La evolución de Vox en diez años: del trastero del PP a imponer su agenda ultra en seis comunidades

En diciembre de 2013 un grupo de personas, entre las que se encontraba Santiago Abascal, fundaron en Madrid la formación de extrema derecha Vox. En aquel momento no parecía más que otro pequeño partido ultra. Sin embargo, con ellos, toda España se subía a la ola neoconservadora que despertaba en Europa tras la crisis financiera de 2008.

Para un grupúsculo del ala dura de los populares en la capital, encabezada por Abascal, las políticas de austeridad impuestas por el PSOE y el PP habían empezado a ser consideradas tibias y servían como la perfecta excusa para crear desafección en una parte de la sociedad.

Su propuesta, una suerte de "Make USA great again" a la española aderezada con una buena dosis de catolicismo y patriotismo, permaneció arrinconada durante los primeros años de vida de la formación. Encontró su filón en la oposición al movimiento feminista, que el 8 de marzo 2018 llenó las calles del país bajo el lema "Si nosotras paramos, se para el mundo". A finales de ese mismo año, Vox entraba por primera vez en un Parlamento autonómico: Andalucía.

Actualmente, los ultraconservadores han acumulado más de tres millones de votos en las elecciones generales y han conseguido el bastón de mando en solitario en 33 municipios. También han consolidado su alianza con el PP, junto al que gobiernan en cinco capitales de provincia y seis comunidades autónomas. En todas ellas, los de Abascal presionan por imponer su agenda antifeminista, contraria a las políticas LGTBI+, la migración y la diversidad cultural, además de una política económica ultra liberal.

El camino no ha estado exento de purgas internas, que se han cobrado las expulsión de algunas de sus figuras más relevantes, como Macarena Olona o Iván Espinosa de los Monteros.

Público analiza cómo ha sido el recorrido electoral y económico del partido de extrema derecha en su primera década de vida.

Los 52 escaños de las generales de 2019

Las elecciones al Parlamento europeo de 2014 fueron la primera cita electoral en la que los ciudadanos pudieron encontrar una papeleta de Vox entre las candidaturas de unos comicios. Su cabeza de lista era el exdirigente popular y cofundador del partido de extrema derecha Alejo Vidal-Quadras.

Sólo el 1,57% del electorado –246.833 personas– votó a Vox aquel año, insuficientes para que la formación llegara a participar en el concierto europeo.

Un año después, en las generales de 2015, los de Abascal también se quedaron lejos de las puertas del Congreso, con sólo el 0,23% de los votos que les proporcionaron 58.114 españoles. Sí consiguieron escaños Podemos y Ciudadanos, rompiendo por primera vez los equilibrios del bipartidismo.

A los partidos tradicionales les costó aceptar el nuevo marco político y ninguno de los candidatos de los dos grandes partidos –Rajoy por el PP, Pedro Sánchez por el PSOE– logró amarrar los 176 votos necesarios para la investidura, por lo que el 26 de junio de 2016 se volvieron a celebrar elecciones generales.

De nuevo, Vox se quedó fuera de la Cámara Baja, con sólo 47.182 votos. El 19 de julio daba comienzo la XII Legislatura, con un reelecto Mariano Rajoy (PP) al frente del Gobierno. Tres eventos marcaron su presidencia.

En primer lugar, la declaración unilateral de independencia en Catalunya el 1 de octubre de 2017, duramente reprimida en las calles y en los tribunales. Por otro lado, la crecida del movimiento feminista, que desbordó las calles en 2018 y puso en el centro del debate político la violencia sexual contra las mujeres.

Por último, la proliferación de casos de corrupción relacionados con el PP, que condujo finalmente a una moción de censura contra Rajoy y que dio la presidencia a Pedro Sánchez el 1 de junio de ese mismo año 2018.

Vox alcanzó su máximo histórico en la repetición electoral de 2019, sumando 3,6 millones de votos

Antifeminismo, tensión nacionalista y el desgaste de la derecha tradicional fueron los ingredientes de la receta perfecta para que los de Abascal subieran como la espuma en las generales de 2019. En abril de ese año, Vox entró por primera vez en el Congreso de los Diputados con 2,6 millones de votos –un 10,26% de los votos útiles– y 24 escaños.

No obstante, fue en la repetición electoral de noviembre de 2019 cuando la extrema derecha alcanzó su máximo histórico, añadiendo un millón de votos a su resultado anterior. En total, el 15,08% de los votos y 52 diputados. Esta burbuja ultra se ha desinflado en las últimas elecciones generales, celebradas en julio de 2023, en las que ha mantenido un suelo electoral importante al obtener el 12,39% de los votos –más de tres millones– y 33 escaños.

Andalucía, la puerta de entrada de Vox

Desde su fundación, Vox ha vivido tres ciclos electorales autonómicos. En el primero, que tuvo lugar entre 2015 y 2016 –en el caso de Euskadi y Galicia–, el partido de extrema derecha pasó sin pena ni gloria. Sólo en Madrid consiguió estar por encima del 1% de los votos, mientras que en Aragón, Balears, Navarra, La Rioja, Catalunya y Galicia ni siquiera presentaron candidaturas. Fue en las siguientes elecciones autonómicas, celebradas entre 2018 y 2020, cuando Vox consiguió por primera vez representación institucional.

