RC ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide que se amplíe la participación de los ciudadanos en la labor del Parlamento, limitada hoy a la presentación de una iniciativa legislativa popular (ILP), con la creación de una iniciativa de propuesta parlamentaria popular (IPP).

La proposición no de ley de ERC insta al Gobierno a presentar en un plazo máximo de seis meses un proyecto de ley que regule esa propuesta parlamentaria popular no legislativa, que se podría presentar con tantas firmas como votos tenga el diputado o diputada que haya sido elegido con menos sufragios.

El artículo 23 de la Constitución española establece el derecho de la ciudadanía a participar directamente en los asuntos públicos. Sin embargo, a nivel parlamentario este derecho está limitado en la práctica a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

ERC considera que si bien la Constitución establece el derecho de la ciudadanía a participar directamente en los asuntos públicos, a nivel parlamentario este derecho está limitado en la práctica a la ILP y cree que se deberían buscar otras fórmulas de participación que actualmente no están reguladas.

La iniciativa popular está regulada constitucionalmente para las proposiciones de ley, aunque, según Esquerra Republicana, los ciudadanos también deberían poder plantear proposiciones no de ley instando al Gobierno a tomar medidas en un determinado sentido. Por ello, propone la creación de una iniciativa de mandato popular, que sería comparable a las proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios.

Esquerra insta al Gobierno a encargar un estudio al CIS sobre la modificación de la ILP

Otro de los aspectos que a juicio de ERC convierte la ILP en algo excepcional es la exigencia de 500.000 firmas acreditadas cuando un diputado tiene la oportunidad de presentar este tipo de iniciativas con un aval de votos menor. Así, plantea que se exija un número igual o superior de firmas de la ciudadanía a los votos obtenidos por el diputado que haya sido elegido con un menor apoyo.

Para ERC, la ILP también se ve limitada al condicionar su presentación a una serie de materias, sin que puedan plantearse para asuntos propios de ley orgánica, tributarios, indultos o de carácter internacional. En este sentido pide que desaparezca esa limitación y que, en todo caso, sea el Parlamento el que apruebe o deniegue la misma, y que se debata en el primer pleno ordinario después de su acreditación.

Por último, insta al Gobierno a encargar un estudio al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la modificación de la Iniciativa Legislativa Popular para normalizar su uso.