La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha dictado este martes un decreto según el cual la Fiscalía Anticorrupción deberá remitir con efectos inmediatos a la Fiscalía del Tribunal Supremo las diligencias de una investigación en la que se encuentra involucrado el rey emérito por el uso de tarjetas opacas. 

Dicha Fiscalía asume así la investigación abierta por Anticorrupción al constatar que una de las personas involucradas es Juan Carlos de Borbón, que goza de la condición de aforado ante el Tribunal Supremo, además de la reina consorte Sofía y otros de sus familiares cercanos, como algunos de sus nietos. En concreto, se trata de unas tarjetas que se nutrían desde una cuenta en la que ni el emérito ni su familia aparecen como titulares y en las que el dinero procedía del extranjero.

Estas nuevas pesquisas quedan así en manos del fiscal de Sala Jefe de lo Penal, Juan Ignacio Campos, especialista en delitos económicos, para que junto con los fiscales que designe, continúe la investigación ya iniciada.

Además, la Fiscalía General del Estado también ha puesto en conocimiento del Delegado de Protección de Datos una posible fuga de información por lo que reclama que Inspección Fiscal indague en "las condiciones de custodia y acceso de los expedientes", cuestión que se habría comenzado a estudiar el pasado 29 de octubre y no a raíz de lo publicado este martes.

Escándalos financieros

La Fiscalía del Supremo ya asumió la investigación a Juan Carlos I por el AVE a La Meca el pasado mes de junio. En este caso, lo que se trata de aclarar es si el emérito está implicado en el cobro de 80 millones de euros en comisiones por la adjudicación del proyecto a empresas españolas desde su abdicación en 2014, momento en que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado. 

La Fiscalía ultima ya su informe sobre el rey emérito por esta causa, que previsiblemente le exonerará. La clave estaría en la aplicación extensiva de la inviolavilidad prevista en la carta magna y que podría ser aplicada a los hechos investigados.

Juan Carlos I se encuentra desde el pasado 3 de agosto en los Emiratos Árabes Unidos después de huir de España cercado por la justicia cuando empezaron a ver la luz informaciones sobre casos de presunta corrupción que le afectaban y tras años de escándalos sobre sus millonarios ingresos. El Gobierno y Zarzuela se llegaron a plantear apartar al rey emérito de la Familia Real si se abría una investigación judicial por estas cuestiones.

Anteriormente, tras las revelaciones sobre la cuenta offshore del emérito en Suiza el pasado mes de marzo y en la que Felipe VI constaba como beneficiario, la Casa Real emitió un polémico comunicado reconociendo que estaba al corriente de la existencia de esta cuenta desde un año antes, y manifestó la renuncia del rey a la herencia de su padre. Este último gesto es puramente simbólico, sin valor jurídico, ya que el Código Civil prohíbe renunciar a la herencia de una persona que sigue viva.