El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratifica que España vulneró los derechos fundamentales de los niños repatriados a Marruecos en agosto de 2021. Los magistrados han desestimado el recurso interpuesto por la ciudad autónoma de Ceuta y su Delegación de Gobierno ante la sentencia que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dictó el pasado mes de febrero, la cual declaraba que la Administración violó el artículo 15 de la Constitución española.

Según establece la Carta magna, "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". El TSJA recuerda en su sentencia que poner en peligro este derecho es suficiente para infringirlo. La Administración repatrió a los niños sin conocer con certeza su identidad ni garantizar las implicaciones que tendría devolverlos.

La Delegación del Gobierno en Ceuta no individualizó "los expedientes de retorno de cada menor afectado" y además, "omitió todos los trámites esenciales y cautelas procedimentales de obligado cumplimiento para la repatriación", ratifica el Tribunal, según lo que ya declaró el Juzgado de lo Contencioso.

La Justicia ha resuelto una apelación presentada contra la sentencia de un recurso interpuesto por la Asociación Coordinadora de Barrios para proteger los derechos fundamentales de ocho menores que llegaron solos y que se vieron afectados por las repatriaciones. Todavía queda otra apelación por resolver sobre el caso de otros 12 niños en circunstancias similares a los que representaron la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces.

"Urge una política de migraciones que respete los derechos humanos y proteja a los más vulnerables, especialmente cuando son niños, niñas, y están solos", apunta Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora, en unas declaraciones a las que Público ha tenido acceso. También denuncia la actuación del Estado frente al salto de la valla de Melilla el 24 de junio, cuya gestión recuerda a la del pasado agosto.

Los menores entraron en el país en mayo de 2021 desde la frontera del Tarajal que abrió Marruecos para generar una presión migratoria sobre el Estado español, después de acoger en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario y presidente de la República Saharaui, Brahim Gali. Sin embargo, la sentencia recalca que esta crisis "en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley".

Ante el miedo de ser expulsados a Marruecos, hasta 80 menores acudieron a los abogados y abogadas de varias organizaciones. Entre ellos, los 20 representados de la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta ordenó paralizar cautelarmente las repatriaciones sin garantías y sentenció en ambos recursos que la Administración actuó sin amparo legal y vulneró los derechos fundamentales de estos niños.