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Estudio Un estudio de CCOO constata que el sistema de contrataciones para las víctimas de violencia machista "lleva a la precariedad"

"El machismo, lejos de estar perdiendo terreno, está avanzando", afirma Yolanda Carrasco, secretaria de la Mujer de CCOO en la presentación del Informe sobre mujeres víctimas de violencia de género 2019, con datos de Andalucía.

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Yolanda Carrasco y Eva Martínez, de CCOO Andalucía.

Sobre el papel, la legislación sobre violencia machista garantiza a las mujeres que han sido víctimas facilidades para acceder a un empleo que pueda incrementar su autonomía personal.

Para la contratación a víctimas de violencia de género, las empresas tienen derecho a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social. Para contratos indefinidos a tiempo completo asciende a 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante 4 años. No es necesaria la condición de estar desempleada.

Y para la contratación temporal a tiempo completo, de 600 euros/año o de 50 euros/mes por trabajadora contratada durante toda la vigencia del contrato. Si es a tiempo parcial, el Estado abona el porcentaje correspondiente en función de la jornada laboral.

Sin embargo, el sistema no está funcionando como debería en Andalucía, porque “lleva a las mujeres a la precariedad, temporalidad y parcialidad”, según asegura CCOO en el Informe sobre mujeres víctimas de violencia de género 2019, presentado este lunes en Sevilla. En el estudio se afirma, además: “Esta oportunidad permite a las mujeres romper con el círculo, pero tenemos que lamentar que las empresas no se comprometan a acabar con esta lacra, manteniendo el mismo modelo a pesar de contar con la bonificación”.

“La situación laboral de estas mujeres es un calco del resto de la población, son mujeres con formación media y superior, que en la mayoría de los casos desempeñan empleos de inferiores categorías a su preparación. Los sectores mayoritarios [son] limpieza, dependientas y cuidados personales”, agrega el sindicato en el estudio.

Los datos que aporta CCOO, recogidos de fuentes oficiales –SEPE– son los siguientes. Desde el año 2007, se han efectuado en Andalucía 1.462 contratos. De ellos, 1.194, el 81%, fueron temporales –la mayoría eventuales, también por obra y servicio y en interinidad y prácticas, los menos–, mientras que el 19% lo fueron indefinidos.

“Una mujer con una trabajo precario tiene muy difícil romper el círculo en el que se encuentran”, afirmó Yolanda Carrasco, secretaria de la mujer de CCOO. Andalucía. “No vemos el compromiso de las empresas para combatir esta lacra social. No son muchas las empresas que se apuntan a estas medidas”, agregó Carrasco.

Preocupación por Vox

El informe se ocupa también de la irrupción de la ultraderecha y su capacidad para influir en las políticas públicas y refleja la preocupación que existe en el sindicato debido a que el Gobierno de Andalucía, “a pesar de estar formado por dos partidos –PP y Ciudadanos– que aprobaron la Ley Andaluza contra la violencia machista, está en permanente equilibrio por haberse apoyado en un tercero –Vox– que considera que la mayoría de las denuncias de violencia son falsas y cuyo objetivo manifiesto es desmontar el sistema de atención a las víctimas de violencia de género”.

CCOO también afirma que la Junta de Andalucía “no ha sabido” aclarar a qué partidas se destinan los más de quince millones del pacto de Estado para 2019 y 2020. “Mucho nos tememos que no hayan venido a aumentar los presupuestos destinados a la protección y prevención de las víctimas”, lamenta CCOO.

“El Gobierno debe redoblar sus esfuerzos para aumentar los recursos a las mujeres”, remacha el sindicato. “Nos preguntamos cómo es posible que el Gobierno haya hecho un recorte del 50% en las políticas de protección a las víctimas. Nos preguntamos si no estará la Junta asumiendo el lenguaje misógino [de la ultraderecha]. Bajo el cambio de nomenclatura se busca esconder las consecuencias de la violencia machista, la aceptación de este discurso de la ultraderecha está generando en las mujeres un estado de miedo y rearmando a los agresores”, dijo Carrasco.

El estudio destaca además que “las mujeres se sienten desprotegidas”. “El desconocimiento, el terror a la reacción del agresor, el miedo a ser cuestionada como mentirosa, la dificultad de aportar pruebas, la desprotección en la que se puede encontrar luego y en algunas ocasiones la falta de empatía de las personas que intervienen a lo largo de los acontecimientos las lleva a no denunciar con la más terrible de las consecuencias”.

“Muestra de ello es el descenso en las denuncias en 2018 y 2019. El machismo, lejos de estar perdiendo terreno, está avanzando. Formar, educar desde la infancia en igualdad, desde el respeto es la asignatura pendiente”.

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