ERC se querella contra el Estado español por el asesinato de Lluís Companys

El 13 de agosto de 1940, la Gestapo detuvo al presidente de la Generalitat durante la República, Lluís Companys (ERC), en la Bretaña francesa. Su nombre estaba incluido en la lista de 800 personas que las autoridades franquistas habían entregado a la Alemania nazi para que fueran extraditados a España. El 29 de agosto de 1940, Companys fue entregado a España. Hasta el 3 de octubre, permaneció en la Dirección General de Seguridad (Puerta del Sol, Madrid) donde fue torturado hasta la saciedad. Fue entonces cuando lo trasladaron al castillo de Montjuic, utilizado entonces como prisión, donde sería juzgado el 14 de octubre. Tras un breve juicio fue condenado a morir fusilado. El 15 de octubre se ejecutó la condena.

Setenta y tres años después de su fusilamiento, Joan Tarda, en representación de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), presentará este martes 15 de octubre de 2013 una querella contra el Estado español por el fusilamiento del entonces presidente de la Generalitat ante la Justicia argentina en el marco de la querella contra los crímenes del franquismo que instruye la juez María Servini.

“Han pasado 73 años, sí. Estamos enterrando ya a los hijos de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, pero aún no ha habido Justicia. Por eso presentamos la querella”, explica a Público el diputado de ERC Joan Tardà, que añade que la formulación jurídica de la querella se basa en la consideración de que el Estado español cometió “crímenes contra la humanidad” y prueba de ello es que los asesinatos y fusilamientos cometidos por la dictadura formaban parte de “un plan sistemático de ejecuciones”.

Como prueba de este “plan sistemático de ejecuciones”, la querella que presentará Joan Tardá en Buenos Aires recogerá otros casos, como la ejecución de “dos diputados de la Generalitat de Catalunya y de más de 50 alcaldes catalanes”. “Nos basamos en la resolución de la ONU de 1946 que configuraba y catalogaba al Estado español como una dictadura fascista en origen y naturaleza”, prosigue Tardà.

Sentencia ilegítima, pero legal

La querella que presentará el martes ERC también recogerá una relación “muy completa” de los intentos realizados por la formación republicana para que la sentencia y el juicio celebrado a Companys sean declarados nulos. En este sentido, Tardà ha querido recordar a Público que su partido ha presentado en el Congreso hasta 13 iniciativas con tal fin y que la propia exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, prometió en 2004 “en el mismo lugar donde se fusiló a Companys” que el Gobierno socialista anularía la sentencia. Una promesa que, posteriormente, fue incumplida en la Ley de Memoria de 2007, que declara las sentencias franquistas ilegítimas, pero no nulas.

“El Estado español posfranquista trató de alejarse de su pasado incorporando todos los tratados y convenios de respeto a los derechos humanos de la ONU. Sin embargo, no ha cumplido con su obligación y hasta la propia ONU se lo ha recordado en su reciente visita a España. Creemos que tenemos pruebas más que suficientes para fundamentar esta querella por crímenes contra la humanidad porque estos, tal y como ha recordado la ONU, nunca prescriben”, añade Tardà.

Alemania y Francia, afectados

En el caso de que la Justicia argentina acepte tramitar la querella, ERC espera que la juez María Servini requiera tanto al Gobierno español como a los ministros del Interior y Justicia y a los gobiernos de Francia y Alemana “toda aquella documentación que pueda ser considerada como prueba para demostrar la tesis” que el partido político defiende: el asesinato de Companys se integra dentro de un delito contra la humanidad.

Asimismo, la querella incluirá una relación de personas dispuestas a declarar ante la Justicia argentina, entre las que se encuentran descendientes del propio Companys y varios historiadores. “Companys era un refugiado político que fue entregado por la Alemania nazi en colaboración con las autoridades de la Francia ocupada. Nosotros queremos que se investiguen esas pruebas documentales y que Argentina imparta la justicia que nos niega en España”, sentencia.