El esperpéntico viraje del 'caso Cursach': de pedir ocho años de cárcel a la absolución entre llantos del fiscal

Lágrimas en la última sesión del juicio por el caso Cursach: las del fiscal Tomás Herranz, que desde que comenzó la vista oral, en junio pasado, no ha presentado ni una sola prueba contra Bartolomé Cursach, el magnate de la noche mallorquina, ni contra sus hombres de confianza ni los policías acusados de recibir prebendas del emporio de Cursach a cambio de ilegalidades para perjudicar los negocios de la competencia.

De los 24 procesados iniciales se ha pasado, tras las 36 sesiones del juicio, a dos; ambos, policías locales de Palma de Mallorca acusados de hacer inspecciones arbitrarias al local de un empresario para los que se pide dos años de prisión. Todos los demás, incluido Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, han quedado sin cargos en su contra, lo que significa la absolución. 

El alegato final del fiscal Herranz, con llanto incluido, podría ser calificado de inaudito. "Este informe [su informe final de calificación], más que justificar ante la sala la retirada de acusaciones, tiene otro objetivo: reconocer ante los acusados que han sufrido una injusticia, y que el cambio de la Fiscalía supone un intento mínimo de reparar el daño producido". Esta ha sido su tesis durante el juicio, la inocencia. Hay que recordar que a escasos días de que arrancara la vista oral, Herranz amputó el grueso de las acusaciones de la Fiscalía contra Cursach y los suyos, presentando un memorable escrito lleno de tachones, que fue admitido por la Sala, pese a que implicaba de facto un nuevo escrito de acusación, algo que no está permitido al inicio de una vista oral. 

Al lado de Herranz, escuchaba impertérrito el fiscal Carrau, que fue quien durante la investigación pidió prisión provisional para Bartolomé Cursach y sus hombres, a la vista de las denuncias y testimonios que existían sobre la mafia que lideraban en Mallorca para mantener la hegemonía sobre los negocios de ocio. Carrau se opuso firmemente a la puesta en libertad del magnate. En base a las evidencias del sumario, la Fiscalía llegó a pedir para el líder de Cursach ocho años y medio de prisión por liderar una trama de sobornos a policías y otros funcionarios para hacerse con el control de las discotecas en Mallorca. El cambio de postura de Carrau y de la Fiscalía es calificado por varios abogados de las acusaciones con los que ha podido contactar este diario como "vergonzoso".

De cohecho y organización criminal a "nada delictivo"

A lo largo del juicio, una a una se han ido desinflando todas las acusaciones contra Cursach, para quien la Fiscalía pedía al inicio del juicio 18 meses de prisión, por pertenencia a organización criminal, pero ya sin el concurso del delito de cohecho. Pero este miércoles ya no había ni sombra de organización criminal. "Algún jurista diría que el hecho de que un proceso que termine con sentencia absolutoria es un fracaso de la Justicia, pero este, en cualquier arco desde el que se mire, lo ha sido sin paliativos y así ha sido reconocido hasta por las acusaciones particulares cuando han manifestado que nada ha quedado acreditado", ha dicho el fiscal Herranz, para quien los acusados "no han hecho nada delictivo". 

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El miedo de los testigos ya lo adelantó 'Público'

¿Cómo se ha llegado a este final en la que fue una de las investigaciones más ambiciosas, extensas e importantes de los últimos lustros en las Islas Baleares?  El acoso a los testigos durante la instrucción por parte de sicarios supuestamente a las órdenes de los investigados ha tenido mucho que ver, igual que la defensa a ultranza que ha hecho la Fiscalía de los acusados.

Este periódico lo desveló en una veintena de exclusivas sobre la denominada 'mafia' que pivotaba alrededor de los negocios de la noche de Mallorca; una investigación periodística que arrancó a través de denuncias internas de las policías locales de Calviá y Palma sobre sobornos a agentes y políticos para hacer la vida imposible a la competencia de Cursach y que salpicaba incluso a las oposiciones para entrar en esos cuerpos. 

Las presiones a todo aquel que señalaba al entorno de Cursach fueron enormes. Al testigo número 29 de la causa se le llegó a quemar la cara, a una mujer que regentaba un club y que testificó sobre aquella mafia se la apaleó; y a dos periodistas, del Diario de Mallorca y de Europa Press, que cubrían el caso un juez les intervino sus móviles, medida sin motivar que provocó una lesión en sus derechos fundamentales, como sentenció el Tribunal Constitucional. 

