La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha decidido por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación de Franco, que debía llevarse a cabo el próximo día 10 de junio. El tribunal alega que debe evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -la familia Franco y otros tres colectivos- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, "los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan". Una decisión ante la que los diferentes líderes políticos han tomado posiciones.

Desde Podemos, Pablo Iglesias culpa al Tribunal Supremo (TS) de apoyar el obstruccionismo de la familia de Franco al suspender cautelarmente la exhumación de los restos del dictador, y recalca que Francisco Franco hace muchos años que debió perder el mausoleo de Estado del Valle de los Caídos.

En un mensaje en su perfil de Twitter, Iglesias lamenta que el TS haya primado la postura de la familia Franco por encima de "los derechos de las víctimas del franquismo y del mandato del Congreso de los Diputados" y añade que el hecho de que "la sección cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo considere a Franco 'Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936' es una auténtica barbaridad".

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, considera que la decisión del Tribunal Supremo de suspender la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco pone de manifiesto "el papel lamentable" de la Justicia, pero también "la chapuza legislativa" del Gobierno socialista a la hora de intentar sacar al dictador del Valle de los Caídos.

En un comentario publicado en su cuenta de Twitter, Garzón lamenta que el Supremo haya paralizado "la exhumación de la momia de Franco" y critica "el papel lamentable de la 'justicia democrática' de España, incomprensible desde parámetros europeos". El líder IU reprocha, además, "la chapuza legislativa del PSOE", que acometió la exhumación de los restos mortales de Franco mediante un decreto ley urgente aprobado en agosto de 2018 que, casi un año después, sigue sin ejecutarse.

También el secretario general del PCE y diputado de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial de parar "la salida de los restos del dictador Franco de su ignominioso mausoleo". "La justicia española necesita una reforma profunda", sostiene.

Tras conocer la decisión del Supremo, desde el Gobierno han querido restar importancia a la posición del Alto Tribunal porque, en su opinión, "la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto". Desde Moncloa han asegurado que lo único que implica esta suspensión es que el Gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto y, por tanto, que ésta no pueda realizarse en la fecha prevista.

Desde la oposición, el PP ha criticado este martes al Gobierno socialista por su "nueva equivocación política y jurídica" al pretender exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos "saltándose la ley", después de que el Tribunal Supremo haya acordado suspenderla cautelarmente.

"El Tribunal Supremo de nuevo ha tenido que decirle al Gobierno que las cosas no se pueden hacer saltándose la ley. Nosotros, además, le decimos que no debe hacerse lo que el Gobierno está obsesionado con hacer", han asegurado fuentes del PP. Las mismas fuentes han lamentado además que ese plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez sirva para "mantener reabiertas las heridas de la Guerra Civil Española, 80 años después de que ésta terminara".

El PP ha recordado que, tal y como figura en su programa electoral, presentará una ley de Concordia que derogará la Ley de Memoria Histórica para que incluya "a todas las víctimas" y que haga del recuerdo de los hechos históricos "un alegato en favor de la libertad y la paz".

Las víctimas critican la decisión

Por su parte, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lamentan que el TS haya puesto la reclamación de la familia del dictador por encima del derecho de las víctimas de la dictadura a no pagar con fondos públicos la tumba del dictador y a que no esté enterrado en un monumento que es propiedad del Estado en un lugar privilegiado del Patrimonio Nacional.

Consideran que "esta decisión es totalmente coherente con la actitud del Poder Judicial español hacia las violaciones de derechos humanos del dictador puesto que nunca ha investigado judicial ni penalmente ninguno de sus crímenes ni ha tratado de determinar si la fortuna de sus descendientes es legítima y si forma parte de una apropiación indebida de bienes obtenidos por el abuso de poder de la dictadura, mediante el uso del terror y por la corrupción política que fue uno de los pilares centrales de la misma".

Desde la ARMH aseguran estudiar la posibilidad "de llevar a cabo una exigencia judicial para que el Estado deje de obligar a las víctimas de la dictadura a pagar con sus impuestos la tumba del dictador o a financiar algunos monumentos que todavía enaltecen la victoria de Franco".