Son el símbolo del terror. De la tortura y de la desaparición. De regímenes que aplastaron a la población civil y tiraron gente viva al mar. Son los ya muertos Jorge Rafael Videla y Gregorio Álvarez en Argentina y Uruguay o el aún dictador Teodoro Obiang en Guinea. Unos y otros, jefes militares todos, tenían y tienen una medalla en común: Juan Carlos I les condecoró con una de las más altas distinciones que ofrece España. La tenían y la tienen porque en España no ha habido intención de anular esas distinciones. Ahora hay una oportunidad.

El paso lo ha dado el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República, conformado por opositores a la dictadura de Obiang. En una iniciativa presentada por escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y a los grupos parlamentarios, los responsables de esta organización guineana con sede en Madrid reclaman que la Cámara anule formalmente la concesión del Collar de la Orden de Isabel la Católica a ese dictador.

La distinción fue otorgada por el rey Juan Carlos mediante un real decreto publicado el 12 de diciembre de 1979, cuatro meses después del golpe de estado en Guinea Ecuatorial. Por entonces también fueron condecorados otros miembros de la cúpula golpista con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

El Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República califica como "vergonzoso" que Obiang, "el dictador más longevo del mundo", continúe ostentando esa medalla. Recuerda en tal sentido que el jefe del régimen "ha mostrado nulo respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas" y ha ordenado "torturas, detenciones ilegales, secuestros y asesinatos", a la vez que "ha mostrado su desprecio al Estado español acusándolo públicamente de todo".

"Por lo tanto, es una vergüenza para la democracia española que Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y su camarilla sigan hoy ostentando tan altas distinciones", señala en la misiva remitida a Batet y a los portavoces de los grupos políticos en el Congreso, a los que piden "adoptar las iniciativas que correspondan o en su caso instar al Gobierno a invalidar y revocar de manera efectiva las mencionadas condecoraciones".

Del mismo modo, plantean la imposición de sanciones "a personas involucradas en abusos de derechos humanos, corrupción, degradación del Estado de Derecho y represión de la democracia en el régimen dictatorial de Teodoro Obiang". En concreto, solicitan la prohibición de entrada a la Unión Europea, el congelamiento de cuentas, confiscación de bienes y revocación de permisos de residencia en España "si los tuvieran" a una serie de miembros del régimen.

Videla y Mobutu

Lo cierto es que en el listado de dictadores condecorados por España no solo figura Obiang. Ese mismo año, el rey Juan Carlos también entregó el Collar de la Orden de Isabel la Católica al militar argentino Jorge Rafael Videla y a su homólogo peruano, Francisco Morales Bermúdez.

En el caso del jefe del régimen argentino, las relaciones se vieron fortalecidas con el viaje que el monarca había realizado a aquel país en noviembre de 1978. De nada valieron entonces las peticiones de distintas organizaciones de derechos humanos para que no realizara esa visita oficial a la dictadura de Videla, responsable para entonces de miles de desapariciones y torturas.

Dos años después, el monarca español distinguió con ese mismo collar a dictadores de otros lares: el indonesio Suharto, considerado por Transparencia Internacional como el líder más corrupto de la historia moderna, el jeque emiratí Zayed bin Sultán o el emir de Baréin Isa bin Salman Al Jalifa recibieron esa condecoración española.

En 1983 hubo distinciones para el dictador uruguayo Gregorio Álvarez y para el brasileño João Baptista Figueiredo, así como para otro rostro de la represión: el temido Mobutu Sese Seko, dictador de la República de Zaire, también figura entre los condecorados ese año por el rey Juan Carlos I.

"Comportamientos extraordinarios"

Según destaca el ministerio de Asuntos Exteriores en su página web, la Orden de Isabel la Católica "fue instituida por el Rey Fernando VII el 14 de marzo de 1815, con la denominación de Real Orden Americana de Isabel la Católica". Su objetivo es "premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional". "Su Majestad el Rey es el Gran Maestre de la Orden de Isabel la Católica, por lo que todas las condecoraciones de esta Orden son conferidas en su nombre", destaca Exteriores.

La normativa establece que en caso de fallecimiento de la personalidad distinguida con el collar,  "los herederos" de las personas distinguidas con el collar deben entregarlo a las autoridades diplomáticas españolas. 

Pregunta sin respuesta

"¿Ha previsto el Gobierno revocar las condecoraciones y reconocimientos oficiales, teniendo en cuenta que dichos militares y diplomáticos fueron represores y criminales de una feroz dictadura?", preguntó en 2014 el entonces diputado de La Izquierda Plural Joan Josep Nuet tras la publicación de distintas informaciones sobre este asunto en Público. El Gobierno de Mariano Rajoy nunca le respondió.

El Ejecutivo del PP también recibió una pregunta del entonces diputado de IU Gaspar Llamazares, a quien sí respondió: en febrero de 2015, el Gobierno alegó que "las relaciones bilaterales entre España y Argentina en la época de la dictadura del general Videla, se mantuvieron conforme con el principio de la universalidad de relaciones diplomáticas entre Estados y similares a las mantenidas con el resto de países del continente iberoamericano".

"La relación bilateral en esa época fue además consecuente con el hecho de que Argentina es una de las naciones con las que España tiene lazos históricos y culturales más intensos, que van más allá de la permanencia en el poder de un tipo u otro de Gobierno, al asentarse las relaciones diplomáticas no entre éstos sino entre Estados", defendió entonces el Ejecutivo del PP.