El dictador Francisco Franco ya está fuera del Valle de los Caídos. Es un paso histórico e importante, aunque también discutido por las formas en las que se ha producido. De cualquier modo, la salida de Franco del Valle supone el inicio del largo camino que España tiene que recorrer para cumplir con su obligación de dar verdad, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura y, en general, a la sociedad democrática. Así, al menos, lo cree la ONU. Hasta la fecha, España no ha dado cumplimiento a muchas de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos dio a España en julio de 2014 tras la visita del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.

La exhumación del dictador del Valle de los Caídos es, de hecho, sólo un paso dentro del objetivo marcado de convertir el espacio en un lugar apto y útil para la democracia española. La salida del dictador supone un avance en esa dirección, pero España aún está lejos del objetivo marcado por la ONU para Cuelgamuros. El Relator, por ejemplo, criticó que el espacio, en su estado actual, no proporciona ninguna información al visitante que explique la "simbología fascista y la exaltación a los vencedores de la Guerra Civil".

También lamentó que no hubiera ninguna información sobre "los miles de presos políticos" que "bajo condiciones inhumanas" trabajaron en su construcción ni sobre "los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas, ni que muchos restos fueron trasladados allí sin consentimiento y/o sin conocimiento de sus familiares". En este contexto, la ONU también pidió a España atender las peticiones de los familiares de las personas allí enterradas que exigen recuperar los restos de los suyos, inhumados sin su consentimiento.

A día de hoy, ninguna de estas peticiones se ha hecho realidad. Solo el paso inicial: sacar a Franco. El Estado español, en estos años, no ha devuelto ni un solo cuerpo a los familiares de los represaliados. Ni siquiera cuando ha habido una sentencia judicial firme que así lo exigía, como fue el caso de los hermanos Lapeña. Otros familiares, como Mercedes Abril, de 86 años, lo único que han recibido ha sido un papel que reconoce su derecho a sacar de allí a su padre. Nada más. 

La remoción de los símbolos franquistas del espacio público y la resignificación del Valle de los Caídos son solo dos de las tareas que la ONU encomendó a España. A continuación, recopilamos las recomendaciones más importantes que el Relator Pablo de Greiff realizó a España y que fueron analizadas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio de 2014. 

Sin acceso a la Justicia y falta de investigaciones

El Relator señaló que es en el ámbito de la justicia donde "se observan mayores déficits en el tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo". Así, instó a España a "privar de efecto" la Ley de Amnistía de 1977 "que impiden el acceso a la justicia" a las víctimas de la dictadura y su investigación. 

En este sentido, también recordó a España que los delitos de lesa humanidad son "imprescriptibles" y que el derecho internacional establece que los plazos de prescripción en los casos de desaparición forzada "deben contar a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida o se encuentran sus restos". 

Por último, señaló que existe en España un excesivo formalismo "en la interpretación del derecho que cohíbe toda reflexión sobre posibles alternativas para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia". Por último, el Relator también denunció que la invocación a la Ley de Amnistía por parte de los tribunales españoles supone una violación del derecho de acceso a la justicia, pero también vulnera el derecho a la verdad. 

A día de hoy, la situación no ha cambiado en nada. Las víctimas del franquismo siguen sin obtener justicia, las querellas son archivadas sistemáticamente y el Constitucional rechaza estudiar los recursos de amparo. Como se ha comentado anteriormente, hay víctimas que han decidido acudir directamente al Comité de Derechos Humanos para denunciar que España les niega su derecho de acceso a la Justicia. 

Colaborar con la Justicia de Argentina en la causa contra el franquismo

De Greiff también informó al Gobierno español de que tenía la obligación de colaborar con la Justicia de Argentina en la causa que investiga los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Las opciones son claras: juzgar o extraditar. Pero España no hace ni una cosa ni la otra. Además. el Estado sigue poniendo obstáculos a la labor de Argentina, como así ha reconocido la propia jueza de Argentina que instruye el caso, María Servini de Cubría.

La Justicia española rechazó las extradiciones de expolicías como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y sigue rechazando investigar las denuncias de torturas interpuestas por decenas de personas. De hecho, la semana pasada tres víctimas de torturas en el tardofranquismo acudieron a la ONU a denunciar que España viola su derecho de acceso a la justicia. 

Además, la Fiscalía General del Estado distribuyó una instrucción de obligado cumplimiento en 2016 en la que se rechazaba cooperar con Argentina al considerar que los crímenes del franquismo competen a la justicia española y no a la argentina y que, además, estos estarían ya "claramente prescritos".

Necesidad de formar a policías, guardias civiles en derechos 

El Relator de la ONU también lamentó que los programas de formación de la Policía y la Guardia Civil no incluyeran el estudio de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Tampoco las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en este período y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas en la comisión de las mismas. 

Crítico con la "privatización" de las exhumaciones 

El informe también criticó que España no tenga una "política estatal" para hacerse cargo de las exhumaciones sino que "delega" la responsabilidad en los familiares y en las organizaciones. "Los familiares de las víctimas y las asociaciones han suplido funciones que corresponden al Estado, sin recibir siempre el apoyo suficiente". En este sentido, De Greiff criticó la "privatización" de las exhumaciones y el hecho de que en numerosas ocasiones las autoridades judiciales no se personen en la fosa y, por tanto, no existan registros oficiales de las exhumaciones. 

