La exaltación del franquismo en discursos, artículos o mensajes en redes sociales dejará de salir gratis en Euskadi. El Gobierno de Iñigo Urkullu impulsa una norma que plantea, por primera vez en la historia del País Vasco, la imposición de sanciones económicas a quienes realicen actos de enaltecimiento de la dictadura. Así lo estipula la Ley de Memoria Histórica y Democrática del autonómico, que se coloca en este punto por delante del proyecto impulsado a nivel estatal por el Gobierno de Pedro Sánchez. 

La iniciativa del Gobierno Vasco, que ha sido aprobada oficialmente este jueves en el consejo presidido por el lehendakari, ya está en manos de los partidos con representación en el Parlamento de Vitoria, donde la coalición formada por PNV y PSE ostenta mayoría absoluta. Su objetivo, según consta a lo largo del documento, es la "regulación de las políticas públicas para la Memoria Histórica
y democrática de Euskadi" con el fin de "promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva", de quienes padecieron la persecución franquista.

Entre otras medidas, el Ejecutivo autonómico abre la vía para imponer sanciones económicas a quienes, de una forma u otra, cometan atropellos o vulneraciones contra la memoria de las víctimas de la dictadura. Se asemeja así a la ley de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana aprobada en 2017, que contempla también multas para quienes realicen esos actos de enaltecimiento. También se estipulan sanciones similares en las normativas autonómicas de Aragón y Baleares. 

En el caso de Euskadi, el texto define como "infracción grave" –lo que implica multas de entre 2.000 y 10.000 euros– la utilización de "expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares de la Guerra Civil o la dictadura franquista en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en plataformas digitales, así como cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo, cuando estas categorías de conductas no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio".

También se sancionarán "las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicos y funcionarios y funcionarias de la administración de la comunidad autónoma que enaltezcan o hagan apología del Golpe Militar de 1936 y de la dictadura", así como "la celebración de actos y homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial".

En esa misma línea, el Gobierno Vasco busca sancionar a quienes promuevan "distinciones o reconocimientos de personas, entidades u organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial". 

El abogado Jacinto Lara, experto en asuntos relacionados con la dictadura franquista, señala que la normativa impulsada por el Ejecutivo autonómica se sitúa por delante de la Ley de Memoria Histórica y Democrática del Gobierno central, ya que "establece un tipo infractor que el proyecto de ley de ámbito estatal no contempla". No obstante, destacó que este aspecto podría verse sujeto a lo que diga el Tribunal Constitucional "respecto a la posible vulneración del derecho de libertad de expresión".  

Asimismo, la destrucción de fosas comunes o la "destrucción u ocultación de documentación relevante para la investigación y conocimiento de la verdad" serán considerados actos "muy graves" en Euskadi, lo que acarreará multas que podrían llegar hasta los 150.000 euros. 

Placas, escudos e insignias

El texto enviado al Parlamento autonómico subraya que "se considera contraria a la Memoria Histórica de Euskadi y a la dignidad de las víctimas la exhibición pública de elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial".

En esa línea, el Gobierno Vasco alude concretamente a "placas, escudos, insignias, inscripciones, anagramas y otros elementos sobre edificaciones públicas o situados en la vía pública", así como "alusiones a las personas participantes, instigadores o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista, y las que desmerezcan a la legalidad republicana y a quienes la defendieron".