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Los escasos controles en las exportaciones de armas españolas facilitan el desvío a bandas criminales

Las organizaciones de derechos humanos advirtieron en reiteradas ocasiones a los sucesivos Gobiernos sobre el riesgo de que determinadas operaciones acabaran en manos de paramilitares o grupos delictivos. Desde abril pasado está vigente un protocolo de actuación para esos casos, aunque de momento no se ha aplicado a ninguna venta de material militar.

Exportaciones de armamento
Organizaciones de derechos humanos denuncian que las exportaciones de armamento no cuentan con un seguimiento en los países de destino. Ernesto Guzmán Jr. / EFE

La incertidumbre acompaña a la opacidad en el comercio de armas. Entre 2008 y 2020, la Junta Interministerial que estudia las ventas de material militar español al exterior autorizó un amplio número de operaciones sin aclarar qué garantías existían en torno a posibles desvíos en destino a grupos paramilitares o bandas criminales. En este caso, el secretismo habitual únicamente dio lugar a unas mínimas explicaciones oficiales que no convencieron a los organismos de derechos humanos.

"El riesgo es considerable; nos preocupa que el Gobierno considere este control post venta como algo excepcional", resume Alberto Estévez, portavoz sobre comercio de armas de Amnistía Internacional (AI). Desde hace al menos 12 años, esta organización ha participado en la elaboración de distintos informes en los que se alertaba sobre los riesgos que entrañaban determinadas ventas de armamento. Aquellas recomendaciones fueron remitidas a los distintos Ejecutivos para intentar –sin éxito– que las tuvieran en cuenta a la hora de autorizar nuevas operaciones. Tampoco hubo investigaciones oficiales.

Ghana es uno de los destinos que aparece con frecuencia en esos informes. "Es urgente que el Gobierno explique qué garantías tiene en la práctica de que efectivamente el uso final de estas armas es el que alega, y de que no corren el riesgo de ser desviadas a los países de la zona, algunos de ellos envueltos en conflictos o con un alto grado de violencia", expresaban AI, FundiPau, Greenpeace e Intermón Oxfam en un informe sobre las exportaciones autorizadas en 2008.

España había autorizado entonces la venta de escopetas y cartuchos a Ghana por 2,8 millones de euros. En solo cuatro años las exportaciones a ese país sumaban 15 millones de euros, lo que le convertía en uno de los mayores receptores de armas de caza y tiro deportivo con sus correspondientes municiones.

Frente a los cuestionamientos de los organismos de derechos humanos sobre la falta de control en torno a esas ventas, la Secretaría de Estado de Comercio llegó a defender en 2010 en el Congreso que se trataba de "una exportación que se destina a la población local para satisfacer sus necesidades alimenticias y, básicamente, es para poder cazar pajarillos e incluso monos, que sabemos que son una base de la alimentación local". 

En enero de 2015, la organización Conflict Armament Research (CAR) denunció que armas fabricadas en distintos países europeos –entre los que figuraba España– habían sido introducidas de contrabando en la convulsa República Centroafricana, escenario de crímenes de lesa humanidad. La munición española había sido exportada a Camerún en 2014, y desde allí fue "desviada" a la República Centroafricana.

El Gobierno de Mariano Rajoy alegó entonces en el Congreso que el control de la exportación de aquellos cartuchos era responsabilidad de las autoridades camerunenses, y que la responsabilidad española se limitaba a "garantizar que esa operación llegue a quien tiene que llegar, como efectivamente ocurrió".

Este caso, unido a otro desvío de armas exportadas a Arabia Saudí que acabaron en manos de rebeldes huzíes, sirvió para que distintos organismos de derechos humanos presionaran al Ejecutivo para que adoptase un mecanismo de seguimiento de las armas una vez exportadas. "En algo más de un año se disponía ya de un sistema sobre el papel", recuerda Estévez.

En efecto, en abril de 2020 el Consejo de Ministros dejó sentado por escrito que la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU, encargada de analizar y conceder las licencias de exportación) "podrá establecer, de manera excepcional, mecanismos de verificación, seguimiento y colaboración respecto de la mercancía exportada en determinadas operaciones con la colaboración del gobierno del país importador, para lo cual deberá iniciar un expediente en el que se definirán todos los términos de la verificación".

"Esta era una demanda de las ONG desde hacía más de una década y conseguimos convencer al Gobierno de la necesidad de disponer de un sistema para comprobar sobre el terreno, en el país de destino de la exportación, que las armas no son objeto de desvío ni usadas de forma contraria al derecho internacional", señaló Estévez a Público.

"Nos hubiera gustado que hubiese sido aprobado antes de los casi tres años que tardó en ver la luz –subrayó–, pero lo importante es que ya existe, aunque hasta diciembre de 2020 no se había aplicado a ningún caso". "Lo importante es que al menos hay un proyecto piloto y se pueden extraer lecciones para futuros casos, evitando desvíos o uso de las armas para cometer violaciones graves de derechos humanos", añadió. 

Exportaciones sensibles

En los informes elaborados desde 2008 por las organizaciones de derechos humanos que trabajan en este ámbito también aparecen otras exportaciones sensibles, como las efectuadas a Colombia o México, países marcados por altos índices de violencia y –principalmente en el primer caso– por intervenciones de bandas paramilitares, "ya fuera actuando solos o con la connivencia o aquiescencia de sectores de las fuerzas de seguridad", señala uno de los estudios realizados por AI, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau. 

En otro informe se denunciaba la venta de "cartuchos de caza a Guatemala, donde la violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo sistémica y los defensores y defensoras de los derechos humanos eran objeto de amenazas, agresiones, hostigamiento e intimidación". También hicieron hincapié en las exportaciones de armas de caza y tiro deportivo a Honduras "en un contexto general de delincuencia y violencia, un elevado índice de delitos violentos e impunidad generalizada por los abusos contra los derechos humanos". 

Desvíos a Yemen

Con esos antecedentes, el portavoz de AI considera que el Gobierno "debería hacer investigaciones independientes de los casos denunciados en los informes de la plataforma Armas Bajo Control en los últimos años y hacer públicas sus recomendaciones", así como "aplicar el protocolo adoptado de forma prioritaria a las exportaciones de armas a Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos", ya que en esos tres casos "hay informes creíbles de fuentes fidedignas como Grupos de expertos nombrados por Naciones Unidas y ONG fiables que documentan desvíos de armas a Libia, Yemen o Siria". 

 

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