A mediados de 2018, la entonces presidenta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), anunció un adelanto electoral, fijado inicialmente para 2019. En aquel momento, el PSOE llevaba gobernando ininterrumpidamente Andalucía 40 años, si bien los socialistas habían necesitado el apoyo de Ciudadanos para amarrar el poder en su última legislatura.

Por su parte, los naranjas eran los socios de gobierno de los populares en el Ejecutivo central, en aquel momento en manos de Mariano Rajoy. Fue la moción de censura –presentada por el PSOE– que destronó a Rajoy lo que llevó a Ciudadanos a romper el pacto con los socialistas en Andalucía.

El 2 de diciembre de 2018 se celebraron elecciones al Parlamento de Andalucía, en las que la versión andaluza de Vox, liderada en aquel momento por el exjuez Francisco Serrano –actualmente procesado por fraude–, consiguió el 10,97% de los votos que le proporcionaron 12 escaños.

Estos diputados fueron imprescindibles para aupar al popular Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia. En 2019, la formación de extrema derecha entraba en País Valencià, Madrid, Murcia, Aragón, Asturias, Illes Balears, Cantabria y Castilla y León. En 2020 hicieron lo propio en Euskadi.

En la tercera ronda de elecciones autonómicas, Vox no sólo se ha consolidado en todos los parlamentos autonómicos –a excepción de Galicia, que celebra elecciones de 2024–, sino que ha llegado al gobierno de siete de ellos. El primero fue el de Castilla y León, donde los de Abascal pasaron de un escaño a 13 en las elecciones de 2022. Gracias a ellos, consiguieron negociar con el PP la vicepresidencia, ahora en manos de Juan García-Gallardo (Vox), además de cuatro consejerías.

Después de las autonómicas de 2023, Vox y PP han repetido esta alianza en Illes Balears, País Valencià, Extremadura, Aragón, Murcia y Cantabria.

De tres alcaldes en 2015 a 33 en 2023

El partido de extrema derecha tiene una escasa implantación territorial: sólo tiene una presencia relevante en municipios grandes y capitales de provincia. Paradójicamente, únicamente ha logrado gobernar en solitario en pueblos de la España vaciada, otrora feudos del PP.

Las primeras elecciones locales en las que Vox hizo acto de presencia fueron las de 2015 y sólo en 28 pueblos consiguieron superar el 3% de los votos. Sin embargo, se llevaron la alcaldía de tres pueblos, los burgaleses Moncalvillo y Cardeñuela Riopico y el vallisoletano Barruelo del Valle. En 2019, añadieron a esta lista otras cuatro localidades: Vita (Ávila), Roales (Zamora), Hontecillas (Cuenca) y Navares de las Cuevas (Segovia).

Tras las municipales del 28 de mayo de 2023, Vox gobierna en 33 pueblos, la mayoría con menos de 1.000 habitantes. Actualmente, el partido de extrema derecha tiene 1.637 concejales repartidos por los consistorios de todo el territorio nacional.

Financiación pública

Como ocurre con el resto de partidos, el incremento de la representación institucional que ha experimentado Vox en los últimos años ha conllevado, de igual modo, un aumento de la financiación pública que percibe acorde a lo estipulado legalmente. En el caso de las formaciones con presencia parlamentaria, la asignación mensual recibida es proporcional al número de escaños poseídos en cada una de las dos cámaras que conforman el Parlamento español –Congreso y Senado–.

De esta forma, los 33 diputados conseguidos en 2023 en la Cámara Baja retribuirán a Vox unos 1,7 millones anuales. Además, cada año los partidos políticos reciben del Ministerio del Interior una subvención en concepto de gastos de seguridad y financiación ordinaria.

En 2019, la ayuda recibida por los de Abascal era tan sólo de 3,5 millones de euros, mientras que en 2020 se disparó hasta los 9,6 millones, para estabilizarse en los 8,4 millones anuales entre 2021 y 2023. Así se refleja en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) del Ministerio de Hacienda y Función Pública consultado por Público.

El portal del organismo público también muestra las subvenciones recibidas por el partido y los grupos municipales y autonómicos de Vox desde 2019, último año del que se ofrece información tal y como establece la regulación de la BDNS. Desde entonces y según la información volcada por las diferentes administraciones públicas, las distintas formaciones agrupadas bajo el paraguas de Vox han sumado, como mínimo, entre 4 y 11,5 millones de euros anuales.

Estas cifras son un punto de partida, ya que en el listado no aparecen todas las administraciones públicas en las que el partido de ultraderecha consiguió representación, a pesar de que, como ha informado Hacienda a este periódico, "tanto las comunidades autónomas como las entidades locales están obligadas a suministrar información de las subvenciones y ayudas públicas que concedan".

Quedan fuera de esta operación las ayudas a los gastos en publicidad y propaganda electoral que reciben los partidos después de la campaña electoral. También las subvenciones públicas que reciben las fundaciones asociadas al partido, Disenso y Denaes.