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EUSKADI La Gran Cruz de Reconocimiento Civil para víctimas del terrorismo excluyó a las del GAL y el BVE

Interior asegura que la administración puede actuar de oficio para conceder esa medalla, aunque debe contar con el visto bueno de los familiares. Desde el entorno de varios fallecidos señalan que nunca les han planteado esa posibilidad.

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Manifestación tras el asesinato de Tomás Alba en septiembre de 1979. EUSKAL MEMORIA

Aquel “agur” se convirtió en el último. En una despedida imprevista y fulminante. En el prolegómeno de los disparos que acabarían con su vida y le dejarían en el suelo, agonizando en un charco de sangre. El 28 de septiembre de 1979, Tomás Alba, concejal de Herri Batasuna en Donostia, se desplomaba a la salida de una sidrería de Astigarraga tras ser acribillado a balazos por miembros de un grupo terrorista de extrema derecha, el Batallón Vasco Español (BVE).

El nombre de Alba aparece en el listado de víctimas del terrorismo que fueron indemnizadas por el ministerio del Interior, aunque no sin ciertas trabas: luego de recibir las primeras indemnizaciones, el Estado intentó evitar que la familia del concejal de HB recibiera la cuantía que le correspondía en función de lo establecido en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

En septiembre de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy se negó a otorgar esa nueva indemnización a sus familiares, bajo el argumento de que el asesinado había sido parte de HB, formación política que acabó ilegalizada por su supuesta vinculación con ETA. El caso llegó a la Audiencia Nacional, que en 2016 dio la razón a su viuda e hija y obligó al Estado a pagar el monto correspondiente.

No obstante, hay otro listado en el que Alba sigue sin estar registrado: la Gran Cruz de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, instaurada por el Gobierno de José María Aznar, excluye a víctimas que, al igual que el ex concejal de HB, murieron en atentados cometidos por el GAL o el Batallón Vasco Español.

Fuentes de Interior señalaron a Público que tras una reforma legal producida en 2013, la Gran Cruz “se puede conceder a instancia de los familiares de la víctima, o también podrá iniciarse de oficio” por parte de dicho ministerio, “previa consulta con los destinatarios”.

En ese mismo sentido se expresó en marzo de 2018 el entonces subsecretario de Interior, Luis Aguilera Ruiz, a raíz de una pregunta formulada por la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere, quien requirió información sobre las razones por las que Yolanda González –la joven asesinada por miembros de Fuerza Nueva en 1980–, así como “otras víctimas, hasta ochenta, del GAL y del Batallón Vasco Español, además de otros grupos terroristas de extrema derecha” no eran reconocidas con esa medalla.

Según consta en las actas de esa sesión, el entonces subsecretario de Interior sostuvo que “la falta de reconocimiento de la condecoración a la que alude su señoría en absoluto tiene que ver con la organización o grupo autor del atentado, sino con que no haya sido solicitada por sus familiares, según la información que remite la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo”.

“Las condecoraciones de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo se tramitan con carácter general, previa solicitud expresa de los interesados, aunque cabe también la iniciación del procedimiento de oficio, en este caso siempre también con el consentimiento de los interesados y su previa conformidad”, apuntó.

En ese contexto, desde la Fundación Egiari Zor –formada por víctimas del GAL y de otros grupos– señalaron a Público que no hay constancia de que el Estado se haya puesto en alguna ocasión en contacto con familiares de los asesinados para plantearles la posibilidad de solicitar esa medalla.

"Misma vulneración, mismos derechos, independientemente del origen de la violencia padecida"

“Las víctimas del terrorismo de los GAL, Triple A o Batallón Vasco Español a día de hoy seguimos trabajando para superar la categorización que sufrimos”, dice a Público la portavoz de Egiari Zor, Ane Muguruza. Su padre, el diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza, fue asesinado el 20 de noviembre de 1989. “Debemos lograr un marco legal de reconocimiento y reparación para todas las personas que sufrieron violaciones graves de Derechos Humanos en el contexto de conflicto de Euskal Herria –continúa su hija–: misma vulneración, mismos derechos, independientemente del origen de la violencia padecida”.

"Distinciones"

Evidentemente, hay víctimas de la extrema derecha y del GAL que no han sido tratadas con el mismo rigor y cariño que algunas víctimas de ETA, porque tampoco todas las de ETA han sido tratadas como merecen. Siempre ha habido distinciones”, afirma a este periódico Robert Manrique, sobreviviente del atentado de Hipercor y asesor de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT).

Por su parte, fuentes del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE, organización que incluyó el asesinato del concejal de HB Tomás Alba en su “Mapa del Terror”) consideraron que los asesinados por el GAL u organizaciones similares “también son víctimas del terrorismo, pero también es verdad que hay ciertos reconocimientos que implican un honor que esas personas, al haber sido del entorno de una banda terrorista, no tienen”, algo que contraponen con aquellas víctimas “100% inocentes”. En el caso de Alba, consideraron que “no era un terrorista directamente, pero sí era del entorno de la banda”.

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