Lo que esconde el sumario contra Begoña Gómez: organizaciones ultras, informes de Manos Limpias y carencia de pruebas

Casi tres meses después de abrir una causa por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, el juez Juan Carlos Peinado escuchará, el próximo 5 de julio, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en calidad de investigada. Una decisión que el instructor ha dado a conocer este martes, cinco días antes de la celebración de las elecciones europeas. 

La denuncia inicial del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, presentada en los juzgados de Madrid con la única base de ocho noticias de medios digitales de la órbita conservadora, el 9 de abril pasado, ya ha obtenido frutos, al margen de cuál sea finalmente su devenir: ver a un juez interrogar a la esposa del presidente del Ejecutivo.

Aquella denuncia, convertida hoy en querella con la personación de Manos Limpias como acusación popular, ha experimentado ampliaciones sustentadas en presuntos informes elaborados por "el departamento de investigación" del propio pseudosindicato, tal y como Manos Limpias ha informado al juez y consta en el sumario de la causa. 

En la primera de esas ampliaciones, el 26 de abril, la organización liderada por Miguel Bernad pedía al juez que dejara sin efecto una de las noticias aportadas en la denuncia, la que afirmaba que Begoña Gómez había recibido una subvención que el Gobierno central trataba de ocultar. La noticia, publicada en The Objective, fue desmentida: la beneficiaria no era la esposa de Pedro Sánchez, sino una mujer con el mismo nombre y apellidos. 

La querella de Manos Limpias pivota en torno a las relaciones de Begoña Gómez con dos empresarios: Javier Hidalgo, dueño de Globalia y Air Europa, y Juan Carlos Barrabés, responsable de Innova Next. Ambos obtuvieron ayudas públicas y la organización ultra lo achaca a la influencia de la esposa de Sánchez. 

Una carta en el foco

En concreto, la empresa de Barrabés se unió temporalmente a otra, The Valley, para, como UTE, presentarse a dos licitaciones de más de 10 millones de euros convocadas por el organismo Red.es, dependiente del Ministerio de Economía, para gestionar ayudas a desempleados. Y ganó finalmente el concurso. La UTE aportó una treintena de cartas de recomendación, entre las que figura la firmada por Begoña Gómez, como codirectora del Máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, donde el propio Barrabés había sido profesor. También hay otra del Ayuntamiento de Madrid. 

Manos limpias no solo ha ampliado su denuncia, sino que además ha solicitado al juez una serie de diligencias antes incluso de estar personada en la causa, como, por ejemplo, que le retirara el pasaporte a Begoña Gómez en base a una posible destrucción de pruebas al "aprovechar sus contactos internacionales". El juez Peinado se opuso a aquella pretensión por ser "totalmente infundada y descabellada". 

Más allá de enumerar los procedimientos de ayudas públicas que obtuvo Barrabés y demostrar el acuerdo del Consejo de Ministros donde se acordó el rescate de Air Europa con un préstamo de más de 400 millones de euros, la denuncia de Manos Limpias no aporta prueba alguna. 

Para obtener indicios, una de las primeras diligencias del juez fue ordenar a la Policía Judicial una investigación de los hechos denunciados por Manos Limpias. El resultado del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no confirma las acusaciones y desecha cualquier irregularidad en la adjudicaciones. Por ejemplo, resta peso a las cartas de recomendación como determinantes del resultado final del concurso público.

Un frente ultra personado en la causa

Además, desde que el juez Peinado, al frente del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, incoara diligencias previas, el 16 de abril pasado, se han personado como acusación popular Vox y la asociación Movimiento Regeneración Política de España, liderado por el abogado Aitor Guisasola, que, con mucha presencia en redes sociales, niega la violencia machista y ha secundado el bulo sobre le cambio de género de Begoña Gómez. 

El juez ha impuesto a cada una de las acusaciones populares 10.000 euros de fianza. Dos pequeños partidos, Iustitia Europa y 'Portodos', no la han abonado aún. El primero de ellos, de muy reciente creación --fue inscrito en el Registro de Partidos en enero de 2024-- se presenta a las elecciones europeas. Considerado como 'antivacunas', esta formación ha presentado una querella en el Supremo contra Santiago Abascal por su reunión con el líder israelí Netanyahu. 

El partido 'Portodos', liderado por la abogada María Girona, copresidenta de la Sección de Derecho de los Animales del Colegio de la Abogacía de Madrid, ha recurrido la decisión del juez de mantener la fianza de 10.000 euros para las entidades que pretendan ser acusación popular en la causa. En el ideario de este partido figura la derogación de las leyes "basadas en la distinción por razón de género" y la elaboración de "una ley de defensa a todas las víctimas (sic)".

La primera denuncia

La organización ultra Hazte Oír presentó un día antes que Manos Limpias una denuncia contra Begoña Gómez ante la Fiscalía, que llegó a abrir unas diligencias preprocesales para investigar si dicha denuncia tenía fundamento, pero acabó por derivarla al juzgado del juez Peinado, por tratarse de los mismos hechos que ya estaba investigando el Juzgado de Instrucción 41. 

La acción judicial ultraderechista se venía intuyendo desde que el caso Koldo, sobre posibles irregularidades en la compra de material sanitario en la pandemia a través de una trama participada por un exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, dejase ver la relación de Begoña Gómez con el dueño de Air Europa durante su cargo al frente del Africa Center, un proyecto de la universidad privada Instituto de Empresa para fomentar actividades a favor de dicho continente. 

Ahora el juez instructor debe decidir qué hace con la denuncia de Hazte Oír: si la absorbe y la incorpora a la causa o si podría constituir una causa distinta. Esta organización ultra ha centrado su denuncia en la relación de Begoña Gómez con el grupo empresarial Globalia y la consultora de Juan Carlos Barrabés, Barrabés.biz; y además de tráfico de influencias, ve un posible delito de cohecho y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. 

Límites para el juez 

La Audiencia Provincial de Madrid resolvió la semana pasada el recurso de la Fiscalía contra la admisión a trámite de la denuncia de Manos Limpias. Y aunque el resultado no ha sido el esperado por el Ministerio Público, que insistía en que no había motivos para una investigación, el tribunal ha puesto límites al juez Peinado, ordenándole que se centre únicamente en las adjudicaciones públicas de la UTE de Barrabés, por tratarse de los únicos hechos que revisten la apariencia de indicios de ilícito penal.  

Para la UCO, de momento, no es así, aunque aún debe aclarar algunas cosas, por ejemplo, si Barrabés fue el que impulsó la creación del máster sobre transformación social que luego Begoña Gómez codirigió y para el que le contrató, como afirman las noticias aportadas por Manos Limpias.

Pero lo que la Guardia Civil ya ha podido comprobar es que no existieron irregularidades por parte de los miembros de la mesa de contratación de Red.es. Precisamente será el próximo 16 de junio cuando declaren estas personas, más de medio mes antes que Begoña Gómez.