El 90% de los testigos que han desfilado por el juicio, en torno a unos 70, no han aportado las pruebas de cargo que en un principio tenían o se han desdicho de sus testimonios acusatorios  iniciales; incluso algunos testigos no han comparecido y se encuentran en paradero desconocido. "Normal que tengan miedo, si ves que la Fiscalía no persigue los delitos, si ves que van a quedar impunes y tú vives allí con tu familia, pues tienes miedo", dice a Publico Teresa Bueyes, la abogada de un empresario perjudicado, que ha tenido que renunciar a la acusación porque "no se han presentado las pruebas que incriminaban a Cursach", sostiene. 

Respecto a su cliente, Bueyes alega que las 14 denuncias que José Manuel Bover llegó a presentar en su día y que estaban aportadas en el sumario, "han desaparecido directamente, ni se han enjuiciado ni se han archivado, es que no están". La abogada se refiere a "hechos gravísimos de coacciones, escombros a la puerta de su local, carne muerta que le dejaron como amenaza..." Bueyes apunta a que en este juicio "ha ganado el miedo, ha perdido la Justicia", en relación al temor de los testigos a decir la verdad.

Inexplicable actuación fiscal

Tampoco se han aportado en el juicio los audios que probaban cómo operaba la mafia policial. La actuación de la Fiscalía en el juicio ha sido "llamativa", según apuntan fuentes jurídicas a este diario; por ejemplo, ha prescindido de informes de la Guardia Civil, de Blanqueo de Capitales, de conversaciones telefónicas de algunos de los investigados que serían probatorias del "control absoluto" de las instituciones públicas, como los ayuntamientos de Calviá y de Palma y la consejería de Turismo. 

Para Teresa Bueyes, "lo que se ha celebrado en Palma no ha sido un juicio sino una farsa, que allana el camino para que el Estado indemnice a Cursach y a Sbert por haber pasado por la cárcel". Hay que recordar que ambos estuvieron 14 y 10 meses respectivamente en prisión provisional. "Este miércoles hemos asistido al proceso de canonización de Cursach y los suyos", dice Bueyes en relación al alegato final del fiscal.

Graves acusaciones contra el juez instructor

Pero además de esa hipotética indemnización, la absolución de Cursach y los suyos defendida con ahínco por el fiscal Herranz también servirá previsiblemente para aumentar los cargos contra el juez instructor del caso Cursach, el ya exjuez Manuel Penalva, y contra el exfiscal Miguel Ángel Subirán. El Ministerio Público ha reclamado otra investigación por presuntos delitos de detención ilegal, coacciones y prevaricación en la instrucción. 

La Fiscalía afirma que en el juicio han aparecido indicios de que Penalva y Subirán "presionaron" a testigos y ordenaron detenciones "indebidas"; además acusa de falso testimonio a cuatro de los testigos que han declarado en el juicio --todos ellos, en contra de Cursach y su red--, entre ellos, una exinspectora de Blanqueo. 

Los ataques a la instrucción judicial de Penalva y Subirán fueron continuos durante la investigación con el objetivo de ponerla en cuestión y desinflar las acusaciones, como finalmente ha sucedido. 

El fiscal Miguel Ángel Subirán llegó a denunciar públicamente a través de la Unión Progresista de Fiscales el acoso al que estaba siendo sometido desde que inició la investigación: seguimientos, acoso en su vida privada, allanamiento de su casa y el robo de su moto. También hubo campaña mediática; algunos medios de comunicación baleares parecían el altavoz de los investigados.

El golpe definitivo contra el juez instructor llegó con la denuncia de dos abogados que describieron presuntos episodios de coacciones por parte del juez y del fiscal a una testigo, dueña de un prostíbulo. Esta mujer primero había identificado a clientes, a mandos policiales y a altos dirigentes del PP, pero luego se echó atrás. Las conversaciones de Whatsapp del juez con la testigo se hicieron públicas y acabó siendo apartado tras una recusación. En julio de 2021 el CGPJ le jubiló por incapacidad permanente. El exfiscal anticorrupción Subirán se jubiló también de forma anticipada en 2020.