Durante la reunión que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mantuvo con colectivos de Memoria Histórica el pasado verano hubo un compromiso por parte del Ejecutivo de incluir la Memoria Histórica en los colegios y las universidades a través de dos posibles vías: una asignatura propia o enmarcar el contenido en alguna de las ya existentes.

Esta última semana El País ha anunciado que el Gobierno abrirá 13 fosas del franquismo y exhumará a sus víctimas antes de final de año. Lo hará, por primera vez, financiando directamente las exhumaciones y no a través de subvenciones a organizaciones memorialistas. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha tachado la medida de “electoralista” por llegar en plena precampaña cuando Sánchez lleva 15 meses en el Gobierno. 

Responsabilidades del Poder Judicial 

El texto de Pablo de Greiff señala que la formación de los jueces y fiscales representa una herramienta clave para garantizar la no repetición de las violaciones y los cambios de actitudes en la institución, pero que, sin embargo, "los programas de formación de jueces en materia de derechos humanos no sólo no hacen mención a las responsabilidades del Poder Judicial durante la Guerra Civil y la dictadura, sino que tampoco incluyen temas específicos de Derechos Humanos". 

"Sorprende que no hagan referencia a las obligaciones del Estado en materia de persecución penal de delitos internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra", añade. 

Mejorar en Educación 

El texto del Relator señala que una mayoría de españoles, los nacidos en dictadura, han sido educados en la idea de que la Guerra Civil fue "un conflicto entre dos Españas" y promovían un discurso que justificaba el golpe de Estado de 1936. También reconocía que las reformas educativas de 1990 y 2006 incluían mejoras en el enfoque sobre la Historia española, pero que algunos manuales incidían en la idea de mantener "una responsabilidad simétrica".

Enrique Javier Díez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León y autor del estudio La memoria histórica en los libros de texto escolares, dice que los manuales escolares ahora abordan el franquismo con "mayor rigor", pero que buena parte de la represión de la dictadura franquista sigue "oculta cuando no tergiversada". 

Sin censos ni datos oficiales

El Relator de la ONU también criticó que no existan censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. También que no se haya investigado lo suficiente temas como "los trabajos forzosos de presos; muertes en bombardeos; niños robados; las consecuencias de la guerra y diferentes formas de represión, incluyendo la violencia contra las mujeres, así como las responsabilidades de las empresas privadas por su participación activa o complicidad en la comisión de violaciones de los derechos humanos". 

En este sentido, el Relator instó a las autoridades a iniciar discusiones serias para el establecimiento de un mecanismo o institución de carácter independiente, pero oficial, cuyo objetivo consista en conseguir un entendimiento exhaustivo de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario que ocurrieron durante la Guerra Civil y el franquismo. De Greiff señaló que este mecanismo podría adoptar el forma de una comisión de la verdad, pero también cualquier otro que sirva al propósito señalado. 

Memoria con enfoque de género

Pablo de Greiff también pidió a España que ampliara "los estudios existentes sobre las violaciones a los derechos de las mujeres", así como instó a las autoridades a "desarrollar medidas de reparación y reconocimiento especial del daño que sufrieron como consecuencia de la Guerra Civil y el franquismo, incluyendo la violencia sexual, agresiones, humillaciones y discriminación en represalia por su afiliación real o supuesta o la de sus familias o parejas". 

Restricciones y dificultades en el acceso a archivos

El Relator de Verdad, Justicia y Reparación de la ONU señaló que "en la práctica", en España, persisten dificultades y restricciones en el acceso de archivos. Criticó disparidad en las prácticas y posibilidades de acceso en función de los archivos o funcionarios al cargo y lamentó que no existan mecanismos para atender las reclamaciones en caso de negación de acceso. 

Por otro lado, el Relator expresó su preocupación por que, invocando a riesgos a la seguridad nacional y la Ley de Secretos Oficiales, documentos históricos y grandes fondos militares y policiales permanezcan clasificados y sin criterios claros que permitan su desclasificación. 

Nulidad de las sentencias franquistas 

Pablo De Greiff también instó a España a buscar mecanismos para "hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas" por los tribunales franquistas que supusieron una "violación de los principios de los principios fundamentales del derecho". Esta petición, a pesar de haber sido aprobada una Proposición No de Ley, no ha sido adoptada por el Congreso. 

Restitución de propiedades

El informe del Relator de la ONU también pidió a España que tomara "medidas para atender los pedidos relacionados con la restitución de las propiedades y documentos incautados a particulares" durante la Guerra Civil y la dictadura, así como que realizara mayores esfuerzos para establecer medidas de reparación no materiales y simbólicas. 

Eliminar las calles que honran a franquistas

Esta era una de las medidas estrella de la Ley de Memoria Histórica y, ciertamente, la norma ha servido para un avance significativo en este asunto. Sin embargo, según publicaba El Periódico este jueves, en los callejeros de nuestras ciudades  aún quedan más de mil direcciones con nomenclatura fascista. Justicia pidió a los consistorios su retirada en febrero, pero con el fin de la legislatura no ha habido mayor seguimiento.