizado los roles de los partidos en el Parlamento, sobre todo los de los más progresistas. La entrada de Unidas Podemos en el Gobierno provoca el riesgo de dejar el espacio de la oposición de la izquierda un tanto 'huérfano'.

Si los de Iglesias están en el Ejecutivo, no hay en el Congreso un gran partido de izquierdas a nivel estatal que haga oposición al Gobierno socialista e incida en el impulso de políticas de redistribución de la riqueza, de igualdad, de defensa de los servicios públicos y de las libertades.

Sin embargo, esto no significa que no vaya a haber una oposición de izquierdas en esta legislatura, aunque será distinta a la de los últimos años. La principal novedad es que este espacio político estará muy territorializado, ya que la mayoría de formaciones que lo componen son de corte independentista o regionalista (ERC, Bildu, CUP, Más País, Compromís, BNG).

Muchas de sus exigencias se ajustan en exclusiva a los problemas y reivindicaciones de sus territorios (traspaso de competencias, conflictos culturales y lingüísticos, financiación autonómica, infraestructuras...), pero estas formaciones también han puesto sobre la mesa una agenda social a la hora de negociar la investidura de Sánchez.

ERC

El acuerdo entre el PSOE y ERC ha sido la llave que ha terminado por desbloquear la investidura de Sánchez. Con su abstención, los republicanos catalanes allanaron el camino a los socialistas hacia el Gobierno después de casi nueve meses de bloqueo.

Lo que más trascendió de las negociaciones entre ambas formaciones fue el compromiso de crear una mesa de negociación bilateral entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno para resolver el conflicto catalán. En este espacio no podrá haber vetos a ninguna propuesta y, de lograr un acuerdo, se someterá a la ciudadanía de Catalunya en una consulta.

Socialistas y soberanistas también negociaron reformas sociales para el Gobierno de coalición, aunque fueron eclipsadas por la mesa de negociación. Concretamente, se comprometieron a abordar "una agenda de derechos sociales, la recuperación de derechos civiles y laborales cercenados por los gobiernos del Partido Popular y la situación industrial en Cataluña y en el conjunto de España, en particular en el sector de la automoción".

Bildu

La formación vasca es el segundo partido más grande dentro de los denominados minoritarios. Tanto ERC como Bildu tienen grupo propio; en el caso de los catalanes con 13 escaños, y en el de los vascos, con 5. También los de Mertxe Aizpurua pusieron encima de la mesa una agenda territorial, en este caso del País Vasco, en sus negociaciones con el PSOE, pero asumieron también una agenda social.

Bildu llevará a cabo su acción parlamentaria de esta legislatura en base a tres ejes: la agenda vasca, una agenda social, y la protección y ampliación de derechos y libertades públicas. "Con estos ejes vamos a incidir siempre. Tenemos voluntad de llegar a acuerdos con el nuevo Gobierno, pero nuestra labor de control será constante, nos da igual el partido o partidos que estén en La Moncloa", aseguran fuentes del partido.

Los diputados independentistas ya habían avanzado que cualquier conversación con los socialistas pasaría por pedir la reversión de los recortes en políticas sociales. Tras su primera reunión con el PSOE exigieron "poner en marcha medidas que reviertan los gravísimos recortes que está padeciendo el conjunto de los pueblos y trabajadores del Estado". También reivindican el fin de normas como la 'ley mordaza' y de otras leyes que "ataquen contra las libertades democráticas".

Más País y Compromís

El caso de Más País es peculiar: no es un partido territorial al uso y tiene una clara aspiración de representación estatal, pero no se presentó en todas (ni siquiera en la mayoría) de las provincias en las elecciones de noviembre. Sus resultados, con dos diputados, tampoco estuvieron a la altura de un gran partido de izquierdas, por lo que se encuentra dentro de este grupo de partidos minoritarios del Congreso aunque no sea un partido territorial.

La agenda de los de Íñigo Errejón se centra en cuestiones como la defensa del feminismo, la igualdad y, sobre todo, el ecologismo y la lucha contra el cambio climático. El documento firmado entre el propio Errejón y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, recogía una amplia sintonía en la mayoría de las medidas sociales del pacto PSOE-Unidas Podemos.

Como principales diferencias, Más País pidió aumentar los tramos entre las bases más altas del IRPF con una subida a las rentas de más de 150.000 euros y limitar las rebajas fiscales de las Comunidades Autónomas, como medida de progresividad fiscal; así como la puesta en marcha de una Mesa Nacional de Transición Ecológica con representantes políticos, sociales y sindicales y con el objetivo de consensuar "un gran Acuerdo Verde para España" en el plazo de un año.

También exigieron una revisión de la tipificación del Código Penal de "las agresiones, abusos y acoso sexual que clarifique la condición de consentimiento" y la creación de Centros de Atención a la Violencia Sexual 24h/365 días hasta alcanzar la disposición de un centro por cada 200.000 mujeres.

El acuerdo de Compromís (un diputado) con el PSOE recoge medidas y compromisos del Gobierno con la Comunitat Valenciana, pero el partido liderado por Joan Baldoví en el Congreso también reivindica el fin de medidas como la 'ley mordaza' y la reforma laboral, así como la protección y ampliación de los derechos sociales. Tanto el propio Baldoví como Errejón mostraron durante el debate de investidura su intención de colaborar con el Ejecutivo, siempre y cuando Sánchez cumpla sus compromisos y se respete la agenda social.

CUP y BNG

La CUP (dos escaños) y el BNG (un diputado) son los últimos dos partidos que completarán esta nueva oposición de izquierdas al Gobierno de coalición. Aunque mostraron posiciones totalmente distintas en la investidura (la CUP votó en contra de Sánchez y el BNG, a favor), comparten su defensa de los derechos sociales y de las libertades públicas, más allá de sus reivindicaciones territoriales y de sus aspiraciones nacionales en Galicia y Catalunya.

En las negociaciones con el PSOE, el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, puso sobre la mesa exigencias a nivel territorial y también a nivel estatal. Más allá de lo que el Bloque negoció con los socialistas sobre Galicia, Rego exigió, por ejemplo, la derogación de la reforma laboral, de la LOMCE y de la 'ley mordaza'.

La CUP también se sentó a negociar con el PSOE, en este caso para trasladarle su voto negativo en la investidura por considerar que la de Sánchez sería una "gobernabilidad vacía". En su programa de cara a las elecciones del 10 de noviembre dedican un espacio importante a reclamar cuestiones como la amnistía para los líderes políticos catalanes presos o el derecho de autodeterminación, pero también a poner sobre la mesa la necesidad de proteger derechos sociales y ampliar libertades.

Entre otras estrategias plantean "combatir toda la legislación de excepción que niega derechos a personas por su origen, empezando por la ley de extranjería; también combatiremos el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana ('ley mordaza') y un sistema penitenciario clasista, machista y racista". 

"Combatimos la dictadura de la deuda, las privatizaciones y los recortes, y defendemos la nacionalización y recuperación de la propiedad y gestión pública de los servicios públicos y los sectores estratégicos de la economía, con el objetivo de establecer la garantía universal de derechos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda", recogen también en su programa, entre otras cuestiones relacionadas con los derechos y las libertades.