El exalcalde de Jaén se enfrenta a un juicio por un presunto fraude al Ayuntamiento de cuatro millones de euros

El exalcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya (PP), y su equipo en el Ayuntamiento afrontan desde este lunes, según fuentes jurídicas, un juicio por el que han sido procesados por cinco delitos –prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental–, por lo que, de ser condenado –lo que está por ver, porque la Fiscalía pide su absolución, no así a su equipo– podría caerle una pena de prisión.

El juez les ha sentado en el banquillo acusados de haber maniobrado para inflar las facturas pagadas a las empresas que se ocupaban del mantenimiento del alumbrado público, los semáforos y las fuentes de la ciudad.

La Fiscalía considera que hay caso, pero, al contrario que el juez instructor, excluye al exregidor, Fernández de Moya, de la trama. Para el Ministerio Público, los principales responsables serían en el entonces teniente de alcalde, Miguel Ángel García Anguita (PP), y al entonces concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral (PP). Para ellos, la Fiscalía pide nueve años de prisión.

Las facturas no solo inflaban presuntamente el coste con la connivencia del equipo de Gobierno, sino que en algunos casos ni siquiera se llegaban a ejecutar el servicio contratado, según ha revelado la investigación de la Guardia Civil. La cantidad presuntamente defraudada ronda los cuatro millones de euros, que debe reponerse al Ayuntamiento.

Para asegurar el cobro de lo defraudado, el juez ha fijado una fianza para todos los acusados de 6,5 millones.

Además de los exdirigentes y cargos municipales, están también procesados responsables de las entidades mercantiles "indiciariamente utilizadas de forma instrumental por los encausados para la comisión de los delitos". Estas son Matinsreg; AIM Comnsultoría Técnica y de Calidad; Merino y Fernández Consultoría Técnica y AIR studio Arquitectura e Ingeniería. Y también Comidid y Cobo y Sanz, hacia donde presuntamente se desvió parte del dinero presuntamente defraudado al consistorio "en calidad de partícipes a título lucrativo". La investigación judicial y policial no ha podido determinar el destino de todo el montante desviado.

Una reunión y la oposición del Interventor

Los socialistas gobiernan hoy en el Ayuntamiento. El escrito de acusación de los letrados del consistorio discrepa de la Fiscalía y reclama hasta seis años de prisión para el exalcalde, en el caso de que se considerase que cometió una malversación de caudales públicos.

En él se describe la siguiente escena que ahora deberá acreditarse en el juicio: "Se celebró una reunión entre Matinsreg y Fernández de Moya en la que el empresario [González Valero, también procesado] le expuso que dada la tardanza que el Ayuntamiento de Jaén venía teniendo en pagar a sus contratistas y proveedores, -cuestión que era de dominio público-, su intención era la de inflar las facturas para resarcirse de cualquier perjuicio que ello le conllevara, a lo que Fernández de Moya no puso reparo alguno, acordándose así que la mercantil Matinsreg comenzara a prestar los servicios en el mes de agosto pese a que el acusado Fernández de Moya conocía perfectamente la ilegalidad de tal mandato".

Los letrados municipales consideran que Fernández de Moya aprovechó las vacaciones de verano del año 2012 para presuntamente eludir su responsabilidad y que fuera la alcaldesa accidental quien firmase un escrito por el que se concedía a Matinsreg los trabajos de reparación de alumbrado público, semáforos y fuentes.

La Fiscalía, por el contrario, afirma que "no debe confundirse el conocimiento que el investigado pudo tener" con "el concierto previo para enriquecerse ilícitamente mediante la presentación de facturas inveraces por los servicios prestados", señala el Ministerio Público al respecto de Fernández de Moya.

En el escrito de acusación del Ayuntamiento se afirma también que Fernández de Moya levantó "sin motivación o justificación alguna" los reparos de legalidad que había opuesto el Interventor municipal a las facturas, "dando con ello vía libre al pago de sus desproporcionados importes".